Golpe de Estado en el Virreinato o el Otro 16 de Septiembre

Investigación y edición de José Luis Muñoz Pérez

Todos los mexicanos tenemos en mente el 16 de Septiembre  como la fecha conmemorativa de la  Independencia Nacional, pero muy poco se  ha difundido que cuando el famoso Grito de Dolores desde hacía un par de años ya era una efeméride histórica en la Nueva España. Efectivamente, el mismo día, pero de 1808,  también antes de que despuntara el amanecer, fue depuesto por la fuerza de las armas el virrey José de Iturrigaray en un  golpe de estado  en la Ciudad de México.

Pero no fueron insurgentes independentistas quienes lo ejecutaron, y tampoco fue el ejército, sino todo lo contrario. Fue obra de particulares, encumbrados peninsulares radicados en la Nueva España  que temieron que las autoridades encabezadas por el  Virrey Iturrigaray intentaran hacerse del poder autónomamente desconociendo al entonces Rey de España, el usurpador José Bonaparte, al que unos y otros novohispanos detestaban por igual y que había sido coronado por su hermano Napoleón, con la anuencia obligada de  Carlos IV, el rey por derecho -quien había otorgado legítimamente el nombramiento a Iturrigaray-  y el insólito y cobarde aplauso de su hijo Fernando VII, también rey.

Enredada situación, sin duda,  cuyo relato emprenderemos hoy.

El tema central  de esta entrega es, como dijimos,  la efeméride del 16 de Septiembre de 1808, conocida históricamente como El Golpe de Yermo. Y por supuesto es necesario comenzar por los antecedentes. No es fácil elegir a cuál remontarnos puesto que la historia es una concatenación de acontecimientos que siempre se preceden y suceden uno al otro. Empezaremos por la mañana del 27 de octubre de 1807, día  que registró dos memorables sucesos. Uno fue la firma del Tratado de Fointainebleau  mediante el cual la corona española otorgaba su anuencia al poderoso emperador francés para que sus tropas cruzaran el país a fin

de invadir Portugal, aunque los

ejércitos franceses ya habían comenzado a cruzar la frontera desde más de una semana antes, el día 18. Tremendo error que Napoleón aprovechó alevosamente para quedarse con España. El otro, un sorprendente drama en la familia real de  Carlos IV, desatado cuando Su Majestad encontró sobre su escritorio un papel dejado allí por mano incógnita. Cuenta el historiador y biógrafo Emilio La Parra que en él decía “que el príncipe Fernando preparaba un movimiento en palacio, que peligraba su corona, y que la reina María Luisa podía correr un grande riesgo de morir envenenada; que urgía impedir aquel intento sin dejar perderse un instante, y que el vasallo fiel que daba aquel aviso no se encontraba en posición ni en circunstancias para poder cumplir de otra manera sus deberes”.

Se trataba ni más ni menos de la denuncia de una conspiración encabezada por el Príncipe de Asturias y por tanto heredero de la corona, para destronar al rey, su padre.

La trama pretendía comenzar por la destitución y encarcelamiento del poderoso valido  Manuel Godoy, primer ministro y jefe de los ejércitos del reino, verdadero poder tras el trono y  de quien miles de súbditos decían era amante de la reina. Un par de meses atrás Godoy había recibido el título de Almirante General de España e Indias,  con el añadido de Protector del Comercio Marítimo,​ lo que le confería el tratamiento de «alteza», y «la preferencia sobre toda clase de personas, después de los Infantes de España».

Era pues Godoy el indiscutible favorito del rey en el ejercicio del poder y su opinión pesaba sobre cualquier otra, lo que no soportaba el príncipe heredero. Su ascenso meteórico lo atribuyen algunos a las relaciones que supo entablar hábilmente con la familia real, pero también a la necesidad de la corte de contar con un funcionario de absoluta confianza y ajeno a las redes de intereses de sus antecesores, los condes de Floridablanca y de Aranda. Lo cierto es que Godoy sorprendió a propios y extraños por su gran tacto, al menos al inicio de su gestión. Ciertamente era efectivo y eficaz para el gusto del monarca, que prefería no enterarse de mucho, pero jamás podrá decirse que altamente eficiente y mucho menos impecable. Baste decir que promovió una alianza con Inglaterra para hacer la guerra contra Francia en 1795 y luego una alianza con Francia para hacer la guerra contra Inglaterra y las perdió las dos. Incluye esto la gran derrota de Trafalgar, cuando en el Estrecho de Gibraltar la llamada Armada Invencible, unión de las temidas flotas de España y Francia enfrentaron juntas a Inglaterra y fueron humillantemente derrotadas por el Almirante Horatio Nelson, quien con 27 barcos destrozó a los aliados que utilizaron en la batalla 33. Españoles y franceses perdieron 18 barcos y los ingleses ninguno. Mil 500 marineros británicos resultaron muertos o heridos por 14 mil de las flotas hasta entonces “invencibles”.

Nelson ya había derrotado a Napoleón en Egipto al comenzar el mes de agosto de 1798, cuando el corso era un joven general en ascenso. Al mando de una escuadra inglesa, logró hundir a la flota francesa en Abukir, dejando aislado, en tierra, al ejército francés, que finalmente tuvo que rendirse, perdiendo Egipto para siempre.

Trafalgar fue la más brillante victoria de Nelson en su vida, pero murió a consecuencia de las heridas sufridas en esa batalla que lo convirtió en leyenda.

La consecuencia de su triunfo fue que la flota Española perdió el lugar preponderante que por siglos ocupó en el mundo y aseguró la supremacía británica en los mares del planeta, además de frustrar los planes de Napoleón de invadir la Gran Bretaña.

El pueblo español culpó de los fracasos de guerra a Godoy, pero el rey lo premió con el más alto cargo militar y político del imperio.

El príncipe Fernando y sus leales del llamado “Partido Fernandino” estaban convencidos de que ese premio era el paso previo para impedir el acceso al trono del legítimo heredero, un rumor que no era nuevo. Godoy gozaba de la antipatía popular y de gran parte de la nobleza y del clero que lo veían como un advenedizo, pues su origen era de un simple guardia de corps y ya se hacía llamar Príncipe de la Paz, por su negociación de la Paz de Basilea en 1795, 10 años antes de la derrota de Trafalgar.  Además Godoy pretendía casar con su cuñada al verdadero príncipe, que recién había enviudado, lo que éste rechazaba desde el fondo de su corazón, tanto o más de lo que su mente repudiaba a Godoy.

Esa misma tarde del 27 de octubre, pocas horas después de leer la carta anónima, durante la visita protocolaria que hacía todos los días el príncipe a sus padres, el rey esculcó personalmente los bolsillos de su hijo encontrando en ellos  las claves secretas que utilizaba en

su correspondencia con el principal cómplice de la conspiración, el canónigo Juan Escóiquiz, y a continuación ordenó el registro exhaustivo de la habitación del príncipe. Allí encontraron varios documentos que lo incriminaban: un cuadernillo de doce hojas escrito por el príncipe y dirigido al rey en el que hacía un durísimo alegato en contra de Godoy ―comenzaba con la frase siguiente: «Ese hombre perverso es el que, desechado ya todo respeto, aspira claramente a despojaros del Trono y a acabar con todos nosotros»― y pedía su inmediato encarcelamiento, sin que se enterara la reina, «mi querida, pero engañada madre»; otro papel de cinco hojas, también escrito por el príncipe, dirigido a la reina en el que se negaba a aceptar la propuesta de matrimonio con la cuñada de Godoy; una carta de Escóiquiz fechada en Talavera; y una carta que luego se supo que era de un criado de confianza del príncipe donde se hablaba de un regalo que se le iba a entregar al embajador francés. En sus ‘‘Memorias’’ Godoy escribió que también se encontró una carta fechada el mismo día 27 de octubre que la reina María Luisa hizo desaparecer ya que era demasiado comprometedora para el príncipe porque en ella aparecía el auténtico objetivo de la trama: el destronamiento del rey Carlos IV.

