Jáuregui: «Hasta donde tope»
César Jáuregui Moreno parece haber decidido que en política también hay ofertas que conviene rechazar. Según una versión publicada este jueves, al aspirante panista a la Presidencia Municipal de Chihuahua le habrían ofrecido dos salidas para abandonar la carrera por la alcaldía: la candidatura por el sexto distrito federal o el primer lugar de la lista plurinominal del PAN. Jáuregui habría dicho que no.
La respuesta del exfiscal es congruente con lo que viene sosteniendo desde que formalizó su registro para competir por la candidatura panista a la alcaldía. En agosto declaró que su apuesta era Chihuahua capital y que, si el PAN no lo elegía, no buscaría otro cargo. Incluso afirmó: “Es Chihuahua capital o nada”.
Ahora, ante la versión del supuesto ofrecimiento, la posición atribuida a Jáuregui vuelve a ser la misma: quiere competir “hasta donde tope”. No parece dispuesto a aceptar un dulce político que, aunque atractivo en lo personal, significaría abandonar la disputa antes de que el PAN defina quién tiene las mejores condiciones para contender por la capital.
Aquí aparece la parte interesante del asunto. Si realmente existió el ofrecimiento, la pregunta no es solamente quién se lo hizo, sino para qué. Una candidatura al sexto distrito puede ser una salida decorosa. Pero el primer lugar de las plurinominales tiene otra lectura: garantiza prácticamente una curul sin necesidad de enfrentar una elección de mayoría relativa y, al mismo tiempo, saca de la competencia municipal a un aspirante que ha decidido no retirarse.
Y aquí conviene poner las cosas en su sitio. Maru Campos puede tener peso político dentro del PAN de Chihuahua, puede influir, negociar, persuadir y construir acuerdos. Pero no está en sus manos decidir unilateralmente quién ocupa el primer lugar de una lista plurinominal federal.
El propio reglamento panista establece que las designaciones de los primeros tres lugares de las listas de diputaciones federales de representación proporcional corresponden a la Comisión Permanente del Consejo Nacional. Por eso, presentar una eventual plurinominal como una decisión directa de la gobernadora sería atribuirle una facultad que formalmente corresponde a los órganos nacionales del partido.
Eso no significa que el gobernador de un estado carezca de influencia. En política partidista una cosa es la facultad estatutaria y otra el peso político para impulsar o frenar nombres. Pero son asuntos distintos.
Por eso, si Jáuregui efectivamente rechazó la propuesta, el mensaje político es claro: no quiere que le resuelvan la carrera por la puerta lateral. Quiere jugar la partida por la alcaldía y que, como él mismo ha planteado, sean las mediciones, el panismo y los ciudadanos quienes determinen quién tiene el respaldo para encabezar al PAN en Chihuahua.
Y si el ofrecimiento existió, falta saber quién puso el dulce sobre la mesa.
Incongruente Corral: Acosta Felix
Héctor Acosta Félix puso el dedo en una de las contradicciones más incómodas del discurso político de Javier Corral: el exgobernador cuestiona el fuero cuando se plantea otorgarlo al titular de la Auditoría Superior del Estado, pero al mismo tiempo se beneficia de esa protección constitucional como senador de la República para evitar que avance una orden de aprehensión en su contra.
El señalamiento del auditor superior no es menor, porque Acosta Félix conoce desde el origen el expediente que terminó convirtiéndose en uno de los principales problemas judiciales del exgobernador. La ASE presentó en enero de 2023 una denuncia relacionada con presuntas irregularidades en la reestructuración de la deuda pública estatal. La investigación derivó en la acusación por peculado agravado por 98 millones 600 mil pesos y, posteriormente, en una orden de aprehensión librada en agosto de 2024.
El dato político más incómodo es que la cifra no salió de una disputa mediática entre Corral y sus adversarios. Fue resultado de una revisión de la propia Auditoría. De acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción, se trató de dos pagos de 49 millones 300 mil pesos cada uno, realizados en diciembre de 2019 y agosto de 2020 a un despacho privado, supuestamente para trabajos relacionados con el refinanciamiento de la deuda.
Ahí aparece la ironía que Acosta Félix decidió explotar.
