Ciudad de México.- Un juez de control del fuero común con sede en Morelia giró este 27 de marzo de 2026 una orden de aprehensión contra el exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, por los delitos de homicidio calificado, tortura y abuso de autoridad. Los hechos se relacionan con un operativo policiaco realizado el 5 de abril de 2017 en la comunidad indígena de Arantepacua, municipio de Nahuatzen, donde perdieron la vida cuatro personas y al menos diez más resultaron lesionadas.
La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), encabezada por Carlos Torres Piña, obtuvo en total 16 órdenes de aprehensión relacionadas con este caso. Además de Aureoles, figura entre los señalados su entonces secretario de Seguridad Pública, Juan Bernardo Corona Martínez, y 14 elementos de la Policía Estatal que habrían participado directamente en el operativo. Los delitos de homicidio calificado y tortura contemplan prisión preventiva oficiosa, por lo que los imputados no podrían enfrentar el proceso en libertad.
Según la investigación de la FGE, el operativo del 5 de abril de 2017 se realizó en el contexto de un conflicto agrario y de tierras en Arantepacua. Las autoridades estatales desplegaron un fuerte dispositivo policial que derivó en enfrentamientos, uso excesivo de la fuerza y presuntas violaciones a los derechos humanos, incluyendo actos de tortura contra habitantes de la comunidad. Las víctimas mortales fueron identificadas como pobladores locales, y los lesionados presentaron heridas de bala y otras lesiones atribuibles al actuar de los elementos de seguridad.
Esta nueva orden de aprehensión en el fuero común se suma a la vigente emitida por la Fiscalía General de la República (FGR) desde 2025, por presunto desvío de más de 3 mil 400 millones de pesos —cifra que auditorías elevan a más de 5 mil millones— en la construcción y arrendamiento irregular de siete cuarteles de la Policía Estatal durante su gestión (2015-2021). En ese caso federal, Aureoles es señalado por peculado, asociación delictuosa, operaciones con recursos de procedencia ilícita y administración fraudulenta.
Hasta la fecha, Silvano Aureoles permanece en calidad de prófugo de la justicia. No se ha confirmado su detención ni su paradero exacto, aunque se sabe que ha realizado múltiples viajes al extranjero en los últimos años. En 2025 obtuvo suspensiones provisionales en amparos contra la orden federal, pero la FGR las ha impugnado. La nueva orden estatal por los hechos de Arantepacua complica aún más su situación jurídica, al tratarse de delitos graves que no admiten fácilmente medidas cautelares alternativas.
El actual gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, ha insistido en que las investigaciones contra la administración anterior responden a irregularidades documentadas por la Auditoría Superior de la Federación y por denuncias presentadas por su gobierno, y no a una persecución política. La FGE confirmó que las órdenes de aprehensión fueron libradas tras presentar elementos de prueba suficientes ante el juez de control, incluyendo testimonios, peritajes y documentos sobre el operativo de 2017.
El caso Arantepacua ha sido denunciado desde hace años por organizaciones de derechos humanos y por la propia comunidad purépecha, que ha exigido justicia por lo que consideran una masacre y un uso desproporcionado de la fuerza pública. Aureoles, quien gobernó en un periodo marcado por la violencia del crimen organizado en Michoacán, no ha emitido declaraciones públicas recientes sobre estas nuevas acusaciones.
Con esta segunda orden de aprehensión —la primera en fuero común—, el exgobernador perredista acumula procesos penales tanto a nivel federal como estatal. La FGE mantiene abiertas las carpetas de investigación y ha señalado que continuará con las acciones para cumplimentar los mandamientos judiciales. Mientras tanto, Aureoles figura como ausente del país en registros migratorios, lo que ha llevado a especulaciones sobre posibles solicitudes de extradición en caso de localizarse en el extranjero. El proceso penal sigue su curso en los tribunales de Michoacán sin que se haya resuelto su situación jurídica definitiva.
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