Sainete de Morena en el congreso
La política en el Congreso de Chihuahua ha descendido a un nivel de sainete tras la ruptura de la diputada Rosana Díaz Reyes con su propia bancada. Lo que comenzó como una ausencia de diez minutos durante la votación del Presupuesto 2026 —justificada por la legisladora como una simple necesidad fisiológica— ha terminado por desnudar las profundas grietas de un movimiento que presume unidad monolítica. Esta escapada técnica no fue vista como un descuido, sino como una pieza clave que facilitó al PAN la aprobación de un crédito millonario, desatando una cacería de brujas interna que pone en duda la disciplina de la autodenominada Cuarta Transformación en el estado.
El garrote de Cuauhtémoc
El papel de Cuauhtémoc Estrada Sotelo, coordinador de la bancada de Morena, ha sido el de un verdugo institucional que, bajo la bandera de la lealtad partidista, ha empujado a Rosana Díaz Reyes hacia la puerta de salida. Al ser señalado por la diputada en una denuncia formal por violencia política en razón de género, Estrada no se cree la necesidad fisiológica, ni nadie, sobre todo por el testimonio de la también diputada juarense María Antonieta Pérez, sin embargo, queda exhibido como un líder que no concilia, y si como un operador que utiliza el aislamiento para castigar la disidencia. Esta estrategia de presión, lejos de compactar al grupo, ha generado un precedente peligroso donde el desacuerdo se paga con el exilio interno y el hostigamiento público.
El oportunismo de Lilia Aguilar
Por otro lado, el oportunismo político no ha tardado en aparecer ante el olor de la sangre. Figuras como Lilia Aguilar Gil, desde el PT, y Octavio Borunda, en el PVEM, han extendido la mano a Rosana Díaz Reyes con un pragmatismo casi cínico. Para estos dirigentes, la crisis de Morena es una mina de oro para aumentar su peso legislativo, demostrando que en la política chihuahuense las convicciones son elásticas cuando se trata de sumar una curul. La invitación de Aguilar Gil no es un acto de solidaridad de género o ideológica, sino una maniobra de supervivencia para un partido satélite que busca alimentarse de los desechos de su hermano mayor.
Un pleito de vecindad en la tribuna
Finalmente, el espectáculo de Rosana Díaz Reyes pidiendo cambiar su asiento en el Pleno para no respirar el mismo aire que sus compañeros de bancada es la imagen perfecta de una izquierda local extraviada. Mientras la legisladora se dice víctima de un marido golpeador político, su suplente la acusa de venderse a la oposición, dejando al electorado en medio de un conflicto de vecindad que poco tiene que ver con el bienestar de Chihuahua. Esta crisis no es más que el síntoma de un partido que, al no saber procesar sus diferencias internas con madurez, termina por canibalizarse frente a una oposición que celebra cada minuto de este bochornoso quiebre.
El árbitro que perdió el silbato
La gestión de Brighite Granados de la Rosa al frente de Morena en Chihuahua ha transitado de la institucionalidad al activismo de facción, invalidando su rol de árbitro neutral de cara al 2027. La función principal de una dirigencia partidista es garantizar condiciones de equidad y cohesión; sin embargo, Granados ha optado por un pragmatismo de grupo que prioriza la promoción de una figura específica. Este sesgo no solo erosiona la confianza de la militancia, sino que fragmenta la estructura interna al enviar un mensaje de exclusión hacia cualquier perfil que no forme parte de su círculo de alianzas inmediatas.
Favoritismo hacia Andrea Chávez
El respaldo sistemático hacia la senadora Andrea Chávez ha dejado de ser una coincidencia política para convertirse en una línea de acción deliberada. Al utilizar su plataforma oficial para amplificar únicamente la imagen de Chávez y participar activamente en actos de «destape» o promoción personalizada, Granados ha roto la estética de imparcialidad exigida por los estatutos. Esta inclinación no es un gesto menor: representa el uso del aparato institucional para inclinar la balanza de manera prematura, lo que en términos de competencia democrática interna se traduce en un «piso disparejo» que deslegitima el proceso de selección de candidaturas.
