Ciudad de México.- La Secretaría de Educación Pública (SEP) ha impulsado una iniciativa para promover la inclusión de infancias y adolescencias trans y no binarias en las escuelas de educación básica, mediante orientaciones difundidas en las sesiones del Consejo Técnico Escolar del ciclo 2025-2026.
El documento «Infancias y adolescencias trans y no binarias», presentado en octubre y noviembre de 2025, invita a los docentes a reconocer y respetar las identidades de género de los alumnos, independientemente del sexo asignado al nacimiento. Incluye actividades de reflexión, videos, glosarios y casos prácticos sobre el uso de pronombres, uniformes neutros y acceso a baños acordes con la identidad autopercibida.
La SEP enfatiza que el objetivo es crear entornos escolares seguros, libres de discriminación, alineados con la Nueva Escuela Mexicana, que prioriza la inclusión y la igualdad de género. Colectivos como Infancias Transgénero y Transfamilias han calificado esta medida como un «logro histórico» para proteger el bienestar emocional y el desarrollo integral de estos estudiantes.
Sin embargo, la propuesta ha generado controversia. Críticos, incluyendo organizaciones como el Frente Nacional por la Familia y padres de familia, argumentan que impone una «ideología de género» y sobrecarga a los maestros, cuya formación principal es pedagógica, no psicológica. Señalan que las capacitaciones se limitan a sesiones mensuales del Consejo Técnico Escolar —de unas pocas horas—, insuficientes para preparar al magisterio en temas complejos como la identificación y acompañamiento de identidades trans.
Docentes consultados expresan preocupación por asumir roles que consideran ajenos a su función principal: enseñar contenidos académicos y preparar a los alumnos en conocimientos básicos. «La escuela debe enfocarse en la enseñanza, no en perfiles psicológicos», coincide un sector del magisterio, que teme confusiones en el aula sin una capacitación profunda.
Expertos en educación inclusiva destacan que, aunque el marco legal obliga a combatir la discriminación, la implementación requiere más recursos y formación continua. Mientras, la SEP insiste en que estas orientaciones son voluntarias pero necesarias para una convivencia respetuosa.
La polémica refleja el debate nacional sobre los límites de la inclusión en las aulas públicas
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