El rey ordenó la detención del príncipe, que quedó confinado en su cuarto bajo la vigilancia de guardias de corps, y a continuación la de todos los servidores de Fernando presentes en El Escorial, veintidós personas en total. Entre ellas se encontraban el marqués de Ayerbe y el conde de Orgáz.

Fernando terminó confesando entre lloriqueos y lamentos, denunciando a todos sus cómplices y suplicando el perdón del rey, que le fue  concedido públicamente.

Paradójicamente, el príncipe resultó fortalecido  ante la opinión de los súbditos que  lo consideraron víctima de la liviandad de su madre y la ambición de su perverso favorito;  y a su osadía, como un acto valiente y digno de aplauso, pues la imagen del rey andaba por demás alicaída. De hecho, Carlos IV había dejado de ser querido por su pueblo, pues en lugar de atender sus deberes prefería cazar, divertirse con su enorme colección de relojes y eventualmente laborar en su carpintería, fabricando objetos inservibles, mientras Godoy tomaba decisiones, nombraba funcionarios y virreyes, otorgaba cargos militares y se enriquecía a manos llenas, además de cumplir con los apetitos de la reina, meritoria labor pues, por cierto, distaba mucho de ser una mujer bella. En suma, el rey era popularmente definido como mangoneado, inútil  y cornudo.

Por eso y muchas cosas más Godoy se había consolidado como el personaje más odiado del momento en el Imperio Español y personificaba el ambiente profundamente saturado de inmoralidad que se respiraba en torno a la corte y al gobierno.

No pasó mucho tiempo para que la conspiración escalara y se materializara en un motín que estalló la noche del 17 de marzo, cuando un numeroso grupo de personas se congregó frente al Palacio Real de Aranjuez exigiendo la destitución de Godoy y la abdicación del rey Carlos en su

hijo Fernando. Está documentado que los fernandistas repartieron ese día dinero y abundante   vino  para azuzar a la población de Aranjuez, que prácticamente en su totalidad, unas 4 mil  personas,  trabajaba en torno a la corte real. Uno de los rumores que se esparcieron fue que Godoy pretendía sacar a  los reyes de la ciudad y llevarlos a algún punto de América, como ya había hecho el rey de Portugal huyendo a Brasil para escapar de las garras de Napoleón. Al gozar del apoyo de parte del ejército, sumado al hartazgo de la población, ambas cosas se hicieron realidad: Godoy fue destituido y arrestado y Fernando asumió la corona de manos de su padre el 19 de marzo de 1808.

El pueblo se sintió feliz y triunfante y los festejos no se hicieron esperar.

Madrid fue ocupada por las tropas del general Murat el siguiente 23 de marzo  ante el  júbilo y exaltadas muestras de beneplácito de los madrileños, pues suponían que los soldados galos iban a sumarse a los festejos por la coronación de Felipe.

Al día siguiente, se produjo la entrada triunfal en la ciudad de Fernando VII y su padre Carlos IV acompañándolo, como pretendida muestra evidente de una tersa transición del poder.

Sin embargo, pasado más de un mes Fernando no obtenía el reconocimiento de Napoleón, amo y señor de toda Europa, y sus ejércitos ocupaban ya la península ibérica entera con más de 100 mil soldados, ignorando el propósito establecido en el Tratado que era dirigirse a Portugal, y esparciéndose por diversas localidades como Burgos, Salamanca, Pamplona, San Sebastián, Barcelona o Figueras, lo que no guardaba ninguna relación con el tratado.

Fue obvio que a Napoleón  los acontecimientos le habían inspirado otros planes. Así, mandó llamar a Fernando a presentarse en Bayona, un pueblo a 300 kilómetros de Paris, con una mansión rural en torno a la que pastaban cabras y venados, a donde llegó el 20 de abril acompañado de su hermano, de su tío y de una cauda de sirvientes y  donde Napoleón lo reprendió leyéndole una carta en la que su padre le decía al emperador que su abdicación había sido forzada. En efecto, un par de semanas después de abdicar, alguien convenció al manipulable Carlos IV de que escribiera al emperador y se quejara plañideramente de que había sido forzado por su hijo.  La carta le vino al corso como anillo al dedo. Llamó también a los reyes padres, Carlos y María Luisa a Bayona, que llegaron el día 30 y en una comida con los tres y con Godoy el primero de mayo obligó a Fernando VII a que abdicara el día 5, regresando la corona a su progenitor.

Esta fue la carta abdicativa de Fernando:

Mi venerado padre y señor: Para dar a Vuestra Majestad una prueba de mi amor, de mi obediencia y de mi sumisión, y para acceder a los deseos que Vuestra Majestad me ha manifestado reiteradas veces, renuncio a mi corona en favor de Vuestra Majestad, deseando que Vuestra Majestad puede gozarla por muchos años.

Recomiendo a Vuestra Majestad las personas que me han servido desde el 19 de marzo.

Bayona, 05 de mayo de 1808.

A su vez, Carlos IV abdicó el mismo día en Napoleón Bonaparte, cediéndole todos sus derechos sobre España y  las Indias.

Así lo escribió:

He tenido a bien dar a mis amados vasallos la última prueba de mi paternal amor. Su felicidad, la tranquilidad, prosperidad, conservación e integridad de los dominios que la divina providencia tenía puestos bajo mi Gobierno, han sido durante mi reinado los únicos objetos de mis constantes desvelos. Cuantas providencias y medidas se han tomado desde mi exaltación al trono de mis augustos mayores, todas se han dirigido a tan justo fin, y no han podido dirigirse a otro.  Hoy, en las extraordinarias circunstancias en que se me ha puesto y me veo, mi conciencia, mi honor y el buen nombre que debo dejar a la posteridad, exigen imperiosamente de mí que el último acto de mi Soberanía únicamente se encamine al expresado fin, a saber, a la tranquilidad, prosperidad, seguridad e integridad de la monarquía de cuyo trono me separo, a la mayor felicidad de mis vasallos de ambos hemisferios.

Así pues, por un tratado firmado y ratificado, he cedido a mi aliado y caro amigo el Emperador de los franceses todos mis derechos sobre España e Indias; habiendo pactado que la corona de las Españas e Indias ha de ser siempre independiente e íntegra, cual ha sido y estado bajo mi soberanía, y también que nuestra sagrada religión ha de ser no solamente la dominante en España, sino también la única que ha de observarse en todos los dominios de esta monarquía. Tendréislo entendido y así lo comunicaréis a los demás consejos, a los tribunales del reino, jefes de las provincias tanto militares como civiles y eclesiásticas, y a todas las justicias de mis pueblos, a fin de que este último acto de mi soberanía sea notorio a todos en mis dominios de España e Indias, y de que conmováis y concurran a que se lleven a debido efecto las disposiciones de mi caro amigo el emperador Napoleón, dirigidas a conservar la paz, amistad y unión entre Francia y España, evitando desórdenes y movimientos populares, cuyos efectos son siempre el estrago, la desolación de las familias, y la ruina de todos.

