NUEVA ORLEANS, EE.UU.— Un sargento primero del Ejército de Estados Unidos intenta frenar la deportación de su esposa hondureña, detenida por agentes de inmigración dentro de una base militar en Luisiana, apenas días después de su boda.
El sargento primero Matthew Blank, de 23 años, llevó a su esposa Annie Ramos, de 22 años, el jueves pasado a Fort Polk con la intención de iniciar los trámites para que ella accediera a prestaciones militares y comenzara el proceso de residencia permanente. La pareja contrajo matrimonio en marzo.
Sin embargo, agentes federales de inmigración detuvieron a Ramos como parte de la política de deportaciones masivas impulsada por el gobierno del presidente Donald Trump. La joven permanece recluida en un centro federal de detención migratoria.
Blank relató a The Associated Press que nunca imaginó que intentar regularizar la situación de su esposa terminaría con su detención. “Lo que se suponía que sería la semana más feliz de nuestras vidas se ha convertido en una de las más difíciles”, dijo.
Ramos ingresó a Estados Unidos en 2005, cuando tenía menos de dos años. Ese mismo año, su familia no acudió a una audiencia migratoria, lo que derivó en una orden final de expulsión emitida por un juez, según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
El DHS defendió la acción y señaló en un comunicado que “ella no tiene estatus legal para estar en este país” y que “este gobierno no va a ignorar el Estado de derecho”.
En 2020, Ramos solicitó su inscripción en el programa DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia), pero su trámite ha quedado estancado en medio de litigios judiciales sobre el futuro del programa.
El año pasado, el DHS eliminó una política anterior que consideraba el servicio militar de un familiar como un “factor atenuante significativo” al decidir acciones de control migratorio. La nueva directriz establece que el servicio militar por sí solo no exime a los extranjeros de las consecuencias por violar las leyes de inmigración.
Expertos en derecho migratorio militar, como Margaret Stock, criticaron el cambio de enfoque. Stock indicó que casos como el de Ramos se resolvían con relativa facilidad en el pasado mediante permisos de permanencia o acción diferida, pero ahora las autoridades parecen aprovechar cualquier oportunidad para detener a familiares de militares.
“No tiene ningún sentido: ¿los van a arrestar por cumplir la ley? Eso es estúpido”, afirmó Stock. “Es malo para la moral, altera la preparación de los soldados”.
Defensores de familias militares han advertido que estas detenciones pueden desmoralizar a las tropas y perjudicar el reclutamiento en tiempos de guerra. En septiembre, más de 60 miembros del Congreso enviaron una carta al DHS y al Pentágono alertando sobre el impacto negativo de estos arrestos en la seguridad nacional.
Lydiah Owiti-Otienoh, directora del Foreign-Born Military Spouse Network, señaló que el endurecimiento migratorio está trastocando la vida de numerosas familias de militares. “Simplemente envía un mensaje realmente malo: no nos importas tú, ni tus cónyuges, ni nada de lo que estás haciendo”, dijo.
La madre del sargento Blank, Jen Rickling, expresó su apoyo a la joven, quien es maestra de escuela dominical y estudiante de bioquímica. “La adoramos”, afirmó. “Creo en este país. Y creo que podemos hacerlo mejor que esto”.
Blank aseguró que no dejará de luchar hasta que su esposa regrese a su lado. “Quiero a mi esposa en casa”, declaró. “Y no dejaré de luchar hasta que vuelva a donde pertenece, a mi lado”.
La detención de Ramos fue dada a conocer inicialmente por The New York Times. El Pentágono declinó hacer comentarios sobre el caso.
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