Río de Janeiro,, Brasil.- Una megaoperación policial lanzada el martes contra el Comando Vermelho en los complejos de favelas de Penha y Alemão se convirtió en la más sangrienta de la historia de Río de Janeiro, con un saldo confirmado de 121 fallecidos, entre ellos cuatro agentes de seguridad. La Defensoría Pública del estado, encargada de la asistencia legal gratuita, elevó la cifra inicial al constatar el hallazgo de decenas de cuerpos por parte de residentes desesperados, mientras el gobernador Cláudio Castro la ratificó en una rueda de prensa como un «duro golpe a la criminalidad», aunque reconoció discrepancias en los conteos preliminares.
La acción, que involucró a 2.500 efectivos y vehículos blindados en un área de nueve millones de metros cuadrados, buscaba cumplir un centenar de órdenes de prisión contra miembros de la facción criminal más poderosa de Brasil. Sin embargo, los enfrentamientos escalaron con respuestas armadas del Comando Vermelho, que incluyeron bloqueos de vías en la zona norte de la ciudad, paralizando un centenar de líneas de autobuses y obligando al cierre de escuelas y centros de salud, interrupciones que persisten hasta este miércoles.
Residentes convierten una plaza en morgue
En la favela de Penha, uno de los epicentros de la redada, la madrugada del miércoles trajo escenas de horror colectivo: familiares y vecinos, armados solo con linternas y vehículos particulares, irrumpieron en la densa mata de la Serra da Misericórdia para rescatar al menos 74 cadáveres de hombres jóvenes, todos con heridas de bala y algunos desfigurados o decapitados. Estos cuerpos, inicialmente reportados como 55 y luego actualizados, fueron transportados en motos y furgonetas hasta la Praça São Lucas, donde los tendieron uno al lado del otro sobre el asfalto, cubiertos con sábanas y despojados de camisetas para revelar tatuajes y cicatrices que facilitaran su identificación.
El fotógrafo Bruno Itan, nacido en Recife pero criado desde los diez años en el cercano Complexo do Alemão, documentó 24 horas de caos: «Vi cuerpos sin cabeza, sin rostro, sin brazos ni piernas; muchos con facadas, como si no bastaran las balas», relató a BBC Brasil, describiendo un olor a muerte que impregnaba el Hospital Estadual Getúlio Vargas, adonde llegaron oleadas de víctimas envueltas en plásticos. Itan, fundador del proyecto Olhar Complexo para capacitar a jóvenes de favelas en fotografía, vio a madres desmayarse y esposas embarazadas sollozar mientras padres, con los puños cerrados, exigían respuestas. «Aquí no hay pena de muerte, pero los policías deciden quién vive o muere», denunció, criticando una política de seguridad que prioriza la violencia sobre inversiones en educación y salud.
La Defensoría Pública, presente desde el alba en las búsquedas y en los institutos médico-legales, recopiló testimonios de sobrevivientes para «exigir una respuesta institucional ante esta violencia estatal sin precedentes». El Ministerio Público Federal intervino de inmediato, demandando acceso a datos periciales en 48 horas y verificando el cumplimiento de la ADPF 635 del Supremo Tribunal Federal, que obliga a cámaras corporales y ambulancias en operaciones.
El gobernador celebra el «éxito”; la ONU clama por reformas urgentes
Cláudio Castro, gobernador de Río de Janeiro, defendió la redada en una conferencia vespertina como un «éxito rotundo» que cercó a los traficantes en la «mata» mediante la táctica del «Muro do Bope», sin recurrir a helicópteros para minimizar riesgos civiles. Inicialmente, su administración reportó solo 58 muertos –54 sospechosos y cuatro policías–, una cifra que el secretario de Policía Civil, Felipe Curi, elevó a 121 tras integrar los hallazgos de los residentes, aunque prometió investigar un posible «fraude procesual» por la remoción de chalecos antibalas y armas de los cadáveres. El decomiso incluyó 93 fusiles y media tonelada de drogas, con 113 arrestos, 33 de ellos procedentes de estados como Amazonas y Ceará.
La estrategia, parte de la Operación Contención contra la expansión territorial del Comando Vermelho, superó incluso el massacre del Carandiru en 1992, donde murieron 111 presos en São Paulo. Pero el júbilo oficial contrastó con la alarma internacional: el secretario general de la ONU, António Guterres, expresó «extrema preocupación» por el «gran número de óbitos» y exigió una investigación inmediata alineada con los derechos humanos. Su Alto Comisionado, Volker Türk, urgió reformas profundas en el policiamento brasileño para romper el «ciclo de brutalidad extrema», destacando el impacto desproporcional en jóvenes negros de favelas, víctimas de un racismo sistémico que cobra unas 5.000 vidas anuales a manos de agentes.
De la mano dura bolsonarista a las críticas progresistas
La masacre desató una tormenta política que expone las fracturas entre Río y Brasília. La derecha, liderada por el ex presidente Jair Bolsonaro y su hijo Flávio, aplaudió la operación como un modelo de «mano dura», con el legislador expresando «envidia» por bombardeos estadounidenses contra narcos en Colombia y soñando con lo mismo en la bahía de Guanabara. Castro acusó al gobierno Lula de abandonar al estado, alegando que el Ejecutivo federal negó blindados pese a solicitudes, una versión desmentida por el Ministerio de Justicia, que señaló fallos en la coordinación.
Desde la izquierda, activistas y el PT condenaron la «desproporcionalidad» como un mantra, con el presidente Lula –incomunicable por 15 horas durante un viaje asiático– distanciándose del «massacre» estatal, aunque sus recientes palabras equiparando a traficantes con «víctimas de consumidores» avivaron críticas internas. El ministro Ricardo Lewandowski lamentó la falta de protocolos compartidos, mientras el director de la Policía Federal, Andrei Rodrigues, justificó su ausencia por desacuerdos tácticos. Analistas advierten que esta polarización frena un plan nacional contra las facciones, arriesgando una «mexicanización» del país donde el narco gana terreno, en un clima donde «derechos humanos» se asocia peyorativamente con indulgencia hacia el crimen.
La Defensoría y el MPF acompañan las necropsias en el Instituto Médico-Legal del centro, restringido a familias y fiscales, mientras el olor a pólvora y luto persiste en las favelas. En un Río que amanece con escuelas cerradas y buses varados, la pregunta late: ¿golpe al crimen o escalada de un ciclo interminable de violencia?