Dado en Bayona en el palacio imperial llamado del Gobierno a 8 de mayo de 1808. Yo el Rey Carlos IV. Al Gobernador interino de mi consejo de Castilla.

Pero en el inter, el día 2 de mayo, tan sólo inició el esparcimiento de la noticia que daba cuenta de que ambos reyes españoles estaban retenidos en Bayona por Napoleón, estalló en Madrid una protesta popular que fue sangrientamente reprimida por el general Murat, jefe de las tropas napoleónicas en la capital de España. Una verdadera carnicería seguida de varios días de fusilamientos que, por cierto, Francisco de Goya dejó plasmada en un famoso y magistral cuadro que se conserva en el Museo del Prado. Históricamente se le conoce como el Levantamiento del 2 de Mayo, acontecimiento que  quedó grabado indeleblemente en la memoria colectiva de la nación. Fue, sin duda, el inicio de lo que se conoce como La Guerra de Independencia. Los principales escenarios de estas insurrecciones fueron la Puerta de Toledo, la Puerta del Sol y el barrio de Malasaña. En este último, muchas de sus calles y plazas tienen nombres relacionados con estas sublevaciones.

Creyendo que le sería muy fácil, con la mano en la cintura  Napoleón se erigió en el dueño de la corona de España. Había dicho que si ocupar España le costara el envío de 30 mil tropas no lo haría y que le bastarían 12 mil. Anunció luego  sus planes de reforma y modernización. También hizo acudir ante su presencia a un puñado de notables españoles, que entre temerosos, lambiscones y alcahuetes acudieron  solícitos a conformar unas cortes a las que denominaron  La Asamblea de Bayona, cuya función fue aprobar una Constitución dictada por Napoleón, sin cambiarle ni una coma, como es el uso de dictadores y lacayos, conocida como el Estatuto de Bayona, el 30 de junio de 1808, misma que nunca  tuvo efecto práctico.

Sin embargo, el emperador no tenía las menores intenciones de conservar la corona sobre su testa, pues lo reclamaban muchas más cosas importantes de que ocuparse. Por un momento, el ambicioso Godoy soñó con que se la encargara a él, pues Murat, engaños y manipulador,  le había alentado esa ilusión . También lo pensó y quizá lo pidió para sí el mismo general Murat,  ofreciéndose como “una solución”, con semejante  ingenuidad.

Napoleón ya lo tenía resuelto. Le escribió a su hermano mayor Giuseppe, a la sazón Rey de Nápoles:

La nación, por medio del Consejo de Castilla, me pide un rey. Es a ti a quien destino esta corona: España no es lo que el reino de Nápoles; se trata de once millones de habitantes, más de 150 millones de ingresos, sin contar con las inmensas rentas y las posesiones de todas las Américas. Es una corona que, por lo demás, te  radica en Madrid a tres días de Francia, que cubre totalmente una de sus fronteras. Estando en Madrid, estás en Francia; Nápoles es fin del mundo. Deseo pues que inmediatamente después de haber recibido esta carta, dejes la regencia en manos de  quien tú quieras, el mando militar al mariscal Jourdan, y que partas directo a  Bayona.

El 4 de junio de 1808  Napoleón emitió un decreto nombrando oficialmente a su hermano rey de España.

Juró éste como nuevo monarca con el nombre de  José I Bonaparte el 7 de julio y llegó a España el 9 del mismo mes.

Un efecto automático que creo en la clase política y en la población españolas la obscena cadena de abdicaciones fue una trascendente reflexión generalizada: La Corona y con ella la nación entera, es decir su territorio y todos sus bienes, no pueden ser un objeto del que disponga autoritariamente una persona, sea quien sea. El cuestionamiento de que el rey era el dueño absoluto con derecho a disponer impunemente llegó al corazón y a la mente de todos los súbditos y quizá por primera vez en España y sus dominios se pensó  que la soberanía nacional radica naturalmente  en el pueblo y éste tiene con el rey un pacto social. Obviamente, estas ideas procedían de la ilustración, plasmadas específicamente en El Contrato Social de Jean Jaques Rousseau y  en particular  la relativa a la soberanía del pueblo sería medular y quedaría plasmada en la futura Constitución de Cádiz, de enorme trascendencia histórica.

El gobierno francés sólo llegó a ser reconocido por una pequeña minoría de intelectuales, nobles y funcionarios en la Península. Ni siquiera por todos los llamados “afrancesados” debido a  su simpatía con la ilustración.

José Bonaparte era un hombre sereno, de juicio mesurado y reflexivo, propio para gobernar con cordura, que carecía de los defectos de desmedida ambición personal y megalomanía que caracterizaron a su hermano. Sin lugar a dudas podríamos decir que poseía cualidades indiscutibles de gobernante.

Pero de ninguna manera era lo que los españoles deseaban.

O mejor dicho, lo que creían desear.

Durante todo el período de las abdicaciones que causó gran confusión y desató la guerra del pueblo contra los franceses y luego en esta larga lucha, se vino registrando un efecto de enormes proporciones alimentado por el sentimiento nacionalista y la ilusión de un rey ideal que se volcó en el anhelo de que Felipe VII ciñera de nuevo  la corona y terminara aquella pesadilla.

La coronación de José Bonaparte exacerbó el sentimiento de rechazo anti francés que cundió prácticamente en todos los rincones del país, invadiendo aun a aquellos que por temor fundado a perderlo todo y para proteger sus intereses colaboraron con los invasores. Incluso, a los pocos liberales que vieron con inicial agrado el arribo a España de los postulados de la Revolución Francesa.

Conforme crecía, el repudio a los Bonaparte paralelamente alimentaba la idealización popular de Fernando como símbolo de la nacionalidad y la libertad.

Sin un ejército formal y organizado que combatiera, pues unos cuantos batallones fueron rápidamente eliminados,  los españoles se  organizaron en guerrillas que atacaban sorpresivamente al enemigo y desaparecían fugazmente de la escena, amparados por la población.

José Bonaparte intentaba gobernar con prudencia y de hecho implementó varias acciones que, por muy positivas que fueran, no le granjeaban la simpatía popular. Por ejemplo, suspendió la nefasta Santa Inquisición, que tan perversa y odiosamente había venido actuando, lo que no se recibió con agradecimiento, sino se entendió como un ataque contra la religión.

También ejecutó  excelentes obras para modernizar la ciudad de Madrid, deshaciendo los nudos medievales de sus calles y creando modernas plazas que la embellecieron,  lo que sólo ocasionó que le aplicaran el mote de Pepe Plazuelas, otro sobrenombre más que se agregó al de Pepe Botellas, que lo ridiculizaba injusta y falsamente como alcohólico, cuando en realidad era prácticamente abstemio. El ser portador de las ideas ilustradas y enciclopedistas, que pudieron adelantar 30 años la  historia de España no le bastó para allegarse mínima simpatía de la nación.

Lo que los españoles anhelaban era a Felipe VII.

A partir de entonces se le conoció como El Anhelado. Pensaban que era un prisionero de Napoleón, como efectivamente lo era, pero por supuesto el pueblo desconocía que mientras todos los españoles odiaban al corso, Fernando era denigrantemente zalamero con él, lo llamaba el gran héroe de todos los tiempos, le aplaudía sus victorias contra los insurrectos españoles que lo anhelaban y le suplicaba su más grande ilusión: que el tirano que oprimía a su reino lo adoptara como hijo.

