Ciudad de México. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó este lunes que su gobierno no tenía conocimiento previo de la participación de dos instructores de la Embajada de Estados Unidos en un operativo contra laboratorios clandestinos de drogas sintéticas realizado en la sierra de Chihuahua, que derivó en un accidente automovilístico con cuatro fallecidos. La mandataria adelantó que se solicitará información formal al gobierno estatal de Chihuahua y a la Embajada estadounidense para determinar si existió una violación a la Ley de Seguridad Nacional.
El accidente ocurrió el domingo 19 de abril en el municipio de Morelos, cuando un vehículo en el que viajaban los funcionarios regresaba de un despliegue en el que se aseguraron dos laboratorios clandestinos. Perdieron la vida el coordinador general de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) de Chihuahua, Pedro Román Oseguera Cervantes; su escolta, Manuel Genaro Méndez Montes; y dos instructores de la Embajada de Estados Unidos.
“No estábamos enterados”: la postura federal
Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, Sheinbaum fue enfática al señalar que el operativo fue una decisión exclusiva del gobierno de Chihuahua. “No teníamos conocimiento de que hubiera un trabajo directo entre el estado de Chihuahua y personal de la embajada de los Estados Unidos en México”, declaró. Agregó que el Gabinete de Seguridad federal no fue notificado y que se pedirá toda la información correspondiente tanto al gobierno estatal como al de Estados Unidos para revisar si hubo alguna irregularidad.
La presidenta recordó que México mantiene mecanismos de colaboración e intercambio de inteligencia con Estados Unidos, pero subrayó que no se realizan operaciones conjuntas en territorio nacional sin la autorización expresa del gobierno federal. “Es importante revisar si hay una violación a la Ley de Seguridad Nacional, porque la Constitución establece que el Gobierno federal debe autorizar cualquier participación de autoridades extranjeras en materia de seguridad”, indicó.
La versión del gobierno de Chihuahua y Maru Campos
Por su parte, la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, conocida como Maru Campos, lamentó el accidente y lo calificó como un hecho trágico ocurrido en cumplimiento del deber. A través de sus redes sociales y declaraciones a medios locales, la mandataria estatal expresó sus condolencias a las familias de las víctimas, en especial a la del coordinador de la AEI, y destacó que Oseguera Cervantes trabajaba por la paz y la seguridad de los chihuahuenses.
El fiscal general del estado, César Jáuregui Moreno, detalló que los dos funcionarios estadounidenses participaban en “labores de entrenamiento” como parte de un intercambio regular de cooperación en materia de seguridad. Sin embargo, ni la gobernadora ni la Fiscalía estatal han explicado públicamente por qué no se informó al gobierno federal sobre la presencia y participación operativa de personal extranjero.
El artículo 69 de la Ley de Seguridad Nacional en la controversia
La posible irregularidad radica en el Título Séptimo de la Ley de Seguridad Nacional, particularmente en su artículo 69, que regula la presencia de agentes extranjeros en territorio mexicano. Dicha disposición establece que los agentes de fuerzas del orden de otros países solo pueden internarse temporalmente para fines de intercambio de información, previa autorización y acreditación otorgada por la Secretaría de Relaciones Exteriores, con la intervención de las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana, Defensa Nacional y Marina.
El artículo precisa que estas actividades deben canalizarse exclusivamente a través de mecanismos federales y prohíbe que los agentes extranjeros ejerzan facultades operativas reservadas a las autoridades mexicanas o participen directamente en despliegues de campo sin la acreditación correspondiente. Expertos consultados coinciden en que una coordinación directa entre un gobierno estatal y personal diplomático extranjero para un operativo de este tipo, sin pasar por los canales federales, podría configurar una violación a este precepto, así como al artículo 117 de la Constitución, que reserva al Poder Ejecutivo federal las relaciones en materia de seguridad con gobiernos extranjeros.
Hasta el momento, la Presidencia no ha detallado si se configuraría alguna responsabilidad penal o administrativa, pero ha dejado claro que el caso será investigado a fondo para determinar si se respetaron los límites de la soberanía nacional y los protocolos de cooperación bilateral establecidos en el Entendimiento Bicentenario.
Reacciones y contexto
El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, lamentó profundamente las muertes y reconoció la labor conjunta de las víctimas en la lucha contra el crimen organizado, aunque sin entrar en detalles sobre la autorización del operativo.
El incidente ocurre en un momento de estrecha colaboración binacional en materia de seguridad, pero también en medio de tensiones recurrentes sobre el respeto a la soberanía mexicana en operativos antidrogas. Fuentes cercanas al Gabinete de Seguridad federal indicaron que se espera recibir los informes solicitados en las próximas horas o días para definir si se toman medidas adicionales.
Mientras tanto, el gobierno de Chihuahua ha mantenido su postura de que se trató de un accidente en el marco de actividades rutinarias de capacitación, sin reconocer hasta ahora ninguna omisión en la notificación federal.
El caso sigue abierto y podría tener repercusiones tanto en el ámbito diplomático como en las relaciones entre el gobierno federal y el estatal de Chihuahua.
