Ciudad de México.- Un informe de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) documenta el presunto robo de 100 armas de fuego y dos camionetas en diciembre de 2019, en las instalaciones de Servicios Terrestres de Seguridad Privada S.A. de C.V. (Seter), una empresa clave en la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) contra el empresario Raúl Rocha Cantú por tráfico de armas, huachicol y delincuencia organizada.
El incidente ocurrió el 25 de diciembre en la sede de Seter, ubicada en calle Norte, colonia Sindicato de Electricistas, alcaldía Azcapotzalco. Según el reporte GAO I/4492 de Sedena, un grupo armado ingresó al edificio cuando un custodio regresaba con alimentos. Amagaron al personal y vaciaron el armero, sustrayendo escopetas, ametralladoras y pistolas, además de dos Ford Ranger (una negra con placas NCW-2732 y otra blanca con NCV-4780). Los ladrones huyeron por avenida Xochimilco hacia Nezahualcóyotl, Estado de México.
El expediente de la FGR, causa penal 495/2025, vincula a Seter con Jorge Enrique Alberts Ponce, alias «Yoryi» o «Licenciado», quien administraba esta y otras cuatro firmas de seguridad privada –como Segurimex, Servicios Especializados de Investigación y Custodia, Valbon y Dinámica Seguridad– para facturar servicios de custodia y remarcar armas con registros falsos de Sedena. Estas se distribuían al Cártel del Golfo en Tamaulipas (incluyendo a operadores como «El Cape», «El M» y «El Loco») y al Grupo Sombra en Veracruz. Alberts Ponce, eximplicado en la «Estafa Maestra» y el desfalco a Segalmex, enfrenta orden de aprehensión por lavado y logística criminal.
Los detalles emergen de 64 correos filtrados por el grupo Guacamaya, analizados por LatinUS. El representante legal de Seter y el teniente coronel retirado Bernardo Rafael Sánchez Hernández confirmaron el robo, pero la FGR lo califica de «falta de precaución» del personal, sugiriendo conocimiento previo de los asaltantes sobre la ubicación del armero. Se reportó a la Policía capitalina, pero no se detalla notificación al Ministerio Público federal, pese a ser delito grave.
A seis años del suceso, no hay avances públicos: ni detenciones ni rastreo de las armas, que podrían haber alimentado homicidios en zonas de alto riesgo. Esto coincide con la red de Rocha Cantú, imputado por inyectar capital en importaciones de armas desde Guatemala, ocultas en pacas de ropa y fayuca que llegaban a la Plaza Pino Suárez, cerca del Palacio Nacional. El empresario, copropietario de Miss Universo, se acogió el 19 de noviembre como testigo colaborador tras una orden de aprehensión del 15 de noviembre, ofreciendo datos sobre sobornos a funcionarios de la FEMDO –como «La Fiscal», ya detenida– a cambio de protección.
La FGR abrió la indagatoria el 29 de noviembre de 2024 por denuncia anónima, derivando en 13 órdenes de captura, de las que solo una se ejecutó. Guatemala revocó a Rocha como cónsul honorario en México por el escándalo. Expertos en seguridad consultados por LatinUS advierten que estos «robos simulados» son tácticas comunes para «legalizar» armamento ilegal, exacerbando la violencia con 30 mil homicidios anuales en México. La falta de seguimiento a este caso ilustra fallas sistémicas en el control federal de armas, con Sedena y FGR bajo escrutinio por filtraciones que costaron el puesto al fiscal Alejandro Gertz Manero.
Rocha Cantú niega vínculos, pero el expediente revela pagos millonarios por información judicial. Pendiente de ratificación en juicio oral, su colaboración podría destapar más nexos con el crimen organizado, incluyendo al CJNG y La Unión Tepito.
