Washington, D. C.- El pasado 7 de enero de 2026, Renee Nicole Good, una ciudadana estadounidense de 37 años, madre de familia, poeta y residente reciente de Mineápolis (Minnesota), fue abatida a tiros por el agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) Jonathan Ross durante un operativo migratorio en una calle residencial nevada. El incidente, captado en varios videos, ha desatado protestas nacionales y renovado el debate sobre el uso de la fuerza por parte de agentes federales en la agresiva campaña de deportaciones impulsada por el presidente Donald Trump.
Los documentos internos de capacitación del ICE, revisados por The New York Times, establecen con claridad un protocolo estricto: emplear “fuerza mínima”, priorizar la desescalada, dar órdenes con tono profesional y cortés, y evitar acciones como meter la mano en un vehículo detenido salvo en circunstancias excepcionales. La fuerza letal solo se autoriza cuando exista peligro inminente de muerte o lesiones graves para el agente o terceros. La “continuidad del uso de la fuerza” comienza con presencia profesional, pasa por órdenes verbales, técnicas suaves (puntos de presión, agentes químicos), técnicas duras (golpes, armas de impacto) y culmina, como último recurso, en medidas letales.}
Sin embargo, la respuesta oficial a la muerte de Good contradice estos lineamientos. El presidente Trump, el vicepresidente JD Vance y altos funcionarios como Stephen Miller han calificado al agente como “héroe” y declarado que goza de “inmunidad absoluta” para cumplir sus funciones. Vance afirmó explícitamente: “Ese tipo está protegido por inmunidad absoluta. Estaba haciendo su trabajo”. El Departamento de Seguridad Nacional difundió mensajes recordando a los agentes que nadie —ni autoridades locales, ni “extranjeros ilegales”, ni “agitadores izquierdistas”— puede obstaculizar su labor.
Un giro hacia la agresividad tolerada
Un alto funcionario del ICE había instruido semanas antes a los agentes a tomar “medidas decisivas” ante cualquier amenaza percibida. Tras el tiroteo, la Casa Blanca y el DHS defendieron la acción como legítima defensa propia, aunque un análisis de video del Times sugiere que Good giró su vehículo para alejarse del agente, no para atropellarlo. El Departamento de Justicia descartó abrir una investigación por violación de derechos civiles contra el agente Ross y, en cambio, anunció indagatorias contra la viuda de Good y grupos que monitorean acciones del ICE.
La expansión acelerada del ICE —con duplicación de efectivos gracias a miles de millones de dólares en fondos— ha implicado recortes en ciertos entrenamientos, incluido el manejo de detenciones vehiculares, según fuentes internas. Aunque el DHS lo niega, la agencia históricamente se enfocaba en arrestos selectivos, no en operativos masivos en zonas urbanas que generan confrontaciones con multitudes. Muchos agentes carecen de preparación específica para control de disturbios.
Las tensiones en Mineápolis escalaron tras el hecho: otro agente federal hirió a un atacante y hubo choques con manifestantes. El gobernador Tim Walz, el alcalde Jacob Frey y legisladores demócratas han exigido el retiro de ICE del estado, mientras que Trump prometió “ajuste de cuentas” y envío de más agentes.
Expertos advierten que la retórica de “inmunidad absoluta” es exagerada: los agentes federales no poseen protección total ante cargos estatales o federales, aunque la cláusula de supremacía constitucional dificulta procesamientos locales. Aun así, la ausencia de investigación independiente y la defensa incondicional desde la Casa Blanca envían un mensaje claro: el gobierno tolera —y en ocasiones alienta— tácticas más agresivas, incluso cuando contradicen las propias directrices internas de la agencia.
El caso de Renee Good, ocurrida en la misma ciudad donde George Floyd perdió la vida en 2020, ilustra los riesgos de una política migratoria que prioriza la rapidez y la disuasión sobre la contención y la rendición de cuentas. Mientras las protestas persisten y auditorías internas del inspector general examinan los procesos de capacitación y disciplina del ICE, la pregunta central permanece: ¿hasta dónde llega la impunidad cuando la fuerza letal deja de ser el último recurso y se convierte en el avalado desde la cima del poder?
Autor
PUBLICIDAD
