La rebelión contra el dedazo guinda
En el terreno donde la Cuarta Transformación presume su supuesta pureza democrática y el famoso método de las encuestas como bálsamo infalible, la realidad fronteriza se empeña en sacudirse los dogmas. La reciente designación de la senadora con licencia Andrea Chávez Treviño como coordinadora municipal de la Defensa de la Transformación en Ciudad Juárez —un eufemismo partidista para palomear candidaturas a la alcaldía— ha desatado una tormenta interna que promete sacudir los cimientos del lopezobradorismo en Chihuahua.
La chispa que encendió la pradera provino de la Corriente Crítica Institucional de Morena, un sector de la militancia que parece cansado de aplaudir decisiones de cúpula. Con documentos en mano y el reclamo a flor de piel, el activista social y gestor comunitario José Luis Barrios acudió a la sede estatal para entregar un recurso formal —recibido por el diputado local Óscar Avitia— que exige anular el nombramiento de Chávez y mandar a la congeladora el procedimiento interno. El pecado original, según los inconformes, es tan viejo como la política misma: un dedazo nacional ejecutado por la Comisión Nacional de Elecciones que se pasó por el arco del triunfo las bases, las encuestas municipales y el derecho elemental de la militancia a decidir quién encabeza los destinos de la frontera.
La jugada exhibe las contradicciones de un partido donde el discurso de piso parejo suele chocar con la cruda pragmática de las cuotas de poder. Para la corriente crítica, otorgar la coordinación de manera directa a Chávez tras el reacomodo de fichas por la gubernatura es una imposición en lo oscuro que fractura la vida democrática del movimiento y deja tirados en el camino a otros cuadros locales que llevan años sudando la camiseta en las calles juarenses. Mientras la dirigencia nacional se escuda en los vericuetos estatutarios que otorgan facultades extraordinarias a su cúpula para valorar la competitividad territorial, los disidentes advierten que no se quedarán de brazos cruzados.
La batalla promete frentes abiertos en los tribunales electorales y en la arena política. Al final, el fuego amigo en Ciudad Juárez desnuda un síntoma inequívoco: cuando los acuerdos de cúpula atropellan la aspiración de las bases, la llamada austeridad democrática se convierte en un polvorín. Si en Morena pensaban que la plancha territorial avanzaría sin resistencia rumbo al 2027, ya descubrieron que en la frontera el descontento interno tiene memoria larga y muchas ganas de cobrar factura.
El IEE quiere jugar a ser legislador
En la siempre movida aldea política de Chihuahua, donde los dados electorales suelen cargarse antes de abrir las urnas, el Instituto Estatal Electoral (IEE) —encabezado por su consejera presidenta, Yanko Durán Prieto— parece decidido a ponerse la camiseta de director técnico de un solo equipo. La reciente intentona por meter mano en las reglas de paridad y en los codiciados bloques de competitividad ha encendido las alertas en el Congreso local, desatando un choque de trenes donde el blanquiazul ha decidido no quedarse de brazos cruzados.
Alfredo Chávez, el coordinador de los diputados del PAN, salió a la palestra con el hacha afilada y la mira puesta en la presidencia del órgano electoral, exigiendo cuentas claras a Yanko Durán. Y no es para menos. Pretender reescribir desde una oficina administrativa lo que ya pasó por el filtro de los tribunales y el debate legislativo no es solo un exceso de protagonismo; huele a jugada de pizarrón diseñada con tinta guinda. Porque, seamos honestos, en la política mexicana las coincidencias rara vez son milagrosas. Que justo ahora surjan ocurrencias normativas capaces de acomodar el tablero a favor de Morena de cara al 2027 levanta suspicacias hasta en el más ingenuo de los observadores.
Los consejeros electorales, bajo la batuta de Durán Prieto, parecen olvidar que su chamba es arbitrar el juego, no cambiar las reglas a medio partido según sople el viento. Confundir la autonomía con la tentación de convertirse en legisladores de ocurrencia es un lujo que un árbitro imparcial no se puede permitir. Si las reglas ya estaban planchadas y avaladas por los tribunales, ¿a qué obedece este repentino afán de sastrería jurídica para ajustar los bloques de competitividad? ¿Incompetencia técnica o un encargo disfrazado de acuerdo institucional?
