WASHINGTON,D.C. — Sus historiales llaman la atención, y no precisamente por méritos. Dos bancarrotas y seis empleos en agencias policiales en solo tres años. Una acusación de falsear un informe para justificar un cargo grave contra una mujer inocente. Otro que no se graduó en la academia de policía y duró apenas tres semanas en su único puesto como agente.
Todos ellos fueron contratados recientemente por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante una campaña de reclutamiento sin precedentes: 12,000 nuevos agentes y agentes especiales para duplicar su plantilla. La expansión, financiada con una asignación extraordinaria de 75,000 millones de dólares del Congreso, busca ejecutar la política de deportaciones a gran escala del presidente Donald Trump.
La prisa por incorporar personal ha generado críticas. Expertos y exfuncionarios advierten que verificaciones de antecedentes aceleradas aumentan el riesgo de contratar a personas con problemas financieros, legales o de conducta, lo que podría exponer a la agencia a demandas por abuso de poder o uso excesivo de la fuerza.
“Si la verificación de seguridad se hace de forma apresurada, hay mayor riesgo de responsabilidad civil por comportamiento indebido y de que el personal no cumpla adecuadamente con su misión”, señaló Claire Trickler-McNulty, exfuncionaria del ICE durante administraciones de Barack Obama, Donald Trump y Joe Biden.
La agencia asegura que la mayoría de los nuevos empleados son policías o exmilitares con antecedentes verificados. Sin embargo, una investigación de The Associated Press identificó casos de solicitantes con irregularidades que fueron contratados pese a su historial o antes de completar revisiones a fondo.
Entre los ejemplos figura Gregory Donnell Morgan Jr., acusado recientemente de agresión agravada por supuestamente apuntar su arma contra los ocupantes de un vehículo en una autopista cerca de Minneapolis en febrero. Registros de Maryland revelan problemas financieros previos. Morgan trabajó solo seis semanas como recluta en el departamento de policía de Alexandria, Virginia, en 2022, sin completar la formación, según confirmó una portavoz.
Otro caso es Carmine Gurliacci, de 46 años, quien se incorporó al ICE en Atlanta en diciembre tras renunciar como policía en Richmond Hill, Georgia. Gurliacci se declaró en bancarrota en 2022 —sin ingresos, desempleado dos años y viviendo con un amigo a cambio de tareas domésticas— y acumuló deudas por decenas de miles de dólares, incluidos préstamos y manutención infantil. Ya había declarado bancarrota en Nueva York en 2013, con 95,000 dólares en deudas. Después trabajó en seis agencias policiales de Georgia en tres años, renunciando a cada una.
Problemas financieros graves como estos representan “una enorme señal de alerta”, porque pueden hacer vulnerables a los agentes a sobornos o extorsión, según Trickler-McNulty.Andrew Penland, de 29 años, renunció como policía en el condado de Greenwood, Kansas, para unirse al ICE. En su anterior empleo enfrentó una demanda por arrestar a una mujer, June Bench, con acusaciones falsas en 2022. El condado pagó 75,000 dólares para resolver el caso. Bench relató que Penland la detuvo por un supuesto delito grave de agresión pese a que el video de vigilancia contradecía su informe. “Eso me asusta. Él abusa de su poder”, dijo Bench al enterarse de su contratación en ICE.
Un tercer agente, Antonio Barrett, no completó inicialmente la academia de policía en Colorado en 2020 y solo duró tres semanas en su único trabajo como oficial en La Junta. Antes fue agente penitenciario y enfrentó —aunque fue desestimada— una demanda por uso excesivo de la fuerza contra un recluso.
El director interino del ICE, Todd Lyons, defendió la campaña de contratación, que recibió más de 220,000 solicitudes, y aseguró que se verificaron antecedentes de seguridad. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) reconoció que algunos iniciaron con “cartas de selección provisional” antes de la verificación completa, pero insistió en que se trata de un proceso continuo.
Expertos como Marshall Jones, del Instituto Tecnológico de Florida, señalan que en contrataciones masivas siempre surgen “casos atípicos”, pero la pregunta es si se trata de excepciones normales o de un problema sistémico en las revisiones.
Un exinstructor de la academia del ICE, Ryan Schwank, criticó que se redujo el entrenamiento en uso de la fuerza, manejo de armas y derechos de manifestantes, y mencionó reclutas jóvenes sin experiencia ni título universitario.
El ICE protege la identidad de sus agentes para evitar acoso, lo que dificulta un escrutinio completo. La AP revisó perfiles públicos de más de 40 nuevos empleados en LinkedIn y consultó registros judiciales y laborales. La mayoría eran hombres con trayectorias convencionales, pero varios presentaban deudas, bancarrotas o demandas previas por mala conducta.
La agencia negó haber bajado estándares de capacitación y afirmó que los nuevos reclutas reciben 56 días de entrenamiento básico más 28 días específicos, y que la mayoría ya tenía formación policial.
La rápida expansión de ICE ocurre en medio de incidentes de alto perfil que han puesto bajo la lupa el uso de la fuerza por parte de sus agentes.
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