El desdén por la pluralidad
La estrategia de la dirigencia estatal se ha caracterizado por una narrativa de omisión y descalificación hacia otros liderazgos con peso electoral propio. Mientras se arropa la figura de Chávez, se mantienen distancias calculadas con actores como Cruz Pérez Cuéllar y se cuestiona activamente la elegibilidad de figuras nacionales como Ariadna Montiel. Esta conducta transforma a la presidencia del partido en una aduana política en lugar de un puente de unidad. Al actuar más como coordinadora de campaña que como autoridad partidista, Granados invalida su capacidad de arbitraje para resolver los conflictos que inevitablemente surgirán en la definición de la gubernatura.
Crisis de legitimidad y el riesgo de la ruptura
Las críticas encabezadas por el diputado Cuauhtémoc Estrada y otros legisladores locales a Brighite Granados no son ataques aislados, sino el síntoma de una crisis de legitimidad profunda. Un árbitro que es percibido como jugador pierde la autoridad moral para llamar a la unidad cuando los resultados no favorecen a su bando. Si la dirigencia estatal persiste en este sesgo, Morena Chihuahua corre el riesgo de llegar al 2027 con una estructura fracturada y una militancia agraviada por la imposición simbólica. La validez de Granados como dirigente hoy pende de un hilo: o recupera la neutralidad institucional o termina por aceptar que su oficina se ha convertido en una casa de campaña alterna.
La candidatura del agravio
La aspiración de Julián LeBarón a la gubernatura de Chihuahua representa la irrupción del dolor personal en la política institucional, transformando la tragedia de Bavispe en una plataforma de confrontación directa. Al buscar la vía independiente, LeBarón no solo rechaza a los partidos tradicionales, sino que personifica una «candidatura del agravio» que resuena con un sector de la ciudadanía harto de la inseguridad crónica. Su figura desafía la narrativa política convencional al posicionar la justicia como el único eje rector, aunque su principal reto será demostrar que puede transitar de la denuncia del activismo a la gestión de un estado con estructuras de poder profundamente arraigadas.
Corral de la omisión a la complicidad
El núcleo del discurso de LeBarón no se limita a una crítica técnica sobre la seguridad, sino que lanza un dardo incendiario contra Javier Corral Jurado, acusándolo de complicidad directa. Para el activista, el exgobernador no solo fue ineficaz, sino un actor facilitador que permitió la huida de los perpetradores de la masacre de 2019. Al señalar el uso de recursos estatales —como el rastreo GPS y helicópteros— para proteger la retirada criminal en lugar de asegurar capturas, LeBarón sitúa a Corral en un escenario de traición institucional. Esta acusación eleva la temperatura política, convirtiendo la contienda en un juicio público sobre la gestión del pasado inmediato.
La ruptura con el sistema de partidos
Al calificar a la administración de Corral como un gobierno de «lesa humanidad», LeBarón dinamita cualquier puente con la clase política que gobernó el estado recientemente. Esta postura lo aísla de las alianzas tradicionales, pero lo fortalece ante una base social que percibe a los partidos como cómplices del crimen organizado. Su señalamiento puntual de que el gobierno estatal «entregó el noroeste» al cártel de La Línea no solo busca justicia penal, sino la invalidación moral del sistema de partidos actual. Sin embargo, esta frontalidad es un arma de doble filo: le otorga una autenticidad indiscutible, pero le cierra las puertas a la gobernabilidad necesaria en un sistema diseñado para la negociación.
El riesgo de la judicialización electoral
La insistencia de LeBarón en que «Corral debe estar en la cárcel» traslada la disputa electoral de las urnas a los tribunales. Este enfoque garantiza que el tema de la impunidad sea el centro del debate en 2027, obligando a figuras como Andrea Chávez o los aspirantes del bloque oficialista a tomar una postura incómoda sobre el legado del exgobernador, hoy aliado de la Cuarta Transformación. La viabilidad de LeBarón dependerá de su capacidad para convencer al electorado de que su sed de justicia no es una venganza personal, sino un proyecto de rescate estatal frente a una clase política que, a sus ojos, ha perdido toda autoridad moral.
El «Caballo de Troya» en Morena
Para LeBarón, la incorporación de Corral a las filas de Morena (como senador y asesor) es la prueba máxima de que el partido en el poder no busca justicia, sino protección política. Esto debilita el discurso de «honestidad» de candidatos como Andrea Chávez, a quienes Julián puede acusar de ser cómplices por asociación. Su estrategia consiste en recordar constantemente que quienes hoy piden el voto en Chihuahua, caminan de la mano de quien él señala como cómplice de la masacre de su familia.
