Morena: ¿un tigre de papel en Chihuahua?
La marcada disparidad entre los 45 mil afiliados que Morena presume en la ciudad de Chihuahua y la asistencia de apenas 5 mil personas a la marcha del 16 de mayo expone una realidad inequívoca: el padrón electoral del partido oficialista en la capital está compuesto por cifras infladas, registros carentes de convicción y afiliaciones corporativas que no resisten la prueba de ocupar las plazas. En un entorno urbano donde las distancias no justifican el ausentismo, la falta de respuesta ciudadana desnuda la fragilidad de una estructura que existe en el papel, pero no se vio el sábado en las las calles.
Este fenómeno confirma que el crecimiento del padrón no respondió a un proceso de afiliación genuina, sino a estrategias de captación masiva y utilitaria. Fue para presumir que una meta de diez millones de nuevas afiliaciones se lograba con creces, por un fenómeno de la organización…por supuesto Andy López Beltrán.
Al parecer, tomando a Chihuahua como muestra, miles de ciudadanos firmaron un formato de manera coyuntural o como requisito implícito para acceder a programas sociales, generando una militancia desprovista de identidad ideológica. El beneficiario cumple con el registro, pero no asume el compromiso del activismo presencial.
Asimismo, la marcha del sábado es un estudio de campo que demuestra que las convocatorias en la capital dependen enteramente de la movilización inducida y no del interés voluntario. Cuando la dirigencia requiere llenar las plazas del centro de la ciudad, se ve obligada a recurrir al traslado organizado de contingentes procedentes de colonias periféricas o municipios rurales, lo que evidencia que el núcleo de los 45 mil supuestos militantes urbanos es una ficción estadística. La ausencia del militante de a pie, que bien podría haber llegado caminando a la glorieta de Pancho Villa, confirma que no hay un lazo orgánico con la causa.
Esta desconexión entre la burocracia partidista y la base social sitúa a la capital del estado como un laboratorio donde la movilización se enfrenta a lógicas distintas a la lealtad callejera. Mientras el padrón se mantenga como un indicador inflado para cumplir metas nacionales o validar procesos internos, las marchas seguirán exhibiendo el vacío de una estructura sin mística. En conclusión, los eventos masivos en Chihuahua continuarán dependiendo del aparato logístico y los liderazgos vecinales, pues la cacareada militancia capitalina es, en su gran mayoría, un listado de papel sin convicción política real, como se demostró en el fracaso de la marcha para pedir el desafuero de la gobernadora Maru campos.
Se mueve el tablero nacional
Los acontecimientos políticos registrados el pasado fin de semana en el estado de Chihuahua han modificado drásticamente el ánimo de la oposición a la llamada cuarta transformación, propinando a Morena su primera derrota política de trascendencia nacional en el naciente ciclo sucesorio. Durante los últimos dieciocho meses, los analistas y las mediciones de opinión pública editadas en el Altiplano daban por sentada una victoria unánime del oficialismo, proyectando que el partido gobernante se adjudicaría al menos quince de las diecisiete gubernaturas en disputa para el año 2027. En ese mapa de hegemonía anticipada, el territorio chihuahuense era contabilizado de forma sistemática como un activo seguro para la estructura federal; una lectura centralista que ignoró las particularidades del electorado chihuahuense y que hoy se estrella contra la realidad de las calles.
El revés operativo sufrido por la dirigencia de Morena, atribuido a la contención estratégica desplegada por la gobernadora Maru Campos Galván y sus operadores políticos, ha sacudido las certezas de los observadores en la Ciudad de México. Lo que a nivel local se perfilaba como una contienda cerrada y de pronóstico reservado, hoy es interpretado por politólogos nacionales como el punto de inflexión donde el Partido Acción Nacional consolida su viabilidad de retener el ejecutivo estatal. La dimensión de este tropiezo trasciende lo numérico: desmitifica la infalibilidad de la maquinaria de movilización oficialista y demuestra que el control presupuestal de los programas sociales no se traduce de manera automática en lealtad política ni en capacidad de convocatoria voluntaria en zonas urbanas.
Esta derrota expone el desgaste anticipado de las figuras que, desde el gabinete federal, pretendieron usufructuar el padrón de beneficiarios como una estructura patrimonial de campaña. Al quedar en evidencia la simulación de sus listados de afiliados en la capital del estado, el relato de la expansión inevitable de Morena hacia el norte pierde credibilidad en los círculos de análisis del centro del país. La respuesta del electorado chihuahuense reconfigura el escenario de la Realpolitik mexicana, devolviendo el entusiasmo a los bloques opositores que buscaban un modelo de resistencia regional exitoso. En conclusión, el saldo del fin de semana no solo asegura la trinchera del panismo en Chihuahua, sino que introduce una variable de incertidumbre en la estrategia nacional de Morena, demostrando que el mapa de 2027 sigue abierto y que el norte mantiene su propia lógica de resistencia frente al centralismo.
¿Y la súper operadora Montiel?
El análisis sobre el descalabro de Morena en Chihuahua adquiere una dimensión especial cuando se contrasta con la presencia prolongada y el control operativo de una de las figuras más influyentes de Morena: Ariadna Montiel Reyes. Esta desconexión resulta políticamente inexplicable si se considera que la funcionaria ha operado territorialmente en la entidad desde el año 2018, utilizando la estructura de los programas sociales como su principal plataforma de arraigo y posicionamiento regional. De hecho las delegaciones federales de Chihuahua fueron invadidas por el bejaranismo.
