Ciudad de México.- El capitán de navío Abraham Jeremías Pérez Ramírez, titular de la Unidad de Protección Portuaria de Altamira, Tamaulipas, fue hallado sin vida el lunes 8 de septiembre en su oficina en el municipio de Altamira. Según reportes, Pérez Ramírez se habría suicidado, aunque las circunstancias exactas de su muerte no han sido detalladas en las fuentes disponibles. Este evento ocurrió poco después de que fuera señalado como uno de los implicados en una red de huachicol fiscal, en la que se le acusaba de recibir sobornos por un monto de 100 mil pesos, según el testimonio de un exdirector de la aduana de Tampico, identificado como testigo colaborador de la Fiscalía General de la República (FGR) bajo el nombre clave «Santo».
La red de huachicol fiscal
Pérez Ramírez fue mencionado en una investigación relacionada con una red de contrabando de combustible que operaba en el puerto de Tampico, liderada presuntamente por el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna y su hermano, el contralmirante Fernando Farías, sobrinos políticos del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda Durán. Esta red fue descubierta tras el decomiso histórico de 10 millones de litros de diésel en marzo de 2025 en Tampico, considerado uno de los mayores aseguramientos de combustible ilícito en la región. La operación involucró a la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), y la FGR, y resultó en la detención de 14 personas, incluyendo empresarios, marinos en activo, un marino retirado y funcionarios de aduanas.
El exdirector de la aduana de Tampico, ahora testigo protegido, reveló que la red operaba mediante el corrompimiento de personal naval y aduanero, utilizando documentación falsificada para facilitar el trasiego de hidrocarburos. Según su testimonio, cada buque implicado en el contrabando pagaba una «cuota» de 1.7 millones de pesos en sobornos, de los cuales Pérez Ramírez habría recibido una parte. A pesar de ser señalado, no existía una orden de aprehensión en su contra al momento de su muerte.
Investigación en curso
La investigación, iniciada hace dos años tras una denuncia del propio exsecretario de Marina, Rafael Ojeda, ha destapado una estructura criminal que involucra a empresarios, agentes aduanales y servidores públicos. Además de las detenciones, se han asegurado cuentas bancarias, propiedades y vehículos, y se han bloqueado 20 personas físicas y morales vinculadas a la red. Las autoridades, encabezadas por el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, y el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, han indicado que las pesquisas continúan y que se esperan más detenciones, ya que algunos implicados, como el contralmirante Fernando Farías, permanecen prófugos.
Eventos relacionados
El caso también está vinculado a los asesinatos del contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar y Magaly Janet Nava Ramos, ocurridos en noviembre y octubre de 2024, respectivamente. Guerrero Alcántar, exdirector general de Recaudación de Aduanas, había denunciado en una carta dirigida a Rafael Ojeda las operaciones ilícitas de los hermanos Farías, lo que pudo haber motivado su ejecución en Manzanillo, Colima. La FGR relaciona estos crímenes con la red de huachicol fiscal, sugiriendo la posible participación de personal de la Semar o allegados en los homicidios.
La muerte de Pérez Ramírez, catalogada como suicidio, añade un capítulo más a este escándalo que ha sacudido a la Secretaría de Marina y a otras instituciones mexicanas. La Semar ha reiterado su política de «cero tolerancia» a la corrupción, mientras que el gobierno federal, bajo la administración de Claudia Sheinbaum, ha enfatizado su compromiso con el combate a la impunidad y la corrupción. Sin embargo, la magnitud de la red y la implicación de altos mandos navales y funcionarios públicos han generado cuestionamientos sobre la profundidad de la corrupción en las instituciones encargadas de la seguridad y la administración portuaria.
