KINSHASA, República Democrática del Congo. — Un grupo de unas 15 personas originarias de Latinoamérica, deportadas desde Estados Unidos, aterrizó en la madrugada del viernes en Kinshasa, capital de la República Democrática del Congo.
Se trata del primer envío de migrantes a este país africano bajo un acuerdo de “terceros países” impulsado por la administración del presidente Donald Trump, diseñado para acelerar las expulsiones de personas que no pueden ser devueltas directamente a sus naciones de origen.
La abogada estadounidense Alma David, quien representa a uno de los deportados, confirmó las llegadas a The Associated Press. Según David, todos los migrantes cuentan con protección legal otorgada por jueces en Estados Unidos que impedía su retorno a sus países. Indicó que permanecerán en Congo por un periodo breve y se encuentran alojados en un hotel de la capital.
Un funcionario de la agencia congoleña de migración verificó el arribo, aunque sin ofrecer más detalles. La Organización Internacional para las Migraciones (OIM), agencia de la ONU, brindará asistencia humanitaria a solicitud del gobierno congoleño y podría facilitar un “retorno voluntario asistido”, que según la OIM debe ser estrictamente voluntario y basado en consentimiento informado.
David expresó preocupación por esta modalidad: “Es alarmante que se ofrezca un retorno ‘voluntario’ después de que estas personas pasaron meses en detención luchando por no regresar a sus países”.
El Ministerio de Comunicación de Congo anunció a principios de abril un acuerdo “temporal” con Washington. El gobierno congoleño subrayó que no asumirá costos, que Estados Unidos cubrirá la logística y que cada caso será revisado individualmente según las leyes locales y requisitos de seguridad nacional. No se prevé un traslado automático a los países de origen.
Este es el más reciente de al menos ocho acuerdos similares firmados por la administración Trump con naciones africanas. Según un informe demócrata del Senado de EE.UU., Washington ha gastado al menos 40 millones de dólares para deportar alrededor de 300 migrantes a terceros países hasta inicios de 2026.
Abogados y organizaciones de derechos humanos han cuestionado estos pactos, especialmente con gobiernos que registran antecedentes problemáticos en materia de derechos humanos. El caso genera dudas sobre el respeto a las protecciones internacionales de los migrantes y el uso de acuerdos migratorios como herramienta de política exterior.
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