Ciudad de México.- En una operación aérea coordinada, el gobierno mexicano envió este martes a 37 operadores de organizaciones criminales a Estados Unidos, donde enfrentarán cargos por narcotráfico, lavado de dinero, tráfico de armas y personas, entre otros delitos graves. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que los traslados se realizaron en siete aeronaves de las Fuerzas Armadas hacia ciudades como Washington, Houston, Nueva York, Pensilvania, San Antonio y San Diego. La acción, enmarcada en mecanismos de cooperación bilateral y con pleno respeto a la soberanía nacional, incluyó el compromiso explícito de las autoridades estadounidenses de no solicitar la pena de muerte para ninguno de los entregados, requisito indispensable conforme a la legislación mexicana.
Entre los trasladados destacan figuras de alto perfil del crimen organizado. Ricardo González Sauceda, alias «El Ricky» o «Comandante Ricky», líder regional del Cártel del Noreste en zonas de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, enfrenta acusaciones por homicidio doloso, terrorismo, privación ilegal de la libertad y delitos contra la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Otro nombre relevante es Pedro Inzunza Noriega, conocido como «El Señor de la Silla» o «Sagitario», señalado como segundo al mando del Cártel de los Beltrán Leyva y acusado de narcoterrorismo y tráfico de drogas. La lista también incluye a Armando Gómez Núñez, alias «Delta 1» o «MacGyver», vinculado al mismo grupo, así como diversos operadores con apodos como «El Picho», «El Orejón», «El Químico» y «La Señora», implicados en conspiraciones para distribuir narcóticos, lavar dinero y traficar personas.
Con esta entrega, suman ya 92 criminales de alto impacto enviados a Estados Unidos durante la actual administración, en lo que representa el tercer operativo masivo de este tipo en menos de un año. Las autoridades mexicanas argumentan que estos traslados neutralizan amenazas reales para la seguridad nacional, al impedir que los implicados sigan generando violencia desde prisiones locales. La medida responde a la presión bilateral por combatir con mayor firmeza el crimen transnacional, en un contexto de exigencias estadounidenses para acciones más contundentes contra los cárteles.
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