Nepotismo evidente
El nombramiento de Ignacio Carmona Campirano como secretario privado del alcalde Cruz Pérez Cuéllar no es un caso aislado ni una decisión técnica: es el esposo de la hermana del presidente municipal, llevaba en el cargo desde octubre de 2021 y percibía un sueldo bruto mensual que supera los 97 mil pesos, incluyendo bonos de despensa y apoyo para vehículo. La Ley General de Responsabilidades Administrativas es clara en su artículo 63 bis: contratar, designar o mantener en el servicio a parientes por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado constituye nepotismo y se considera falta administrativa grave, sancionable con destitución, inhabilitación y resarcimiento del daño. No hay interpretación posible ni resquicio legal; la relación familiar es pública y el cargo sigue vigente cuatro años después. Lo que duele no es solo la violación de la norma, sino la descarada normalización de usar el presupuesto público como extensión del patrimonio familiar.
Contraloría priista investiga
La denuncia fue admitida por la Dirección de Investigación de la Contraloría Municipal bajo el expediente DI-390/25, dirigida por Jorge Gutiérrez Casas, un militante del PRI que llegó al puesto gracias al mismo alcalde que hoy investiga. Esta contradicción convierte el proceso en un ejercicio de credibilidad dudosa: el contralor debe fiscalizar a quien lo nombró y, al mismo tiempo, recibe una denuncia del PAN, partido que en Juárez mantiene una guerra abierta contra el gobierno independiente de Pérez Cuéllar. Aunque la ley obliga a investigar, el contexto político contamina la expectativa de imparcialidad. Ciudadanos y observadores saben que en México las contralorías internas rara vez sancionan a los titulares que las designaron; suelen convertirse en herramientas de negociación o de venganza entre facciones. El riesgo es que el expediente termine archivado.
Pérez Cuéllar se burla
La respuesta de Cruz Pérez Cuéllar ante los micrófonos fue reveladora: “Que le sigan denunciando, me están ayudando mucho para la reelección”. Con esa frase no solo admitió conocer la denuncia, sino que la transformó en campaña electoral anticipada, presentándose como víctima de ataques políticos. Es la misma estrategia que han usado decenas de funcionarios señalados por corrupción: minimizar, ironizar y victimizarse. Pero la burla tiene un costo alto para la ciudadanía de Juárez, que ve cómo su alcalde trata un señalamiento grave de malversación de recursos como un simple juego de ajedrez político. Esa actitud de desafío no solo insulta la inteligencia de los juarenses, sino que refuerza la percepción de que quienes llegan al poder se sienten intocables y que las leyes anti-nepotismo son papel mojado cuando conviene.
Círculo vicioso
Este caso es un espejo cruel del sistema político mexicano: el PAN denuncia hoy lo que solapó o practicó cuando gobernó; el PRI controla la Contraloría y decide si castiga o protege según le convenga al pacto del momento; Morena guarda silencio porque sabe que mañana le tocará defender a sus propios parientes en cargos públicos. Mientras tanto, la Fiscalía Anticorrupción y la Auditoría Superior del Estado reciben copias de la denuncia y, con toda probabilidad, la archivan o la procesan con la lentitud habitual que garantiza la impunidad. Los juarenses seguimos pagando sueldos de lujo a familiares de funcionarios, mientras faltan recursos para seguridad, pavimentación y servicios básicos. El nepotismo no es solo una falta administrativa; es el síntoma de un pacto tácito entre partidos que se turnan el poder y los privilegios. Nada cambiará mientras los ciudadanos sigamos votando por los mismos apellidos, los mismos colores y las mismas promesas vacías.
Identificación del Bloque Negro
El Bloque Negro, un grupo anarquista conocido por su vestimenta completamente negra y uso de cubrebocas para ocultar identidades, ha emergido como actor clave en las protestas urbanas de la Ciudad de México. Surgido en la década de 1980 en Europa como táctica de acción directa contra el capitalismo, en México se asocia con colectivos radicales que operan desde 2014, según informes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Estos grupos, que incluyen al Comité Libertario Preparatoria 3, Okupache e Instinto Salvaje, participan en marchas feministas, por Ayotzinapa y contra la gentrificación, pero suelen escalar la violencia al final de las manifestaciones, con pintas, incendios y enfrentamientos contra policías. La Sedena ha catalogado al menos 18 células anarquistas en 14 estados, destacando siete como las más radicales por su uso de explosivos y armas de fuego en acciones contra edificios gubernamentales.
Vínculos con la UNAM
El auditorio Justo Sierra, apodado «Che Guevara» por los anarquistas, en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, sirve como punto de reunión recurrente para el Bloque Negro desde julio de 2014, según análisis de inteligencia filtrados por el colectivo Guacamaya. Ahí se coordinan acciones que han derivado en tomas de espacios, destrozos en instalaciones universitarias y agitación entre estudiantes, como en las protestas contra la gentrificación del 20 de julio de 2025, donde vandalizaron el Museo Universitario de Arte Contemporáneo. Autoridades han notificado a la universidad sobre la presencia de 10 miembros de la cúpula en este sitio, además de otros en la Escuela Nacional de Artes Gráficas y el IPN, lo que ha generado tensiones con la rectoría, que defiende la autonomía pero rechaza la violencia. Críticas en redes sociales acusan al grupo de infiltrarse en movimientos estudiantiles genuinos para desestabilizarlos, exacerbando el debate sobre la criminalización de la protesta en la Máxima Casa de Estudios.
