Inminente el destape de Morena
El proceso interno de Morena en Chihuahua rumbo a la gubernatura de 2027 ha entrado en una fase de alta tensión. Los grupos políticos alineados con la senadora Andrea Chávez han intensificado su activismo territorial y mediático ante los presagios y filtraciones que apuntan hacia una inminente resolución favorable para el alcalde con licencia de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar.
Esta pugna refleja la complejidad de conciliar liderazgos fuertes dentro del partido guinda. Mientras que Pérez Cuéllar ha consolidado presencia y respaldo en diversas mediciones locales, el bloque afín a Chávez busca desacreditar la narrativa de un triunfo inevitable mediante movilizaciones, posicionamientos públicos y el respaldo de aliados estratégicos. El objetivo principal de este activismo a contrarreloj es presionar a la dirigencia nacional para abrir el margen de discusión y frenar cualquier definición oficial antes de que se consideren todas las correlaciones de fuerza interna.
La principal arma de esta larga y cruenta lucha es posicionar a Pérez Cuéllar como un corrupto, fama que ciertamente tiene en la ciudad fronteriza de la cual es alcalde con licencia y que se encarga de remarcar todos los días en la Ciudad de México, su compadre el senador Javier Corral, a quien le va la libertad en ello. Cruz en la gubernatura lo lleva a la cárcel
El trasfondo de esta confrontación no solo evidencia una fractura entre los principales aspirantes, sino también la intervención de actores externos al círculo puro de Morena, como expresiones partidistas aliadas y figuras de peso político regional que han manifestado reservas sobre el rumbo de la candidatura. Para el morenismo chihuahuense, el reto radica en administrar la intensidad de esta competencia sin fracturar la base militante, ya que la antesala de la elección de 2027 exige cohesión frente a la oposición.
Conforme se acerquen los días para definir la coordinación estatal, los equipos de ambos contendientes mantendrán una disputa férrea. Los simpatizantes de Andrea Chávez apuestan por mantener viva su narrativa de competitividad para evitar un dedazo o una resolución prematura, mientras que el entorno de Cruz Pérez Cuéllar confía en que el peso operativo de su estructura y la acción a su favor de Ariadna Montiel terminen por planchar el camino hacia la nominación oficial.
El PT se dice relegado
La coalición gobernante enfrenta su momento de mayor tensión política rumbo a los procesos electorales de 2027. Lo que busca el Partido del Trabajo con esta estrategia es muy claro: frenar el avasallamiento territorial de Morena y garantizar cuotas de poder real, incluyendo candidaturas, posiciones en alcaldías, diputaciones locales y espacios en las negociaciones de las 17 gubernaturas en disputa para 2027, todo esto antes de que los dados estén completamente cargados.
La disputa escaló luego de que la diputada chihuahuense Lilia Aguilar denunciara que su instituto político lleva semanas fuera de la mesa nacional de candidaturas. Ante este escenario, la legisladora fue clara al señalar que el partido desconoce las designaciones unilaterales:
«El PT desconoce las coordinaciones de Morena al ser excluidos de los sondeos estatales».
La inconformidad no es menor. Los reclamos apuntan a que los procesos internos y las encuestas carecen de transparencia y de mecanismos reales de participación para los aliados. En el plano estatal, esta tensión se cruza con las definiciones territoriales, ya que el PT se ha colocado de manera abierta a favor de las aspiraciones de Andrea Chávez Treviño en Chihuahua, confrontando los proyectos de otras fuerzas aliadas dentro de la misma coalición.
Para el bloque petista, las decisiones tomadas desde las oficinas centrales de Morena buscan avasallar el peso político regional que han construido durante años.
Por su parte, el coordinador de los diputados petistas, Reginaldo Sandoval, elevó el nivel de la advertencia al poner sobre la mesa el impacto electoral real que tendría una ruptura parcial o total de la alianza. El legislador admitió que aunque su estructura enfrenta retos para ganar ciertos espacios en solitario, su caudal de votos es determinante para inclinar la balanza en contra del partido oficial:
«No nos da para ganar una gubernatura, pero sí nos da para hacer perder siete, ocho, hasta 12».
Sandoval recordó también que la fuerza de la coalición en el Congreso federal depende de los acuerdos legislativos conjuntos, enfatizando que sin su participación no se alcanzan las mayorías calificadas necesarias.
Esta estrategia busca sacudir la mesa de negociación y obligar a una revisión profunda de los acuerdos territoriales. El mensaje del Partido del Trabajo funciona como una advertencia clara: la sobrevivencia política de la coalición exige respeto e inclusión real, o el costo electoral se pagará en las urnas del próximo proceso electoral.
Jáuregui: Apache en pie de guerra
La política en la ciudad de Chihuahua vive un momento de máxima tensión con una ruptura franca y abierta entre César Jáuregui y la gobernadora Maru Campos. En medio de este escenario, la figura de Marco Bonilla se fortalece de manera natural de cara a las fechas navideñas, perfilándose hacia diciembre como el candidato oficial de un gran frente amplio formado por el PAN y el PRI, pero respetar a ser el candidato para actuar de mediador, puede ser tarde.