Un recurso de organización de la clase política en España fue la creación de Juntas de Gobierno para actuar paralelamente al Estado encabezado por Bonaparte. La consigna fue “«No dejaremos las armas de la mano hasta que Napoleón restituya a nuestro Rey y Señor Fernando VII»

En las principales urbes españolas libres del dominio invasor  se crearon juntas de defensa que sustituyeron a las autoridades municipales y locales. La primera de ellas se organizó en Asturias, reuniéndose en Oviedo a partir del 20 de mayo. La Junta General, como se hizo llamar, declaró formalmente la guerra a Francia y solicitó ayuda a Inglaterra, la cual, al principio, se limitó al envío de armas y municiones. Posteriormente, aparecieron otras juntas provinciales,  destacadamente la de Sevilla.

Ambas,  la de Sevilla y la de Oviedo  se hacían llamar La Junta General  y enviaron prontamente representantes a los virreinatos americanos en pos de sus tributos. Los primeros en llegar a la Nueva España fueron los sevillanos. Sólo que el virrey, José Joaquín Vicente de Iturrigaray y Aróstegui de Gaínza y Larrea, que había sido designado por Carlos IV por recomendación de Godoy como muchos otros funcionarios, puso en duda obedecer y reconocer a ninguna  de las juntas iniciando un intrincado procedimiento que causó gran polémica, como veremos en detalle.

QUIÉN ERA ITURRIGARAY

De estirpe navarra, Iturrigaray nació en Cádiz el 27 de junio de 1742. Abrazó la carrera militar con enorme éxito como cadete de Infantería, alférez y capitán de los Carabineros Reales.

Participó en las campañas de Portugal, el frente del Rosellón y en el asedio de Gibraltar, donde logró el ascenso a coronel. Contrajo matrimonio, a los 44 años, con su sobrina de 22, María Francisca Inés de Jáuregui y Aróstegui, hija del ex virrey de Perú, Agustín de Jáuregui, y de María Luisa de Aróstegui, prima de Iturrigaray. Su profesión castrense continuó en ascenso, pasando de brigadier a mariscal de campo, momento en que se le designó gobernador de Cádiz (1793-1798). Intervino en la guerra contra la Francia revolucionaria, lo que le significó llegar a teniente general y, poco después, a comandante en jefe del ejército de Andalucía. En 1800, Carlos IV lo nombró presidente de la Audiencia de Sevilla. En ese mismo año participó con destreza en la llamada Guerra de las Naranjas contra Portugal.

Fue entonces que se trasladó a Madrid en busca de su superior durante la campaña del Rosellón, Manuel Godoy, que se había convertido en secretario del Despacho  del rey en 1792.

El mejor trabajo que encontré sobre el Virrey Iturrigaray es un libro de Miguel Ángel Fernández Delgado, El virrey Iturrigaray y el Ayuntamiento de México en 1808 editado por la SEP cuando era su titular José Ángel Córdova Villalobos, en la presidencia de Felipe Calderón. Otorgando el debido crédito y aplaudiendo su detalle, tomo de él la valiosa información contenida en los siguientes párrafos.

Por algún motivo, casual o deliberado, Iturrigaray se presentó ante Godoy poco después de que al entonces virrey de la Nueva España, Félix Berenguer de Marquina, se le había aceptado su renuncia, el 6 de julio de 1802. Ciertamente Godoy no lo esperaba, pero lo recibió con gusto y gracias a su antigua amistad conectaron rápidamente. Quizá  el primer asombrado fue Iturrigaray cuando el poderoso ministro lo citó para unos días después y en ese reencuentro  le planteó que sería el relevo de Berenguer en el virreinato, a donde partiría del puerto de Cádiz a bordo del San Julián.

Al llegar a Veracruz el 16 de diciembre, sus nuevos súbditos se sorprendieron al darse cuenta de que venía acompañado por 25 personas, incluyendo su esposa, doña Inés de Jáuregui, y cuatro hijos: José, Joaquín, María del Pilar y Vicente, un capellán, tres ayudantes, un notario, cuatro sirvientas, diez criados y un doctor. Si esto pareció inusitado para el comité de bienvenida, mayor fue su sorpresa al tener que desembarcar los 170

bultos que Iturrigaray y su séquito traían consigo. Sabedor del privilegio de la exención de pago de derechos por equipaje, el nuevo virrey introdujo mercancías que comercializó su socio, Diego de Agreda, de donde obtuvo jugosas ganancias. Poco después de hacer su entrada solemne a la  capital virreinal, el 4 de enero de 1803, se ganó de un plumazo la simpatía del pueblo al aceptar la corrida de toros que, a todo lujo, se ofreció en su obsequio en la Plaza del Volador, pues esta clase de espectáculos los había prohibido su antecesor. El virrey Berenguer Marquina, aunque también debió su nombramiento a Godoy, era un hombre puntual, austero y enemigo resuelto del espectáculo taurino, que sin más proscribió, a pesar de las protestas y de los insultos que llegó a recibir por robarles a las masas una de sus principales diversiones. De inmediato se supo que a Iturrigaray y su familia les encantaban las fiestas y convivir con el pueblo, y que los seducía el lujo. Apenas habían transcurrido 24 días de su toma de posesión, cuando escribió al Consejo de Indias para solicitar ayuda económica con el fin cubrir sus múltiples gastos. La solicitud fue atendida y se le enviaron 30 mil pesos “por una sola vez”.

Algunos miembros de la sociedad peninsular radicada en la Ciudad de México no veían con buenos ojos el dispendio con que adornaba sus actos públicos, mientras que la nobleza criolla los miraba con indiferencia porque hallaron en él a un personaje con el que se sentían identificados, no sólo en su amor por los festejos, sino porque no hacía distingos entre lo español y lo mexicano, pues a todo mundo quería agradar. No era aficionado a pasar el día tras un escritorio despachando asuntos y recibiendo a toda clase de personas, más bien prefería entrar y salir del palacio virreinal para visitar los alrededores.

Se cuenta que en cierta ocasión bajó de su carroza para ayudar a unos peones que trabajaban en las obras del desagüe. En otro momento, su afán por supervisar personalmente las obras de la capital casi le cuesta la vida, pues apenas logró sobrevivir a una avalancha de lodo. Estas actitudes el pueblo las correspondía saludándolo y festejándolo por donde pasara. Entre las obras que se le atribuyen está el arreglo del camino a Veracruz, dirigido por el general José Rincón, y la prosecución de los trabajos del desagüe del valle de México. Muy interesado en promover la riqueza minera de la Nueva España, realizó un recorrido por, Veracruz, Puebla, Tlaxcala, Villa de Guadalupe, Guanajuato, Tepeji del Río, San Juan del Río y Querétaro, entre ciudades y regiones, lo que nunca había ningún virrey . Ante tan inusual visita, se le recibió y festejó a todo lujo por el pueblo y la gente distinguida. En Guadalajara lo colmaron de regalos y la Diputación de Minas de Guanajuato le obsequió mil onzas de oro. Se hizo gran amigo del marqués de San Juan de Rayas, uno de los más acaudalados mineros criollos, que desde entonces lo acompañó en la mayoría de sus actividades. Al volver a la capital informó a Madrid sobre la necesidad de aumentar el abasto de azogue, el cual, una vez recibido, procedió a repartir, exaltando el entusiasmo de los beneficiados. En Celaya se le tuvo en gran estima por la construcción del Puente Tresguerras que  significó un avance significativo con el que los locales

pudieron transportar mercancías y metales hacia Ciudad de México.