La paradoja se acentúa con el diseño de la campaña de posicionamiento que desplegó de cara a sus aspiraciones sucesorias. Miembros de su equipo de confianza confirmaron de manera interna que la concepción de buscar la gubernatura del estado se materializó formalmente a través de la creación y difusión del eslogan «Amor por Chihuahua». Como un dato que confirma la planeación quirúrgica de esta estrategia, cabe consignar que la frase «Amor por Chihuahua» fue formalmente registrada bajo la legislación de derechos de autor y propiedad intelectual, blindando la marca para el uso exclusivo de su proyecto político. Esta firma, concebida para suavizar su perfil ante el electorado del norte y construir una identidad regional artificial, buscaba precisamente contrarrestar la narrativa de centralismo que la oposición local maneja con éxito en la capital y en el lastimado centro sur del estado, en donde se instalo el filtro anti-acarreo más importante a la altura de Meoqui, productores inconformes por la entrega del agua, operaron casi orgánicamente.
El hecho de que la principal operadora territorial del oficialismo lleve casi una década inyectando recursos presupuestales y construyendo comités de base, y aun así el partido sea incapaz de llenar plazas de forma voluntaria o no, evidencia las limitaciones del clientelismo burocrático frente a la cultura política chihuahuense. La estrategia demuestra que la entrega de apoyos económicos y el control de los padrones de beneficiarios son insuficientes para consolidar una base electoral militante si no van acompañados de una oferta que atienda el dinamismo industrial y la demanda de infraestructura del estado. Una narrativa con la que estén de acuerdo, calcularon mal la popularidad de Maru Campos quien desde el inicio de su administración se mantiene entre los cinco gobernadores(a) mejor evaluados.
Al final, el fracaso operativo en la capital delata que el eslogan publicitario y legalmente protegido no logró sustituir la falta de una propuesta de gobierno auténtica, dejando al descubierto que la estructura armada desde la Secretaría de Bienestar funciona para el cobijo interno de su grupo político, pero carece de la lealtad y la convicción ideológica necesarias para disputar con éxito el bastión panista, que es la capital estatal y el centro-sur, donde el humor social por las disputas del agua y el asesinato de Yessica Silva Zamarripa, no se olvidan y el retén carretero del sábado lo demuestran.
El amenazante PVEM
Los recurrentes amagos del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) de competir en solitario en entidades clave para los comicios intermedios de 2027 constituyen una calculada estrategia de presión política diseñada para imponer a sus cuadros al frente de las coaliciones con Morena. Históricamente dependiente de las alianzas, el partido del tucán utiliza hoy su fortalecido caudal de votos para chantajear al bloque oficialista, amagando con la ruptura local si no se le conceden posiciones prioritarias. Figuras como el senador Manuel Velasco Coello operan este despliegue de perfiles propios en estados como Zacatecas, Guerrero y Colima y Chihuahua (en alguna ocasión) condicionando la unidad a que Morena los considere mejor en sus procesos internos de selección.
Esta táctica de amagos encuentra escenarios concretos en todo el país. En la Ciudad de México, el dirigente local Jesús Sesma Suárez lidera la retórica de independencia electoral, argumentando la viabilidad de postular candidaturas propias en las alcaldías periféricas para elevar el valor de negociación del partido. En Baja California, el bloque promueve con insistencia al diputado Jorge Ramos Hernández para encabezar la fórmula en Tijuana, mientras que en Baja California Sur perfilan al legislador federal Manuel Cota Cárdenas, enviando el mensaje de que cuentan con la estructura necesaria para dinamitar la hegemonía morenista si son relegados de las boletas.
Sin embargo, el eje central de este desafío y su principal activo, la gubernatura de San Luis Potosí, enfrenta una coyuntura crítica que amenaza con desarticular la soberanía electoral del partido. Aunque la senadora Ruth González Silva se promueve de forma independiente para dar continuidad al proyecto local del PVEM, los planes de sucesión se encuentran bajo la sombra de la presión internacional. Diversos reportes de inteligencia señalan que el actual mandatario estatal, Ricardo Gallardo Cardona, figura de forma prioritaria dentro del segundo paquete de investigación del Gobierno de Estados Unidos enfocado en procesar a políticos mexicanos sospechosos de brindar protección institucional a organizaciones del narcotráfico, según desvelo en su columna de hotel periodista Raymundo Riva Palacio, generalmente bien informado.
Esta vulnerabilidad jurídica debilita severamente la posición de fuerza del Partido Verde frente a la dirigencia de Morena. El riesgo latente de un expediente penal internacional contra su principal activo potosino reduce el margen de maniobra de los amagos del PVEM, transformando su supuesta independencia en una necesidad apremiante de blindaje político. Al final, las amenazas de competir en solitario en 2027 revelan su verdadera naturaleza: no son un despliegue de convicción ideológica ni un divorcio definitivo con la llamada cuarta transformación, sino un mecanismo de supervivencia y extorsión institucional para asegurar impunidad y cuotas de poder.