Disturbios en marchas recientes
En las movilizaciones de 2025, el Bloque Negro ha protagonizado episodios violentos que marcan un patrón de confrontación, como la marcha del 2 de octubre conmemorativa de Tlatelolco, donde 94 policías resultaron lesionados y 29 civiles requirieron atención médica tras ataques con piedras y petardos. Más recientemente, el 15 de noviembre, durante la «Marcha de la Generación Z» contra la violencia, más de 350 encapuchados derribaron vallas en el Zócalo, intentaron irrumpir en Palacio Nacional y la SCJN, y agredieron a elementos de seguridad, según la Secretaría de Seguridad capitalina. Expertos como el doctor Francisco Javier Jiménez Ruiz señalan que estas acciones buscan desprestigiar demandas legítimas y manipular la opinión pública, atribuyéndolas a una estrategia de pandillas con liderazgo ideológico oculto. El gobierno local ha vinculado estos hechos a la derecha opositora, aunque evidencias apuntan a la infiltración de anarquistas en protestas de diversos espectros políticos.
Indicios con Martí Batres
Fuentes gubernamentales consultadas por medios revelan indicios de vínculos entre la cúpula del Bloque Negro —identificada en 19 personas por la Sedena— y Martí Batres, director del ISSSTE y exsecretario de Gobierno de la CDMX. Entre los participantes en marchas se detectan trabajadores del ISSSTE contratados como vigilantes, choferes y administrativos, sugiriendo una red de apoyo logístico desde la institución. Opositores como PAN y PRI acusan a Batres de orquestar agitaciones, incluyendo la reactivación de la CNTE para coincidir con protestas juveniles, con el fin de desestabilizar al gobierno de Clara Brugada y posicionarse políticamente. Aunque Batres niega involucramiento, analistas ven en su historial con colectivos antisistema —desde su época en el Congreso y Desarrollo Social— un patrón de clientelismo que alimenta especulaciones en redes y columnas de opinión.
Hipocresía del Bloque Negro
El Bloque Negro, esa pandilla de encapuchados que se pavonea como anarquistas puros pero huele a porros universitarios reciclados, ha convertido las protestas en un circo de vandalismo barato. Vestidos de negro como extras de una película mala de los 80, irrumpen en marchas legítimas para romper vidrios, quemar autos y lanzar petardos, todo mientras gritan consignas que nadie entiende. Lo peor es su cinismo: se cuelgan de causas nobles como el feminismo o Ayotzinapa para justificar su caos, pero solo logran desprestigiarlas, como en la marcha del 2 de octubre donde 94 policías terminaron heridos por su «acción directa». ¿Revolución o simple hooliganismo? Es hora de llamar las cosas por su nombre: no son héroes, son matones que convierten la rabia social en excusa para su impunidad.
Infiltración tóxica en la UNAM
La UNAM, ese supuesto bastión de la libertad y el pensamiento crítico, se ha convertido en el patio de recreo del Bloque Negro, y es una vergüenza absoluta. El auditorio «Che Guevara», es su madriguera desde 2014, donde planean destrozos como los del MUAC en julio de 2025, saqueando bibliotecas y pintando paredes con su grafiti de pacotilla. La rectoría balbucea sobre autonomía mientras estos vándalos paralizan clases y aterrorizan a estudiantes que solo quieren estudiar, no jugar a la insurrección. Críticos como Andrea Martínez Barácc lo dijeron hace décadas: este dogmatismo marxista-leninista disfrazado de radicalismo no es más que autoritarismo disfrazado, y hoy, con paros en Ciencias Políticas y Arquitectura, la Máxima Casa de Estudios parece más un antro de porros que una universidad. ¿Dónde está el orgullo puma? Enterrado bajo capas de hipocresía institucional.
Violencia que deslegitima todo
Los disturbios del Bloque Negro no son espontáneos; son una estrategia burda para sabotear el debate público y culpar a la «derecha» de lo que ellos mismos provocan. En la «Marcha de la Generación Z» del 15 de noviembre, estos 350 encapuchados derribaron vallas, atacaron Palacio Nacional y lesionaron a decenas, todo para que el gobierno local señale a opositores mientras ignora sus propias sombras. Expertos como Francisco Javier Jiménez Ruiz lo clavan: buscan «desprestigiar demandas legítimas» y manipular la opinión, convirtiendo la protesta en un espectáculo tóxico que beneficia solo al poder en turno. Es patético ver cómo estos «anarquistas» se alinean con agendas políticas, escalando la violencia en conmemoraciones como Tlatelolco para que nadie hable de lo que realmente duele. Al final, no cambian nada; solo ensucian el espacio público y nos dejan a todos con la factura de sus «revoluciones» fallidas.
Vínculos oscuros con Batres
Lo más repugnante son los hilos que conectan al Bloque Negro con Martí Batres, ese burócrata de Morena que pasa de secretario de Gobierno a director del ISSSTE sin perder su afición por los colectivos antisistema. La Sedena ha identificado a 19 líderes del grupo, muchos frecuentando el auditorio UNAM o la Escuela de Artes Gráficas —fundada por un Batres, casualmente—, y entre los vándalos hay trabajadores del ISSSTE como choferes y vigilantes, sugiriendo una red de financiamiento y logística desde adentro. Opositores lo acusan de haber orquestar estas agitaciones para joder a Clara Brugada y escalar en la interna morenista el año pasado, junto a Cravioto y Ramírez, en una fractura que huele a traición interna. Batres niega todo, pero su historial de clientelismo con grupos radicales grita lo contrario. En X, usuarios lo señalan sin piedad: «su nombre empieza con Martí y termina con Batres», y no es chiste. Esto no es conspiración; es la podredumbre de un sistema que usa la violencia como escalera política, y México merece algo mejor que estos titiriteros encubiertos.