Fue pues Iturrigaray en esa época un virrey apreciado por el pueblo y querido por los criollos que sintieron la enorme diferencia en el trato que les propinaban otros funcionarios peninsulares. Hizo especialmente buenas migas con  los integrantes del Cabildo de la Ciudad, mayoritariamente criollos ilustrados.

Aunque los testimonios de sus enemigos pretenden dibujarlo como una persona con carácter simple, imprudente y no menos obstinada,  demostró tener dotes administrativas y uno de sus ilustres visitantes, el barón Alexander von Humboldt, destacó su “franqueza y benevolencia”. En ciertos asuntos de gobierno, Iturrigaray manifestó ser capaz de imponerse sobre otras autoridades, aunque algunas decisiones lo hicieron entrar en conflicto con la Audiencia de México.

Desde 1779 hasta concluir la primera década del siglo XIX, España pasó menos años en paz que en guerra. Con el propósito de sostener el incremento en el gasto militar, la corona se apoyó principalmente en la riqueza de sus colonias. En 1798, aplicó modalidades para cobrar sus Vales Reales, especie de títulos de deuda pública expedidos durante los reinados de Carlos III y Carlos IV, por medio de la desamortización y enajenación de las propiedades eclesiásticas en la Península. Y para 1804 promulgó la  Real cédula sobre enajenación de bienes raíces y cobro de

capitales de capellanías y obras pías, haciendo extensiva a todo el imperio la misma medida.  La cédula cayó como un balde de agua fría, no sólo en  las clases acomodadas, sino también entre mineros, agricultores y comerciantes de medianos y limitados recursos de la Nueva España  porque, a diferencia de la Península, la principal fuente del caudal de la Iglesia no eran los bienes raíces, sino sus inversiones, pues hacía las veces de banco y proveedor de préstamos a los particulares en todo el virreinato. La Consolidación de Vales Reales o, simplemente, La Consolidación, como se conoció la orden real, fue considerada entonces como un préstamo forzoso a las arcas reales, pues ordenaba que las catedrales, parroquias, conventos, juzgados de capellanías y obras pías, cofradías, hospitales y colegios, entre otros, se desprendieran de su capital líquido y de los inmuebles y capitales de inversión en su poder para depositarlos en la Tesorería Real, así como los fondos de capellanías de misas y obras pías. Por supuesto, una medida de enorme impacto en la economía de los virreinatos y en las arcas del clero y los grandes hacendados. Los inmuebles se sacarían a remate y el producto de su venta ingresaría en las cajas reales, establecidas exprofeso. Solamente quedaba exento el patrimonio que se utilizaba directamente para cumplir sus fines, es decir el capital de trabajo cotidiano. Con el propósito de garantizar que las instituciones y los beneficiarios de las fundaciones siguieran contando con las rentas que antes percibían por sus capitales de inversión y los inmuebles arrendados, la corona se comprometió a pagarles réditos de 5% anual sobre las cantidades enajenadas, lo que a nadie satisfizo.

Enterados del vendaval que se aproximaba, algunos grupos prepararon documentos, llamados representaciones, para darle a conocer a Carlos IV las diferencias entre el patrimonio eclesiástico en ambos continentes con el objeto de explicar así la ruina que sobrevendría de aplicar puntualmente la Consolidación en la Nueva España. La mejor de ellas, que serviría como modelo para las que serían presentadas posteriormente, fue la del Ayuntamiento de México, redactada por los regidores Francisco Primo José Manuel de Piero Verdad y Ramos Jiménez conocido como Primo de Verdad y  Juan Francisco Azcárate, ambos distinguidos integrantes del  Real Colegio de Abogados.

Primo de verdad fue un estudioso de la Independencia de los Estados Unidos y  de la Revolución Francesa  que leyó con dedicada puntualidad a Jean-Jacques Rousseau, a Montesquieu y una decena de pensadores y filósofos políticos  de la época. Algunas fuentes ubican su nacimiento en Jalisco y otra en Aguascalientes el 9 de junio de 1760. La confusión se deriva de que la hacienda de Ciénega del Rincón donde vio la primera luz, ubicada actualmente en el municipio de Ojuelos de Jalisco pertenecía entonces a la jurisdicción del pueblo de Santa María de los Lagos, actual Lagos de Moreno, pero en el mapa religioso correspondía a la parroquia de la actual ciudad de Aguascalientes. Estudió en el prestigiado Colegio de San Ildefonso y a principios de 1808 fue electo Síndico del Ayuntamiento o Cabildo de la Ciudad de México.

Azcárate y Ledesma, nacido en la Ciudad de México, era criollo y abogado de clientes adinerados. Poco después de obtener su licencia para ejercer la abogacía se incorporó a la Academia Teórico-Práctica de Jurisprudencia, y posteriormente fue su vicepresidente. En 1808, se convirtió en regidor del Cabildo de la ciudad de México.

Ambos  expusieron a detalle y con vehemencia jurídica y sociológica que al aplicar la real orden saldrían afectadas entre 10 mil  y 30 mil familias, resultando más perjudicados, entre todos ellos, los agricultores. Otras representaciones que trascendieron fueron las presentadas por el Tribunal de Minería, corporación que amparaba los intereses de los mineros, muchos de ellos criollos, la cual redactó el corregidor de Querétaro  Miguel Domínguez -el esposo de la posteriormente famosa Doña Josefa Ortiz de Domínguez-  y la que envió Don Manuel Abad y Queipo, obispo de Michoacán, a nombre de los labradores de la diócesis a su cargo.

La investigadora Gisela von Wobeser subraya la importancia de estos documentos dando fe del “primer movimiento masivo de resistencia contra la corona, que unió en una sola causa a distintos sectores sociales y permitió, a la vez, el surgimiento de líderes con capacidad y tamaños para hacerle frente a medidas por demás impositivas.

Aunque fueron legión los opositores, no toda la sociedad se manifestó en contra de la real orden. Hubo quienes salieron a demostrar su lealtad a la corona. El obispado de Durango y el influyente Consulado de Comerciantes de México, una agrupación de poderosos negociantes,  manifestaron por escrito su respaldo, ofreciéndose a prestar ayuda, de ser necesaria, “para que no se malograran las intenciones del rey”.

La Consolidación comenzó a ejecutarse, a pesar de las inconformidades, el 6 de septiembre de 1805. Los opositores tuvieron que olvidar entonces la lucha activa para concentrarse en la resistencia pasiva, sobre todo a través de prácticas leguleyas: ocultar bienes o documentos; emplear tácticas dilatorias a la hora de entregar títulos, contestar oficios y presentarse ante las Juntas Recaudadoras Subalternas o, de plano, demandarlas. Así se libró Miguel Hidalgo de perder sus haciendas en Tajimaroa. Con el pretexto de sufrir enfermedad, demoró al máximo su comparecencia ante la Junta; luego objetó la personalidad jurídica del subdelegado y retrasó lo más posible el nombramiento del poderhabiente que lo representaría durante las diligencias. En agosto de 1808, cuando parecía que no podría seguir postergando lo inevitable, la real orden se suspendió, para modificarse.

