Mezquindad política en Juárez
En un penoso espectáculo de mezquindad política, el alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, arremete contra el secretario de Seguridad Pública estatal, Gilberto Loya Chávez, y los líderes panistas locales por supuestamente «mezclar política con seguridad» en una visita oficial. ¿Acaso no es esta la hipocresía hecha norma en un país donde los funcionarios de Morena, como el propio Pérez Cuéllar, han convertido las dependencias públicas en trincheras electorales? Su amenaza de denuncia por peculado suena a puro teatro, un intento burdo de desviar la atención de los crecientes índices de violencia en Juárez, mientras los panistas, con César Komaba a la cabeza, se defienden con una retórica de «separación clara» que nadie se cree. Al final, la seguridad queda en el limbo, sacrificada al altar de rivalidades partidistas.
La farsa de la «coordinación institucional»
La respuesta de Komaba, ese subsecretario de Movilidad que milita en el PAN como si fuera un hobby inocuo, no hace más que avivar el fuego: «No hay incompatibilidad», dice, como si acompañar a un secretario estatal en calidad de «institucional» borrara las camisetas azules que todos ven. Es risible cómo estos burócratas-partidistas insisten en que su visita fue «estrictamente laboral», ignorando que la coordinación en seguridad no necesita de dirigentes políticos para funcionar, a menos que el objetivo sea reclutar votos en medio de balaceras. Mientras Pérez Cuéllar analiza «implicaciones jurídicas» –otro eufemismo para guerra sucia–, lo cierto es que ambos bandos exponen la podredumbre del sistema: una clase política que prioriza el poder sobre la vida de los chihuahuenses, dejando la verdadera seguridad como un lujo inalcanzable.
Politización de la seguridad pública
La respuesta de Gilberto Loya Chávez al alcalde Cruz Pérez Cuéllar evidencia una tensión inherente en la gestión de la seguridad en Chihuahua, donde el llamado a «no politizar» el tema suena más como un reproche que como una invitación genuina al diálogo. Al calificar la descalificación del edil como un acto que «no suma, resta», Loya no solo evade el núcleo de la acusación —los presuntos tintes políticos en la visita a la Torre Centinela—, sino que refuerza una narrativa estatal que prioriza la unidad aparente sobre la rendición de cuentas. Esta postura ignora cómo las acciones de funcionarios con afiliaciones partidistas, como los mencionados representantes del PAN, pueden erosionar la confianza ciudadana, convirtiendo un avance tecnológico en un espectáculo electoral disfrazado. En última instancia, este intercambio revela que la seguridad, lejos de ser un bien común, se ha convertido en moneda de cambio político, donde la coordinación se invoca selectivamente para silenciar críticas legítimas.
Falta de coordinación intergubernamental
Aunque Loya Chávez reitera la «fundamental» necesidad de coordinación entre niveles de gobierno, sus declaraciones caen en una contradicción flagrante al no abordar las razones concretas por las que el alcalde rechazó la invitación. La Torre Centinela, presentada como un hito en la vigilancia urbana, podría ser un avance real en la lucha contra la violencia en Juárez, pero su promoción a través de figuras partidistas socava cualquier esfuerzo por una colaboración auténtica. Pérez Cuéllar, al acusar motivaciones políticas, expone un patrón estatal de centralización que margina a los gobiernos locales en decisiones clave. Si la coordinación es tan esencial, ¿por qué no se opta por canales neutrales y transparentes? Esta omisión no solo resta credibilidad al discurso de Loya, sino que perpetúa un ciclo de desconfianza que, irónicamente, debilita la seguridad que ambos juran defender.
La denuncia por peculado como contragolpe
El anuncio del alcalde de presentar una denuncia por presunto peculado contra César Komaba, subsecretario de Movilidad y líder panista local, transforma el desacuerdo en un enfrentamiento judicial que podría escalar la polarización en lugar de resolverla. Esta movida, aunque justificada, parece más un contragolpe reactivo que una estrategia proactiva. Komaba, al acumular roles en seguridad y política partidista, encarna el conflicto de intereses que Pérez Cuéllar denuncia, pero la respuesta estatal —centrada en la unidad sin autocrítica— evita cualquier escrutinio interno. En un contexto donde la corrupción ha sido un lastre histórico en Chihuahua, esta denuncia podría catalizar reformas, pero también arriesga convertirse en herramienta de revancha política, dejando a la ciudadanía como espectadora de un duelo que distrae de los verdaderos avances en seguridad.