Ante este escenario, la respuesta del blanquiazul fue tan pragmática como incómoda para el instituto: sacarle tarjeta amarilla a la presidenta Yanko Durán y exigir su comparecencia ante el Congreso. Ya sea en la Junta de Coordinación Política o frente al Pleno, la titular tendrá que dejar los tecnicismos de café y explicar con peras y manzanas por qué el IEE anda jugando a las vencidas con la división de poderes.
Al final, lo que está en juego no es solo la geometría de las candidaturas o la aritmética de género, sino lo más valioso que le queda a cualquier democracia de simulación: la credibilidad del árbitro. Si el IEE y su cúpula directiva insisten en pitar faltas a conveniencia y mover las porterías antes del silbatazo inicial, lo único que lograrán es que el proceso de 2027 nazca bajo la sombra de la sospecha. Y en política, cuando la confianza se rompe, ni con todo el pegamento institucional del mundo se vuelve a armar el jarrón.
Juicio político en el radar del IEE
En los oscuros pasadizos de la grilla chihuahuense, donde los consejeros electorales a veces confunden sus escritorios con curules legislativas, las advertencias ya no se limitan a un simple tuit o a un comunicado tibio de banqueta. Alex Domínguez, el mandamás del tricolor en el estado, decidió sacar la artillería pesada y poner sobre la mesa una palabra que suele helarle la sangre a cualquier funcionario público que se siente dios en su cubículo: juicio político.
La manzana de la discordia es el famoso proyecto del Instituto Estatal Electoral (IEE), impulsado desde el Consejo Estatal que encabeza la consejera presidenta Yanko Durán Prieto, junto con las consejerías y la Secretaría Ejecutiva, que pretende dictar cátedra y acomodar los sillones del poder legislativo a capricho. Entre las puntadas del árbitro destaca la ocurrencia del artículo 61, que busca reservar de un plumazo nada menos que 23 alcaldías exclusivamente para mujeres. Ojo, nadie discute la bandera de la equidad; lo escandaloso es el camuflaje jurídico con el que el instituto y su cúpula directiva pretenden brincarse al Congreso del Estado, convirtiendo una noble causa en un traje a la medida que huele a intencionalidad política.
Cuando un árbitro decide ponerse los tacos y meterse a la cancha a jugar de delantero, pierde toda autoridad moral. Los artículos del 63 al 68 tampoco se salvan de la quema: acciones afirmativas sacadas de la chistera bajo la batuta de Durán Prieto y los consejeros que integran el órgano, las cuales rozan la ocurrencia y ponen en jaque el frágil equilibrio de la división de poderes. Por eso, el recado de Domínguez fue más derecho que una flecha. Recordó que el artículo 4 de la Ley de Juicio Político no es una pieza de museo, sino una guillotina institucional lista para caer sobre aquellos que cometan violaciones graves a la Constitución o usen indebidamente sus atribuciones.
El mensaje lleva una dosis de sarcasmo involuntario por parte del sistema: mientras los partidos tradicionales se rasgan las vestiduras defendiendo el Estado de derecho, el IEE insiste en actuar como si la ley fuera una sugerencia de sobremesa. Querer legislar por la vía de los acuerdos administrativos no solo es una burla a los diputados, sino una bomba de tiempo para la contienda del 2027.
Al final, la jugada del PRI busca ponerle un alto a los excesos de una burocracia dorada que a veces olvida para quien trabaja. Si en el IEE pensaban que Yanko Durán y compañía podían mover las fichas del tablero electoral sin rendir cuentas, ya se dieron cuenta de que la pista se les puso empinada. Porque en política, el que avisa no es traidor; y en el norte, cuando la ley se defiende con metralla jurídica, los caprichos administrativos suelen terminar archivados en el peor de los rincones.