La familia de Ignacio Allende no corrió con tanta suerte. El padre del futuro líder insurgente, Domingo Allende, fue requerido por la Junta Subalterna de Valladolid a pagar 18 mil 500 pesos por la hacienda familiar de la Trasquila. Como no le era posible liquidar la cantidad, logró llegar a un arreglo: entregar mil 500 pesos iniciales y luego cubrir 17 anualidades de mil pesos. Al llegar la fecha del primer pago, se declaró insolvente y la Junta embargó la hacienda para rematarla en subasta pública. Tanta pesadumbre le acarreó el suceso, que no logró recuperar su patrimonio y murió, en bancarrota, poco antes del estallido de la lucha insurgente.

No fueron los únicos casos. En las filas insurgentes se alistarían cantidad de clérigos que habían perdido sus capellanías de misas por la Consolidación, pues este acto fue la gota que colmó el vaso de todos los ataques a los que la Iglesia novohispana estuvo sujeta bajo Carlos III y Carlos IV, que se dieron a la tarea de mermar sus privilegios, jurisdicción y riqueza. No es exagerado afirmar, como lo hace David Brading, que el movimiento de independencia de la Nueva España fue desde sus inicios en 1810, “obra casi propia de los eclesiásticos”.

Iturrigaray fue un celoso aplicador de La Consolidación, cumpliendo rigurosamente las instrucciones recibidas de Godoy y perdiendo en su ejecución  sustancialmente las simpatías que había cultivado en la sociedad novohispana. La frecuencia de las protestas terminó por exasperarlo y entonces acudió a la represión. En cuanto se enteró de que en la capital se pedían firmas para respaldar las representaciones de hacendados y labradores, ordenó al Tribunal de la Acordada aprehender al encargado. Como la mayoría de los inconformes pertenecían a grupos poderosos, pidió el encierro para los disidentes de menor jerarquía. Sin embargo, el caso del corregidor de Querétaro escaló, a tal grado que llegó a la amenaza de  despojarlo de su puesto  y abrirle juicio de residencia. Igual advertencia hizo al obispo Abad y Queipo, pero finalmente tuvo que recular sin llegar a mayores.

Una de las fibras más sensibles que tocó Iturrigaray fue la del mencionado y poderoso Consulado de Comerciantes de la Ciudad de México, una especie de Canaco moderna, institución con la que ya había tenido graves desencuentros. Al renovarse la dirigencia entre los dos bandos que lo formaban —vascos y montañeses—, como tradicionalmente se había hecho desde 1742, el virrey intervino en los resultados sin tener derecho ni invitación a hacerlo. A pesar de las protestas, amenazó con multar con 6 mil  pesos a los asociados si no acataban sus órdenes. De cualquier modo, el Consulado apeló ante el Consejo de Indias, que anuló la orden de Iturrigaray, censurándolo y advirtiéndole “que en lo sucesivo se abstenga de semejante procedimiento sin dar lugar a quejosos escándalos”.

Entre los comerciantes que mayores pérdidas sufrieron se encontraba el vizcaíno Gabriel Joaquín de Yermo y de la Barcena (10 de septiembre de 1757 -7 de septiembre de 1813), para quien esta medida se sumaba a otras que, desde hacía algunos años, lo habían convertido en uno de los enemigos más conspicuos de Iturrigaray. Llegó Yermo a México en 1775, a los 18 años, en compañía de un hermano mayor, para aprender el oficio mercantil en las empresas de su tío, quien les facilitó el capital para echar a andar su propio negocio. Contrajo matrimonio con su prima, la criolla María Josefa Yermo y Díez de Sollano, quedando a cargo de los negocios de la casa Yermo, propietaria de haciendas azucareras y abastos de carne, con diversas y ventajosas concesiones. Puesto que este mercado crecía en proporción aritmética mientras la población capitalina lo hacía a ritmo geométrico, en 1805 no logró satisfacer la demanda de productos cárnicos y fue multado por el Ayuntamiento de la Ciudad de México. Poco después Iturrigaray  autorizó la venta de toros sacrificados en la fiesta brava, afectando la exclusividad de que había gozado la casa Yermo.

Con el propósito de promover proyectos para desecar la capital novohispana y abrir nuevos caminos, Iturrigaray introdujo nuevos impuestos, entre otros, a la venta de carne y de seis pesos por barril al aguardiente, dos de los principales negocios de Yermo, que, además, representaba a los productores de esta bebida. El vizcaíno protestó enérgicamente ante el último gravamen, por lo que el virrey ordenó su prisión, pena que apenas logró librar por las gestiones de uno de sus amigos. Contra el impuesto para el comercio de productos cárnicos se asoció con otro de los afectados, el marqués de Aguayo, nombrando defensor al fiscal de lo civil, Ambrosio de Sagarzurrieta, que solicitó al virrey presentar sus alegatos en público, a lo cual se negó manifestando que el funcionario tenía lazos familiares con el marqués de Aguayo, pues era su yerno. Iturrigaray lo acusó, además, de prestar dinero con alta usura y obtener ganancias por la venta de mercancías europeas de contrabando, lo cual era cierto.

Cuando se enteró del decreto de Consolidación, Yermo ya se la tenía jurada al virrey. Era dueño de las haciendas de Temixco, San José  también conocida como Vista Hermosa, San Gabriel de Jalmolonga y San Nicolás, valuadas en conjunto, en más de dos millones de pesos. Además, tenía obligaciones como legatario de su recién fallecido suegro, en las que se hallaban comprometidos más capitales y propiedades familiares; por si fuera poco, a nombre propio, destinó fondos a capellanías y era prestanombres de varios amigos a los que ayudó a obtener préstamos de fondos destinados a obras pías. De buenas a primeras Yermo tenía una deuda, como titular y fiador de otros, de 200 mil  pesos. El 13 de enero de 1806 se le exigieron 131 mil

200. Al negarse a pagar, vino la orden de embargo de la más valiosa de sus propiedades, la hacienda de Temixco, que bastaría de sobra para cubrir el adeudo. Al sentir la seriedad de la amenaza, el vizcaíno prefirió buscar un arreglo con la Junta Subalterna presidida por el virrey: pagaría, en el acto, 15 mil  pesos, y el resto, en nueve años. Puesto que las anualidades a liquidar eran muy altas, decidió impugnar judicialmente el convenio. Mientras se resolvía su asunto, Yermo continuó cubriendo los adeudos vencidos. En agosto de 1808, había liquidado 86 mil pesos. Estaba a punto de resolverse su asunto y sabía que tenía todo en su contra, cuando ocurrió algo inesperado, producto de los efectos de la inesperada marea que había llegado tres meses atrás del otro lado del Atlántico.

Así llegó el 8 de junio de 1808, sexto domingo de pascua también llamado de Espíritu Santo. Iturrigaray y su hijo mayor, José, se encontraban en el vecino pueblo de San Agustín de las Cuevas, en el actual Tlalpan, disfrutando las peleas de gallos a las que eran tan asiduos. En medio del barullo, el virrey recibió unos pliegos procedentes de España junto con algunos números de la Gaceta de Madrid. A través de tales documentos, se enteró de la invasión francesa, de que el pueblo se había amotinado en Aranjuez contra Godoy cuando planeaba trasladar a la familia real hacia Andalucía para huir al Nuevo Mundo, y de la posterior abdicación de Carlos IV en su hijo Fernando.

Iturrigaray temía algo más grave para él que los invasores franceses.

