Ciudad de México.- El Gobierno de Claudia Sheinbaum presentó este viernes un desglose del registro oficial de personas desaparecidas en México y estableció en 43,128 el número mínimo de casos que se consideran activos y sin actividad posterior desde su reporte, lo que representa el 33% de las más de 130,000 entradas que hasta ahora figuraban en la base de datos.
Durante una conferencia de prensa en Palacio Nacional, la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Marcela Figueroa, dividió el registro en tres categorías según la calidad de la información y la existencia o no de rastros posteriores a la denuncia.
El 36% de los casos (más de 46,000) corresponde a registros con datos incompletos o insuficientes, muchos de ellos con información parcial, apodos, nombres falsos o incluso referencias a negocios, debido a que durante años cualquier persona podía ingresar reportes sin verificación estricta. El Gobierno colocó estos casos en cuarentena, aunque no descarta que entre ellos haya desapariciones reales.
Otro 31% (alrededor de 40,000) agrupa a personas que, tras ser reportadas como desaparecidas, registraron alguna actividad oficial: votaron en elecciones, contrajeron matrimonio, tuvieron hijos, se vacunaron contra el covid-19 o acudieron a consultas en el IMSS o ISSSTE. En estos supuestos, las autoridades consideran que la ausencia denunciada puede ser real para la familia, pero no necesariamente vinculada a un delito.
El tercer grupo, el que el Ejecutivo presentó como la cifra mínima verificable, corresponde al 33% del total: 43,128 personas cuyas fichas están completas y que no han presentado ninguna actividad oficial desde su desaparición reportada entre 2006 y la fecha. De estos casos, solo 3,869 cuentan actualmente con una carpeta de investigación abierta.
Figueroa destacó que, en promedio, de cada 100 personas reportadas como desaparecidas al mes, 66 son localizadas, y de ellas, 92 son encontradas con vida.
La presidenta Sheinbaum defendió la transparencia del proceso y aseguró que se ha trabajado de manera conjunta con colectivos de familiares de desaparecidos. Este jueves, la Secretaría de Gobernación convocó a representantes de esas organizaciones para explicarles el desglose antes de su presentación pública.
El ejercicio busca ordenar un registro que durante años acumuló fallas por la falta de criterios uniformes y la ausencia de obligación de las fiscalías para investigar cada denuncia. Desde julio de 2025, las fiscalías estatales están obligadas a abrir una carpeta de investigación por cada reporte de desaparición y a completar los datos faltantes.
El Gobierno no presentó aún la nueva Base de Datos de Carpetas de Investigación de Personas Desaparecidas, que dependerá exclusivamente del trabajo de las fiscalías y que se encuentra en proceso de integración. Las autoridades locales tienen ahora la responsabilidad de actualizar los registros incompletos y avanzar en las investigaciones de los casos que permanecen abiertos.
La presentación deja en evidencia las deficiencias históricas en la atención del fenómeno de las desapariciones, que ha marcado a México desde hace más de dos décadas en medio de la violencia generada por el crimen organizado. Los colectivos de familiares han expresado históricamente su desconfianza ante cualquier ajuste en las cifras, temiendo que se invisibilicen casos reales. Sheinbaum insistió en que el objetivo es poner orden en un tema complejo y trágico, sin ocultar información. “Estamos reportando lo que encontramos, con total transparencia”, afirmó.
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