Ciudad de México.- México acumula 6 mil 440 feminicidios de enero de 2019 a enero de 2026, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Sinaloa, Ciudad de México y Estado de México encabezan la lista de entidades con el mayor número de casos.
En ese periodo, 635 niñas y adolescentes de 0 a 17 años fueron víctimas de este delito.
El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) alertó que el país llega al 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, en un contexto de violencia alarmante y retrocesos institucionales. “El acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia feminicida sigue siendo una lucha contra estructuras que reproducen desigualdad, estereotipos de género e impunidad patriarcal”, señaló el organismo.
El OCNF criticó el debilitamiento de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), mecanismo clave para enfrentar las violencias graves. Desde que la Secretaría de las Mujeres federal asumió su seguimiento hace un año, no se observan avances; al contrario, se reformó el artículo 23 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, eliminando la obligación expresa de que los estados alertados informen cada seis meses sobre el cumplimiento de las medidas.
Ahora, los informes dependen de un sistema nacional que ha demostrado ineficiencia y desconexión con las realidades locales y del mecanismo mismo. “Quitar la obligatoriedad de los informes, centralizar decisiones sin rendición de cuentas y plantear el levantamiento de Alertas sin evaluaciones públicas y técnicas es un mensaje claro de retroceso en la protección de los derechos de las mujeres”, afirmó María de la Luz Estrada, directora del OCNF.
Aunque se anunció la asignación de más de 856 millones de pesos al Programa para la Prevención y Detección de las Violencias Feminicidas y la Atención de las Causas —por fusión de dos programas presupuestarios—, no hay claridad sobre los criterios de distribución ni sobre cómo se ejercen estos recursos para fortalecer centros de justicia, refugios y la propia AVGM.
“No basta con asignar presupuesto si no sabemos cómo se ejerce ni bajo qué criterios se distribuye. La opacidad también es una forma de violencia institucional”, agregó Estrada.
En estados que el OCNF acompaña, como Veracruz, Puebla, Quintana Roo y Jalisco, no se ha convocado al grupo de trabajo de la Alerta desde 2025. En Estado de México, Sonora y Chiapas apenas se ha sesionado una vez. No existen análisis de contexto actualizados para evaluar medidas, ni nuevas convocatorias para expertas independientes.
Preocupa especialmente el planteamiento de levantar la Alerta sin avances sustanciales. En el Estado de México se anunció la posible retirada en uno de los 11 municipios donde está vigente, con base en una supuesta reducción mayor al 50% en feminicidios en cinco años. En Guerrero se evalúa el levantamiento por Agravio Comparado. Estas acciones, sin evidencia técnica pública, representan simulación institucional.
El OCNF denunció la negativa persistente a investigar muertes violentas como feminicidios, la ausencia de peritajes sociales con perspectiva de género y análisis de contexto para identificar patrones y modus operandi, especialmente ante el crecimiento de redes criminales.
Guadalupe Ramos, del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (Cladem), resaltó que la crisis también se expresa en desapariciones. Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, en 2025 se registraron 28 mil 770 mujeres desaparecidas, mientras que el SESNSP reportó 5 mil 020 mujeres víctimas de homicidio hasta octubre de ese año.
“Estas cifras reflejan la magnitud de la violencia que enfrentan las mujeres y la urgencia de fortalecer las políticas de prevención, investigación y búsqueda con enfoque de género”, concluyó Ramos.
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