Con la caída de Godoy y el ascenso de Fernando VII, que era enemigo del llamado Príncipe de la Paz, su destino quedaba pendiente de un hilo.

Después de cavilar en silencio, lo primero que se le ocurrió fue pedir a su hijo que avisara lo sucedido a otra autoridad entre los espectadores del palenque, el coronel Joaquín Gutiérrez de los Ríos. Éste se apresuró en dirigirse al virrey para felicitarlo por el advenimiento del nuevo monarca y le sugirió que allí mismo se diera a conocer la noticia. Sin esperar respuesta, el coronel dio la nueva, que fue acogida con vivas y aplausos. Sólo Iturrigaray no se mostró efusivamente  jubiloso.

“¡Nos han puesto la ceniza en la frente!”, dijo doña Inés, la virreina, cuando se enteró de lo sucedido.

En vez de ordenar la solemne celebración del ascenso del nuevo monarca español y su infalible misa de acción de gracias, Iturrigaray se ausentó de la capital por tres días. Al reaparecer, se disculpó diciendo que la catedral había estado ocupada en las mismas fechas. Estas actitudes comenzaron a hacerlo sospechoso, en particular entre los españoles habitantes de la Nueva España.

De inmediato afloró al primer nivel de la política el debate sobre cuál sería la actitud del virreinato y tras las noticias iniciales no tardaron en llegar los enviados de las primeras juntas a las que ya nos referimos.

El 14 de Julio llegó una circular informando que el Duque de Berg, Joaquín Murat Labastide Fortunière había sido nombrado lugarteniente de Napoleón en España y la orden de reconocerlo,  enviada por el Consejo Real. Por supuesto, tardó otros meses en llegar la noticia de que al día siguiente, el 15, Murat  había sido premiado por Napoleón designándolo Rey de Nápoles, el cargo que dejó su hermano José para asumir la corona española, lo que para la Nueva España era algo irrelevante.

Por supuesto, el virrey era la máxima autoridad pero gobernaba con la influyente concurrencia de la Real Audiencia y del Cabildo de la Ciudad, el primero guardián de los intereses de la corona y el segundo con facultades localizadas pero  muy representativo de la comunidad.

La Real Audiencia de México, que desempeñaría desde entonces un papel protagónico, al enterarse de las abdicaciones de Bayona se adelantó al virrey para convocarlo a junta al día siguiente. La Real audiencia era lo que hoy podemos llamar el Poder Judicial o la Suprema Corte. Una extensión de los oídos del rey, en quien residía la facultad exclusiva de impartir justicia, por eso algunos de sus integrantes eran “oidores”. Estaba integrada por un presidente, varios oidores o jueces y un fiscal, todos designados por el rey. Ejercía también una función administrativa y de control sobre las autoridades locales. Esto implicaba la supervisión de los gobernadores, alcaldes y demás funcionarios locales, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de las leyes y el buen gobierno en todos los territorios. Tenía en suma la responsabilidad de garantizar la legalidad y tomar decisiones en casos de conflicto entre autoridades. Estaba compuesta en su gran mayoría por peninsulares. Era la instancia donde se llevaban a cabo los juicios, tanto civiles como penales, pero a la vez ejercía de facto un  indudable peso político como co-representante del monarca, asesorando al virrey en la toma de decisiones políticas trascendentales con carácter corporativo y obligatorio, por medio del Real Acuerdo, el cuerpo colegiado supremo. Para que este último tuviera validez, se requería la presencia del virrey, el regente, todos los oidores y un fiscal con voz pero sin voto.

La Nueva España entró necesariamente al debate de  obedecer o no a alguna de esas Juntas organizadas en la Península, o reconocer la autoridad del rey francés al que nadie quería. Se acordó que las renuncias de Carlos IV y Fernando VII eran nulas y, por lo tanto, no se tomarían en cuenta las órdenes procedentes del duque de Berg.

Después del largo y amargo episodio de La Consolidación no parecía muy grato enviar los tributos  ahora a una autoridad que no era el rey ni significaba la misma obligatoriedad y en eso parecían estar de acuerdo muchos. Algunos oidores y otros miembros del Ayuntamiento solicitaron al virrey que suspendiera el proceso de Consolidación, reconociendo que había sido motivo de enorme disgusto para los habitantes de la Nueva España, a los que ahora se quería, más que nunca, cercanos a las autoridades, pero ante esto Iturrigaray fue insensible y no  quiso consentir.

En ese marco surgió la idea de crear una Junta para el reino de la Nueva España, que defendiera y custodiara las posesiones y derechos del Rey Fernando VII mientras permanecía preso y desconociera la legitimidad de José Bonaparte.

Presidía la Audiencia el regidor Pedro Catani, “lleno de pretensiones y vacilante de carácter”, como lo describe Lucas Alamán, pero el verdadero liderazgo del tribunal lo compartían los oidores Guillermo de Aguirre y el también auditor general de guerra Miguel Bataller y Ros “firmes de carácter, adheridos invariablemente a los intereses de España, y capaces de atropellar por cualesquiera trabas cuando se versaban éstos”.

Miguel Antonio Bataller y Ros, oriundo de la localidad alpujarreña de Ugíjar— quién había logrado hacerse con una exitosa reputación como abogado en Granada y Madrid, había llegado a serlo de los Reales Consejos. Ante estos méritos, las autoridades le recompensaron, el 13 de abril de 1777, con el recién instituido cargo de asesor general del virreinato de la Nueva España. Hijo del oidor granadino del mismo nombre, también de la Audiencia de México. Concluyó los estudios de derecho civil y canónico en la Universidad de Granada. En 1788, fue nombrado fiscal del crimen en la Audiencia de Guatemala, cargo que desempeñó hasta ser promovido, ocho años después, a la Audiencia de México. En 1804, se le ascendió a oidor y auditor de guerra o consejero para asuntos militares. Ostentó este último cargo en los periodos 1804- 1809 y 1814-1820, haciéndose tristemente célebre por el encono con el que persiguió a los insurgentes, al grado que éstos lo apodaron “el Robespierre de la América”. Simpatizó con el Plan de Iguala, pero jamás creyó en la independencia del país, por lo que regresó a España en 1822.

Por su parte, Guillermo Antonio de Aguirre y Viana (1752-1810), de estirpe noble, nació en Villa de Lagrán, Calahorra, España. Su padre, Andrés Martínez de Aguirre, fue secretario del rey y oficial de la Secretaría del Despacho Universal de Estado. Se doctoró en derecho canónico en la Universidad de Alcalá. Pasó al Nuevo Mundo en 1783, a la Audiencia de Guadalajara, pero pronto fue trasladado a la de México como fiscal del crimen en 1788 y ascendido a oidor cuatro  años más tarde. En 1808, era, además, juez del Juzgado General de Indios, juez conservador del patrimonio del Marqués del Valle y presidente de la archicofradía de Aranzazú, baluarte de los vascos en el país. Como lo precisó Alamán, fue en todo momento un líder incondicional de los intereses españoles.

Los sucesos comenzaron a perfilar dos grupos: el de los españoles, representados por la Real Audiencia, y el de los criollos, organizados en torno al Ayuntamiento de México. Desde luego, había matices en ambos partidos, peninsulares en el Cabildo y criollos en la Audiencia y también criollos conservadores cuyos intereses estaban estrechamente vinculados con la metrópoli y cuyos privilegios se ponían en riesgo. Sin embargo, en la sociedad novohispana, la mayoría la integraban los criollos y unos pocos españoles ligados débilmente con Europa. Quien no encajaba del todo en ninguno de los dos grupos era  el virrey Iturrigaray.