Corral ha sostenido que esos recursos correspondían a participaciones federales y que, por ello, la revisión no correspondía a la Auditoría estatal. Pero Acosta Félix le recordó que durante su propio gobierno se utilizaron argumentos similares para fiscalizar recursos y construir señalamientos contra funcionarios de la administración de César Duarte.
“Cuando él era gobernador, esos mismos recursos fueron los que auditó para acusar los presuntos desvíos del sexenio de César Duarte”, señaló el auditor. Y remató con una frase que resume la contradicción política: “Lo incongruente es que sea ese mismo fuero el que él utiliza para evitar la ejecución de una orden de aprehensión”.
La paradoja es clara. Quien construyó buena parte de su discurso público alrededor del combate a la corrupción y contra los privilegios institucionales, ahora encuentra en uno de esos mecanismos constitucionales el muro que le permite enfrentar desde otra posición una acusación penal.
Y Acosta Félix, que conoce el expediente desde la auditoría que lo originó, aprovechó la ocasión para plantear una pregunta difícil de esquivar: si el fuero puede ser cuestionable cuando protege a un auditor, ¿por qué deja de serlo cuando protege a un senador?
El músculo de Adrián en Nuevo Léon
El segundo informe de Adrián de la Garza dejó de ser, por unas horas, un informe municipal. En el Pabellón M se convirtió en una fotografía anticipada de la elección de 2027. Las expresiones de “¡gobernador, gobernador!” acompañaron al alcalde de Monterrey, mientras en el recinto aparecían los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón, los dirigentes nacionales del PRI y del PAN, exgobernadores, legisladores, empresarios y figuras de primer nivel de la política nacional.
La presencia de los exgobernadores tiene un significado especial. En el acto estuvieron Fernando Canales Clariond, Sócrates Rizzo García, Natividad González Parás y Benjamín Clariond Reyes-Retana, cuatro expresidentes estatales que representan distintas etapas del priismo nuevoleonés y que, juntos, aportan una dimensión histórica a la fotografía política de Adrián.
Y no fue solamente una reunión de exgobernadores. En primera fila estuvieron Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, y Jorge Romero, presidente nacional del PAN. También Ricardo Anaya, Xóchitl Gálvez, Santiago Creel, Kenia López Rabadán, Santiago Taboada, Margarita Zavala y otras figuras nacionales.
Dicho sin rodeos: si alguien todavía quiere creer que el PRI y el PAN caminan por senderos separados en Nuevo León rumbo a 2027, tendrá que explicar primero esa fotografía.
Adrián no necesitó pronunciar la palabra candidatura. Ni siquiera tuvo que decir que quiere ser gobernador. El ambiente se encargó de hacerlo por él.
Su discurso, además, tuvo frases que pueden leerse perfectamente en clave electoral. Habló de recuperar “la gobernanza participativa, la confianza, el orden y el orgullo” de Nuevo León y llamó a dejar atrás “la irresponsabilidad, la improvisación, lo superficial” para recuperar el valor de la palabra y hacer nuevamente del estado “sinónimo de seriedad, rumbo y resultados”.
En otro momento fue todavía más explícito al hablar de la unidad: “Aunque hay quienes buscan dividirnos, somos más los que queremos sacar adelante nuestra ciudad, nuestro estado y nuestro país: somos todos un equipo porque están aquí conmigo”.
La frase adquiere especial significado cuando alrededor de él están sentados los presidentes nacionales de los dos partidos que podrían construir la alianza opositora.
Morena juega a perder
Y mientras el PRI y el PAN enseñaban músculo, Morena tomó una decisión que modificó por completo el tablero. El partido eligió a Clara Luz Flores como su coordinadora estatal rumbo a 2027. El problema político no está en negar su trayectoria, sino en observar las preferencias que tenían otros aspirantes antes de la definición. Porque no fueron solamente Waldo Fernández y Tatiana Clouthier. También Andrés Mijes aparecía por encima de Clara Luz en varias mediciones, es decir, Morena no dejó fuera únicamente a dos perfiles competitivos. También dejó fuera a quien en distintas encuestas aparecía como el aspirante morenista mejor posicionado.