La hipocresía del relevo administrativo
En un Tabasco asfixiado por la opacidad fiscal, el gobernador Javier May Rodríguez se erige como el paladín de la rendición de cuentas, cuestionando las anomalías millonarias heredadas de Carlos Manuel Merino Campos. Sin embargo, esta pose de vigilante ético resulta harto sospechosa cuando se considera que su propio partido, Morena, domina el Congreso local y fue precisamente esa mayoría la que, con 25 votos a favor, aprobó la cuenta pública 2024 del exmandatario pese a las graves irregularidades detectadas por el OSFE. ¿Acaso May Rodríguez ignora que esta aprobación fue un blindaje político descarado, o prefiere fingir amnesia para no manchar la imagen de su facción? La advertencia de «consecuencias administrativas y legales» suena a amenaza hueca, un mero ritual verbal que evade la responsabilidad compartida en un sistema donde los pecados del ayer se convierten en el colchón del mañana.
Bazán Mayagoitia en la Aduana de Juárez
Norma Yrasema Deirdré Bazán Mayagoitia, académica de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y experta en temas de seguridad y justicia, asumió en enero de 2019 el cargo de administradora de la Aduana Fronteriza de Ciudad Juárez, con la promesa explícita de erradicar la corrupción en una de las aduanas más críticas del país por su volumen de comercio transfronterizo. Sin embargo, su gestión pronto fue cuestionada por presuntas irregularidades que sugieren un giro opuesto a sus declaraciones iniciales. Críticos locales la han acusado de no solo fallar en combatir las malas prácticas, sino de fomentar un entorno de opacidad que benefició a redes de intereses personales, transformando su llegada en «otro problema» para la transparencia aduanera. Aunque no se han presentado cargos formales contra ella, estas denuncias apuntan a posibles corruptelas en la supervisión de trámites y autorizaciones, donde la modernización prometida no logró disipar las sombras de favoritismos heredados de administraciones previas.
La alianza con Juan Carlos Loera
La trayectoria de Bazán Mayagoitia se entrelaza directamente con Juan Carlos Loera de la Rosa, senador morenista por Chihuahua y ex-superdelegado del Bienestar, cuando ella renunció a su puesto aduanero en marzo de 2021 para unirse a su equipo de campaña rumbo a la gubernatura estatal. Loera, por su parte, enfrenta denuncias por corrupción, incluyendo una orden judicial de 2024 para auditar su gestión como delegado, donde se le acusa de desvío de recursos en programas sociales como las pensiones para adultos mayores, afectando a miles de beneficiarios. Estas alegaciones, impulsadas por ciudadanos y hasta por compañeros de Morena como la diputada Brenda Ríos, pintan un panorama de nepotismo y amenazas, donde Loera habría utilizado su posición para prácticas caciquiles que contradicen el discurso anticorrupción de la Cuarta Transformación.
El ascenso meteórico de Santiago Nieto
Santiago Nieto Castillo ha sido una figura clave en la Cuarta Transformación (4T), el proyecto político impulsado por Andrés Manuel López Obrador. Abogado de formación, Nieto escaló rápidamente en la administración federal: de director del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) en 2018, pasó a encabezar la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en el mismo año, donde se le atribuyó el mérito de congelar cuentas vinculadas a casos de corrupción como el de Emilio Lozoya o Genaro García Luna. Renunció en 2021 tras un escándalo por su boda en Guatemala, pero resurgió como senador por Morena en 2024 y, recientemente, como parte del equipo de transición de Claudia Sheinbaum, como evidencia una fotografía donde posa con su libro «Diario de una transición histórica». Su trayectoria, marcada por una retórica anticorrupción, contrasta con las revelaciones sobre su patrimonio personal, que cuestionan la coherencia entre su discurso público y su realidad económica.
El millonario patrimonio acumulado
Según su declaración patrimonial pública presentada en mayo de 2025 ante la Secretaría de la Función Pública, Nieto Castillo reporta un patrimonio neto superior a los 20 millones de pesos, un monto que ha generado revuelo en redes sociales y medios. Entre sus bienes destacan obras de arte valoradas en 3 millones 282 mil pesos, distribuidas en pinturas y piezas adquiridas entre 2020 y 2021 mediante donaciones y compras; joyería por 876 mil pesos, incluyendo relojes de pulso donados y comprados en Palacio de Hierro; y dos propiedades inmobiliarias tasadas en 9 millones 751 mil pesos, presumiblemente adquiridas con créditos hipotecarios durante su gestión en la UIF. Además, declara ingresos por 5 millones 543 mil pesos derivados de asesorías y servicios profesionales en los últimos años, sumados a su salario como senador. Esta acumulación, detallada en documentos oficiales filtrados en X, representa un incremento significativo respecto a declaraciones previas de 2021, donde sus bienes apenas superaban los 10 millones, lo que invita a escudriñar las fuentes de su enriquecimiento.