Este conflicto descansa en dos puntos clave que explican el tamaño de la batalla. Por un lado, César Jáuregui actúa como un apache en pie de guerra que se niega rotundamente a abandonar la contienda por la alcaldía, a pesar de que la gobernadora le sube la temperatura a la presión política al máximo. Maru Campos ha movido sus fichas y a sus columnistas favoritos para sembrar la narrativa de que Jáuregui es un candidato inviable debido a un supuesto proceso legal en su contra.
Sin embargo, la realidad es muy distinta y operan otros intereses. La administración federal no tiene ningún interés real en perseguir a funcionarios locales por el caso del narcolaboratorio. La información real sobre la presencia de agentes de la CIA en la sierra ya fue entregada por el propio Departamento de Estado de los Estados Unidos y reservada por cinco años. Todo este montaje de persecución judicial no es más que el petate del muerto, un ardid mediático que muestra hasta dónde es capaz de llegar la gobernadora con tal de imponer a Santiago de la Peña en la posición.
Aquí es donde entra la segunda parte de la tesis fundamental y el factor más delicado de la ecuación: el principal interesado en que esto se resuelva es Marco Bonilla. A diferencia de Maru Campos, a quien el sexenio se le termina y ya se va, Bonilla es quien se queda con la responsabilidad directa de construir el futuro político del estado y ganar la gubernatura. Si los pleitos internos se descuidan, el fuego amigo podría provocar que él simplemente no llegue.
En este terreno, las disputas mal atendidas dejan heridas tan profundas que —en el plano metafórico— tardan más de quince días en sanar y, si no se interviene a la brevedad, escalan hasta convertirse en esos conflictos graves que luego la ley persigue de oficio, destruyendo al partido desde adentro.
Para evitar una catástrofe que entregue la plaza sin disparar un tiro, el proceso debe conducirse con absoluta seriedad y piso parejo. Tiene que quedar demostrado de manera fehaciente que el abanderado sea el más competitivo, sin importar si resulta ser César Jáuregui, Santiago de la Peña o Manque Granados. La imposición ciega solo acelera el desastre.
El calendario electoral avanza inexorablemente y el tiempo juega un papel crítico. Todo apunta a que la decisión final se alargará hasta los días cercanos a la Navidad. Hacia ese mes, la tensión alcanzará su punto de ebullición, generando un desgaste interno masivo. Si Marco Bonilla asume con firmeza el rol de operador principal y frena el conflicto antes de que la fractura sea letal, el frente amplio llegará consolidado. De lo contrario, los costos de la cerrazón terminarán cobrándole la gubernatura a quien verdaderamente tiene algo que perder.
Mápula y los ecos de la sucesión
El debate sobre la compra del predio de Mápula, proyectado para fungir como el nuevo relleno sanitario de la capital, escaló a un terreno estrictamente político tras el posicionamiento del regidor morenista Hugo González en el Cabildo de Chihuahua. Al señalar un presunto vínculo entre los antiguos propietarios del terreno y un hermano del secretario del Ayuntamiento, Santiago de la Peña, el edil colocó sobre la mesa un posible conflicto de interés que trasciende el ámbito administrativo municipal.
Desde la perspectiva del procedimiento legal, toda acusación de esta naturaleza exige un rigor probatorio indispensable. Hasta el momento, el señalamiento del regidor funciona como una denuncia pública y un recurso de exigencia opositora. Conforme a derecho, la existencia de un conflicto de interés no se demuestra con menciones nominales en sesiones edilicias, sino mediante actas constitutivas, folios reales del Registro Público de la Propiedad, contratos de compraventa y rastreos financieros que corroboren una triangulación o beneficio indebido.
La clasificación previa de información sobre el proyecto por parte de la autoridad municipal ha entorpecido la fiscalización abierta, obligando a la oposición a recurrir a instancias formales como el Órgano Interno de Control y la Fiscalía Anticorrupción para intentar acceder a los expedientes completos.
No obstante, el impacto del discurso de Hugo González opera más allá de su comprobación jurídica inmediata. Voluntaria o involuntariamente, el regidor de oposición incide de manera directa en la disputa interna del Partido Acción Nacional rumbo a la alcaldía de Chihuahua. Al apuntar hacia el entorno familiar de Santiago de la Peña —uno de los activos políticos más visibles del gabinete estatal y pieza clave vinculada al grupo compacto de la gobernadora Maru Campos—, el señalamiento percute justo en la línea de flotación del aspirante afin a la mandataria.
Cualquier cuestionamiento sobre opacidad, negocios inmobiliarios o conflictos de interés en una obra insignia de la administración local debilita la narrativa de probidad que exige una sucesión municipal competida. Así, aunque la motivación formal de la oposición sea fiscalizar los recursos públicos y el retraso del proyecto de Mápula, el efecto colateral sacude las alianzas y las aspiraciones sucesorias del panismo estatal, convirtiendo un diferendo técnico sobre un terreno rural en un misil dentro de la disputa por el poder político local.
