Ciudad de México.— El patrimonio inmobiliario acumulado durante los años de alta gestión tecnócrata sufrió un golpe definitivo. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ratificó este viernes la resolución mediante la cual se aplica la extinción de dominio sobre la lujosa residencia de Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), ubicada en la exclusiva zona de Lomas de Bezares, en la alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México. Con esta determinación del máximo tribunal, el inmueble, tasado en más de 51 millones de pesos, pasa formalmente e irrevocablemente a ser propiedad del Estado mexicano.
La batalla legal en torno a la propiedad llegó a su punto final luego de que la SCJN desechara el recurso con el que la defensa legal del exfuncionario buscaba revertir el fallo emitido previamente por un Tribunal Colegiado. Los magistrados federales acreditaron con suficiencia jurídica que la mansión fue adquirida por Lozoya en 2012 utilizando recursos de procedencia ilícita, estrechamente ligados a la trama de corrupción y a la tristemente célebre compraventa a sobrecosto de la planta de fertilizantes chatarra AgroNitrogenados, un escándalo que marcó el inicio de las indagatorias contra la cúpula de Pemex durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.
Durante el proceso, los argumentos presentados por los representantes legales del exdirector de Pemex —quienes intentaron desvincular el origen de los fondos alegando la participación de terceros en la transacción— fueron desechados al considerarse extemporáneos y carentes de sustento probatorio sobre la trazabilidad del dinero. Con el cierre de esta vía de impugnación, la justicia federal cerró por completo el margen de maniobra legal para el exfuncionario.
La pérdida definitiva de la residencia en Lomas de Bezares representa un precedente relevante dentro de los esfuerzos institucionales por aplicar la figura de extinción de dominio en casos de corrupción de alto nivel en el país. Este instrumento legal, diseñado para despojar a los imputados de los bienes obtenidos mediante actividades ilícitas sin necesidad de agotar todas las etapas de un juicio penal tradicional, permite al erario federal incorporar activos de alto valor monetario al patrimonio nacional.
Mientras los expedientes derivados de los millonarios casos de corrupción asociados a Odebrecht y al sector energético nacional continúan su marcha en los tribunales, la resolución judicial de este viernes marca un punto de inflexión simbólico y material en la restitución de recursos públicos desviados hacia el enriquecimiento patrimonial de exfuncionarios.
