Politización excesiva en la CEDH
La falta de acuerdos para elegir a la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos(CEDH) de Chihuahua revela, una vez más, cómo los partidos políticos han convertido en botín partidista una institución que por ley debe ser autónoma e independiente. En lugar de priorizar perfiles con trayectoria sólida en derechos humanos, las fracciones parlamentarias negocian cuotas de poder y lealtades políticas, reduciendo la designación a un trueque de votos que desprestigia el propio proceso. Esta instrumentalización no es nueva, pero en 2026 resulta especialmente grave porque la terna ya está definida desde enero y, pese a ello, el Congreso sigue sin convocar el período extraordinario necesario.
Parálisis institucional
Mientras los coordinadores de bancada (PAN, Morena, PRI) se acusan mutuamente de intransigencia, la CEDH permanece acéfala en un estado donde la violencia, las desapariciones y las violaciones sistemáticas a derechos humanos siguen siendo cotidianas. La ausencia de una titular con mandato pleno limita la capacidad del organismo para emitir recomendaciones vinculantes, monitorear autoridades y defender a víctimas ante fiscalías y gobiernos. Esta parálisis no es neutral: beneficia directamente a los poderes que prefieren una Comisión débil y controlable antes que una institución incómoda.
La simulación de “consenso”
El discurso oficial de “buscar acuerdos” y “agotar el diálogo” se ha vuelto una cortina de humo para justificar la dilación. Desde febrero de 2026, el presidente del Congreso reconoce que “no hay condiciones” para sesionar, mientras el coordinador del PAN advierte que, de no haber consenso, la Jucopo nombrará un encargado. Esta estrategia dilatoria no busca el mejor perfil, sino desgastar a las candidatas y mantener el control político sobre la institución. Es la clásica táctica mexicana de simular pluralismo mientras se ejerce el veto de facto.
El riesgo de perpetúa la subordinación
La posibilidad de que la Junta de Coordinación Política nombre un encargado temporal no resuelve el problema, lo agrava. Un interino carece de la legitimidad y autonomía necesarias para confrontar al propio gobierno estatal o federal cuando sea preciso. En Chihuahua, donde la CEDH ha tenido que enfrentar denuncias contra corporaciones policiales y autoridades locales, un encargado nombrado por los mismos legisladores que no logran consensuar será percibido —con razón— como un títere. Así se consolida la captura partidista de un órgano que debería fiscalizar al poder.
La urgente una reforma estructural
Este impasse no es un accidente, es el síntoma de un diseño institucional deficiente que permite a las mayorías legislativas bloquear designaciones por mero cálculo electoral. Sin reglas claras de mayoría calificada automática, plazos improrrogables y sanciones a la inacción parlamentaria, la CEDH —y cualquier organismo autónomo— quedará siempre a merced de las coyunturas políticas. La falta de acuerdo a febrero no solo expone la mediocridad de la clase política chihuahuense, sino que exige una reforma constitucional que saque estas designaciones del regateo partidista y las ponga verdaderamente al servicio de la ciudadanía.
Personalización del conflicto
En un giro previsible de la disputa entre alcalde, el presidente municipal de Chihuahua, Marco Antonio Bonilla Mendoza, eludió confrontar de fondo las objeciones de Cruz Pérez Cuéllar al esquema de arrendamiento de patrullas y optó por un contraataque directo: recordar a su homólogo que “tiene mucho que aclarar” ante la ciudadanía juarense. En verdad se requiere de una caradura como la de Pérez Cuéllar para ver la paja en el ojo ajeno. Ciertamente Bonilla debería aclarar dudas sobre el arrendamiento, pero el juarense no tiene la estatura moral para solicitarlo.
Bonilla “explica”
Marco Antonio Bonilla invocó el argumento del consenso federal y estatal (“todos los estados del país utilizan este mecanismo”) para blindar su decisión, pero omitió explicar por qué, si es tan virtuoso, genera legítimas dudas sobre costos a largo plazo y efectividad operativa. Al escudarse en la autoridad de “el gobierno federal”, el edil capitalino practica el viejo recurso de la responsabilidad difusa: si todos lo hacen, nadie es responsable. Es una defensa cómoda que evade el núcleo del reclamo legítimo, pero no por venir de Pérez Cuéllar, al contrario es fácil para el chihuahuense descalificar la crítica por venir precisamente de Cruz.
El uso de la hemeroteca
Con astucia marco Bonilla sacó a relucir una nota anterior donde el propio Pérez Cuéllar admitía la viabilidad del arrendamiento en Juárez. El golpe es certero y desnuda la inconsistencia del morenista, pero también deja en evidencia que ambos actores han cambiado de narrativa según el cargo que ocupan y el momento político. En la arena chihuahuense, las posturas técnicas duran lo que dura la oposición; cuando se gobierna, se justifican las mismas prácticas que antes se cuestionaban.
Comparaciones tramposas
Al insistir en que “no puedes comparar una unidad de un millón de pesos” con las patrullas juarenses, Bonilla introdujo variables de mantenimiento y origen que no cuantificó en su propio caso. La ciudadanía queda así ante dos relatos opuestos pero igualmente opacos: Juárez no detalla costos de mantenimiento; Chihuahua tampoco ofrece el desglose completo del arrendamiento. El debate se reduce a “mis patrullas son mejores que las tuyas” cuando lo que exige la opinión pública es una sola cosa: transparencia total en el uso de recursos.
Preludio electoral
Al rematar con la frase “ya está politizando” y el pronóstico de que Pérez “la tiene difícil en Morena”, Bonilla confirmó lo que ambos negaban: el tema de las patrullas ya es moneda de cambio electoral. Faltan meses para la contienda y los alcaldes ya miden fuerzas, anticipan candidaturas y marcan territorio. En Chihuahua, como en el resto del país, los problemas de seguridad se convierten en armas arrojadizas mucho antes de que los ciudadanos vean resultados concretos en las calles. El verdadero perdedor, una vez más, es el debate serio sobre políticas públicas.
Violencia política contra Andrea
La agresión perpetrada en redes sociales por Luis Terrazas Fraga, subdirector administrativo de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Chihuahua, contra la senadora Andrea Chávez constituye un acto explícito de violencia política de género que desnuda la podredumbre machista enquistada en las estructuras del poder local. Al lanzar comentarios misóginos y ofensivos contra el anuncio del embarazo de la legisladora morenista, este funcionario no solo atentó contra la dignidad de una mujer en estado de gestación, sino que ejerció una forma de acoso digital que busca deslegitimar políticamente a una de las voces más incómodas para el estado. Este tipo de agresiones no son “errores aislados” ni simples “opiniones personales”: son herramientas sistemáticas de control patriarcal que pretenden disuadir a las mujeres de ocupar espacios de poder.
Tibieza institucional
Lo más grave radica en el cargo que ostenta el agresor: un alto mando de la institución encargada de garantizar la seguridad de las mujeres en una entidad donde los feminicidios y la violencia machista siguen siendo pandemia cotidiana. La respuesta del alcalde Marco Bonilla, un tibio llamado a la “prudencia” y la apertura de una mera investigación interna por el Órgano Interno de Control, es insuficiente: se predica respeto a las mujeres mientras se protege a quien las violenta desde el corazón mismo del aparato de seguridad. Andrea Chávez lo señaló con precisión quirúrgica: ¿en manos de quién está la protección de las chihuahuenses cuando un subdirector de policía agrede públicamente a una mujer embarazada y el alcalde solo ofrece paños tibios?