De la UIF a las denuncias de corrupción
No es la primera vez que el patrimonio de Nieto genera sospechas. En 2021, la Fiscalía General de la República (FGR) inició una investigación por presunto enriquecimiento ilícito tras denuncias que lo vinculaban a cuatro propiedades y un vehículo de lujo valorados en 40 millones de pesos, acumulados en solo 25 meses al frente de la UIF. Aunque Nieto defendió sus adquisiciones como resultado de créditos bancarios y herencias, críticos como el panista Francisco García Cabeza de Vaca lo acusaron de arbitrariedades en su rol, usando la UIF para perseguir opositores mientras ignoraba flujos financieros sospechosos en su círculo. En 2023, surgieron nuevas denuncias por una supuesta red de empresas fantasma durante su gestión, y en 2024, la Secretaría de la Función Pública revisó sus declaraciones por inconsistencias. Estos episodios pintan a Nieto no como un paladín anticorrupción, sino como un funcionario que, paradójicamente, multiplicó su riqueza en un gobierno que pregona la austeridad republicana, alimentando percepciones de hipocresía en la élite de Morena.
¿Austeridad selectiva o doble moral?
La revelación de los 20 millones de Nieto Castillo irrumpe en un momento delicado para la 4T, justo cuando Claudia Sheinbaum se mantiene prometiendo continuidad en la lucha contra la corrupción. Este caso expone una tensión inherente: mientras el discurso oficial condena el «neoliberalismo corrupto» y recorta presupuestos públicos, varios exfuncionarios como Nieto —otro «millonario de la 4T», como lo tildan en redes— acumulan fortunas mediante asesorías opacas y bienes de lujo que chocan con la narrativa de sacrificio colectivo. Políticamente, podría erosionar la credibilidad de Morena ante votantes que esperaban transparencia absoluta, especialmente si la FGR reabre indagatorias. En última instancia, Nieto ejemplifica cómo la 4T, pese a sus intenciones, ha incubado una nueva clase de élites enriquecidas, cuestionando si la transformación es genuina o solo un relevo de privilegios bajo una retórica populista.
Apoyo al relanzamiento del PAN
El empresario y activista Claudio X. González de vista en Chihuahua, respaldó el relanzamiento del Partido Acción Nacional (PAN), destacando la decisión de romper la alianza electoral con el Partido Revolucionario Institucional (PRI). Este cambio, según González, marca una transformación esencial para el partido, al enfatizar la necesidad de reposicionarse en el panorama político. “Nos tenemos que mover de lugar”, afirmó, subrayando la importancia de adaptarse a las demandas ciudadanas.
Fin de la coalición PRIAN y su legado
La unión entre PRI y PAN en las elecciones de 2024 fue percibida por amplios sectores como una táctica opositora para contrarrestar el poder del Gobierno federal. No obstante, González reconoció que esta coalición facilitó que el presidente Andrés Manuel López Obrador la tildara despectivamente de “PRIAN”. Hoy, el coordinador panista Jorge Romero ha oficializado el fin de esta alianza, un paso que González ve como positivo para la democracia, ya que promueve alternativas frescas y mayor apertura en la esfera pública.
Lecciones de las alianzas y logros opositores
González admitió que las coaliciones políticas son dinámicas, con “ires y venires” según los contextos. Reiteró que el PAN busca mayor narrativa y propuestas para el electorado nacional, insistiendo en la urgencia de “movernos de lugar”. Además, valoró el éxito de la oposición en 2024 al frenar los planes A y B de Morena, considerándolo un hito clave que fortalece la reconfiguración partidista actual.
Preparación para asumir la suplencia
Jaime Torres Amaya, militante del PAN y actual titular de Atención a la Diversidad y Acciones Transversales en los Servicios Educativos del Estado de Chihuahua (SEECH), se declaró listo para tomar protesta como suplente del diputado priista Luis Fernando Chacón Erives, fallecido recientemente y representante del Distrito 13 con cabecera en Guerrero. El exalcalde de Madera enfatizó su compromiso con la continuidad del legado legislativo de Chacón, priorizando el conocimiento del entorno legislativo y el diálogo con todas las fracciones parlamentarias antes de impulsar iniciativas propias, todo en beneficio de los chihuahuenses de la zona serrana.
Diálogo partidista y contexto electoral
Aunque Torres Amaya mantiene sus convicciones panistas y no descarta colaboraciones con el PRI y otras fuerzas políticas, su suplencia surge de los acuerdos de la coalición PRI-PAN-PRD que ganó en 2024, pese al reciente rechazo nacional del PAN a alianzas. Espera comunicación formal del Poder Legislativo para su incorporación, momento en que dejará su cargo en SEECH y asumirá la representación de municipios como Guerrero, Temósachic y Madera, enfocándose en la agenda de gestión regional impulsada por su predecesor.