Ahí está una de las paradojas de la decisión. Morena terminó seleccionando a una mujer en un estado donde la discusión sobre género era inevitable, pero Clara Luz no era necesariamente la mujer mejor posicionada en las mediciones públicas. La selección, por tanto, no puede analizarse solamente desde la popularidad individual: también obliga a revisar el método político mediante el cual Morena llegó a esa definición.
Mientras tanto, Movimiento Ciudadano tiene perfectamente identificada su apuesta para la gubernatura: Mariana Rodríguez. No importa que en agosto Mariana haya utilizado un discurso de cautela respecto de la candidatura. La dirigencia de MC la ha colocado como su figura central para la sucesión y el partido ha venido construyendo alrededor de su nombre el escenario de 2027. La discusión ya no consiste en descubrir a quién quiere MC, sino en observar cómo construirá la candidatura de quien el partido pretende llevar a la gubernatura.
Así comienza a dibujarse una contienda de tres bandas: Adrián de la Garza por el espacio PRI-PAN, Clara Luz Flores por Morena y Mariana Rodríguez por Movimiento Ciudadano.
Pero es precisamente aquí donde aparece la contradicción más incómoda para el discurso de Palacio Nacional. Claudia Sheinbaum ha sido categórica cuando se refiere a la sucesión familiar. El 23 de junio sostuvo: “No estoy de acuerdo en que un familiar herede su puesto”. También rechazó que la paridad de género pueda utilizarse como argumento para que un familiar suceda a otro.
La declaración es suficientemente clara. El problema es que el mapa político de 2027 está lleno de situaciones que obligan a revisar esa narrativa. En San Luis Potosí apareció el caso de Ruth González, esposa del gobernador Ricardo Gallardo. El episodio dejó expuesta la tensión entre el discurso presidencial y la dinámica de los grupos políticos locales y morena lanza a un perfil perdedor, lo cual pone en entredicho la sinceridad de Sheinbaum o su liderazgo, nos inclinamos por la primera posibilidad.
En Zacatecas el asunto es todavía más delicado. Morena designó a Verónica Díaz como coordinadora rumbo a 2027. Díaz fue esposa de Luis Enrique Monreal, hermano de David Monreal, actual gobernador, y de Ricardo Monreal. La decisión provocó cuestionamientos precisamente por la cercanía de la nueva responsable del proceso morenista con una familia que lleva años ocupando posiciones centrales en la política zacatecana.
Y Nuevo León agrega ahora una pieza particularmente sensible. Porque Mariana Rodríguez no es simplemente otra aspirante de MC. Es la esposa del gobernador Samuel García. De modo que la discusión sobre la continuidad familiar en el poder dejó de ser una cuestión abstracta. Está colocada en el centro mismo de una de las elecciones más importantes de 2027.
Aparece el prian
El intento de allanar el camino a la esposa del gobernador enfrenta, sin embargo, un problema político evidente: la fotografía del segundo informe de Adrián de la Garza.
Ahí estaban Fox y Calderón. Ahí estaban los dirigentes nacionales del PRI y del PAN. Ahí estaban exgobernadores de Nuevo León. Ahí estaban Xóchitl Gálvez, Ricardo Anaya, Santiago Creel y otras figuras de la oposición.
Y, sobre todo, estaba un alcalde que recibió gritos de “¡gobernador!” y que terminó su discurso hablando de recuperar el rumbo, la seriedad y los resultados.
El informe no decidió la elección de 2027. Tampoco demuestra por sí solo que PRI y PAN hayan cerrado formalmente una alianza. Pero sí mostró algo mucho más tangible: el bloque opositor ya está construyendo una fotografía de poder alrededor de Adrián de la Garza.
Morena escogió a Clara Luz, pese a que Mijes, Waldo y Tatiana aparecían competitivos en distintas mediciones. MC tiene en Mariana Rodríguez su apuesta para la gubernatura. Y el PRI y el PAN enseñaron juntos un músculo político que difícilmente puede explicarse como una simple coincidencia protocolaria.
Todavía falta mucho para 2027. Pero en Monterrey ya comenzaron a acomodarse las piezas. Y esta vez, el informe municipal tuvo mucho más de sucesión estatal que de rendición de cuentas.