Los criollos del Ayuntamiento acordaron celebrar cabildo el 16 de julio, para que el regidor Azcárate leyera su propuesta antes de presentarla ante Iturrigaray. Luego de algunos debates, el 19 de julio, al atardecer, salieron, con toda solemnidad en carruajes de las casas municipales, bajo de mazas, es decir,  significando  que el Ayuntamiento está constituido como  tal en todo su recorrido, escoltados por la milicia urbana, vistiendo togas, precedidos por el pregonero, el tambor de aviso y una pareja de alguaciles, vestidos de negro,  con espada y vara, llamando la atención del público que se congregó para hacer valla ante el inusual espectáculo. La caravana se detuvo frente al palacio virreinal. Sorprendió, tanto o más, que se les hicieran honores militares y presentaran armas, tanto a la entrada como a la salida de los munícipes, de cuyas manos recibió Iturrigaray una copia del documento de Azcárate.

Fue el primer texto en el que se exponía la tesis de la reasunción de la soberanía por el pueblo en ausencia y a nombre del rey cautivo.

Al dar lectura solemne al documento, expresó su fidelidad hacia la dinastía gobernante y subrayó que “la abdicación… es nula e insubsistente, por ser contra la voluntad de la nación”, es decir, la idea de que el fundamento de la monarquía era la voluntad nacional y por lo tanto la soberanía radica en la nación misma, independientemente del pacto que tenga con su rey.

Así, el cabildo se asumió como el más entusiasta promotor de crear una junta gubernativa a imagen y semejanza de las surgidas en la península, pero conllevando en su propuesta el fundamente jurídico filosófico de la “soberanía popular”.

Dicha teoría podría sonar a algo más que una simple muestra de erudición pronunciada por un criollo.

Esto asustó a los peninsulares de la audiencia y de fuera de ella, que vieron sin duda la amenaza de verse rebasados por el partido de los criollos, que ya habían dado muestras de su incomodidad con el hecho que los principales cargos y privilegios del virreinato sólo recayeran

en españoles nacidos en Europa y de estar dispuestos a luchar por modificar esa condición.

Pero no sólo eso.  En la tesis criolla los peninsulares veían  implícita la posibilidad de desconocer en determinado momento al monarca español, por el alcance que se le daba al concepto de soberanía.

Al finalizar la participación del Ayuntamiento, Iturrigaray, según relata el mismo Alamán, contestó “que su pensamiento y resolución eran leales con los del ayuntamiento, hasta derramar la última gota de su sangre, y que estaba pronto por su parte a prestar el juramento de seguridad del reino en todos los puntos que comprendía”.

Los munícipes se retiraron entonces, en medio de los aplausos de los presentes y también rindieron homenaje al virrey.

Para darle la debida publicidad, los miembros del Ayuntamiento pidieron que se publicara lo acontecido, “pues era justo que se supiera que había sido la Ciudad de México la primera en promover la conservación y defensa de estos preciosos dominios para su legítimo soberano”.

La necesidad de acudir al amparo espiritual no tardó en manifestarse dentro de una sociedad tan religiosa. El 23 de julio, el Ayuntamiento capitalino organizó una solemne procesión y un novenario en la catedral para solicitar la protección del reino a la Virgen de Guadalupe.

Un par de días más tarde, el 21 de julio, se reunió el Real Acuerdo para la junta convocada por el virrey al recibir la Representación del Ayuntamiento, con el propósito de examinarla. No fue ninguna sorpresa que los oidores la rechazaran en forma categórica, calificándola de inadecuada y contraria a las “leyes fundamentales de nuestra legislación”. Argumentaron que “en el presente estado de las cosas nada se ha alterado en orden a las potestades establecidas legítimamente, y deben todas continuar como hasta aquí sin necesidad del nombramiento provisional y el juramento propuestos… en un tiempo en que importa más que en ningún otro la unión íntima de los que obedecen con los que mandan, de los súbditos con las Potestades”.

Un elemento adicional permeaba alrededor de toda la argumentación: Si el ejército napoleónico era tan poderoso como se decía, no tardaría en atravesar el océano para someterlos. El Tribunal de Minería ofreció construir cien piezas de artillería a sus expensas y el propio virrey manifestaba la inminencia de este peligro en sus conversaciones.

A sus principales señalamientos  debían agregarse dos:  el Ayuntamiento asumió la voz de la Nueva España y la representación del reino sin estar facultado para ello; además, el título y juramento de Iturrigaray, aunque fueran interinos, eran contrarios a todos los marcos de referencia legal conocidos y, por lo tanto, lo más recomendable era mantener el statu quo

El 3 de agosto, el Ayuntamiento entregó al virrey su respuesta con argumentos adicionales a la resolución del real acuerdo del 21 de julio. Entonces comenzaron a justificarse por haberla promovido en nombre de todo el reino:

Si tomó la voz del Reino [el Ayuntamiento] fue en el concepto de ser cabeza de todas las Provincias y Reinos de la Dominación Es pañola en la América Septentrional y por que desde la conquista se halla en esa quieta magnífica posesión aprobada por los Soberanos sin contradicción alguna, y sostenida por multitud de hechos

Lejos del virrey, al que despreciaba, el alcalde del crimen Villaurrutia sugirió a los demás oidores que se invitara al infante portugués Don Pedro, sobrino de Fernando VII—que aún no cumplía los diez años—, en ese momento residente en Río de Janeiro por haber huido al comienzo de la invasión francesa, para que gobernara como regente, porque creía que su sola presencia sería capaz de terminar la división entre los partidos y unificar los pareceres. Otro de los oidores lo convenció de que sus peticiones eran inútiles, porque Iturrigaray “no soltaría prendas”.

El alcalde del crimen propuso entonces lo siguiente: puesto que no había en España autoridades dignas de ser reconocidas, ni tampoco en tierras novohispanas capaces de contener al virrey, lo mejor sería convocar una junta representativa de todo el reino, sin desconocer a Iturrigaray como el mando supremo, ya que hallaría en dicha junta el contrapeso necesario para que no gobernara a su antojo, sólo por el tiempo necesario. El nuevo proyecto tampoco interesó a sus colegas. En lugar de escuchar novedades, el Real Acuerdo agradeció por escrito el interés patriótico de Iturrigaray, que ponía de manifiesto al compartir la Representación, previniéndolo de no convertirse en portavoz del resto de las ciudades de la Nueva España sin estar facultado para hacerlo, asegurándole que “cuando conviniese y las circunstancias lo exigiesen, no se detendrían el virrey y el Real Acuerdo en convocar al cuerpo entero o a sus representantes”. Claramente, una maniobra dilatoria para ganar tiempo.

Para aliviar la incertidumbre, le propusieron a Iturrigaray que se manifestara a las autoridades del resto de los dominios españoles la fidelidad del virrey y de los presentes hacia la Casa de Borbón, que se hicieran rogativas públicas con el fin de exaltar el fervor monárquico y que, por último, se suspendiera la Consolidación de vales reales ante el enorme descontento que había provocado en la sociedad novohispana. Con el fin de evitar otras propuestas inusitadas, el oidor Aguirre recordó irónicamente a Iturrigaray que ninguno de ellos podría actuar, en lo sucesivo, por sí solo, pues “sin el Acuerdo nada valía, y el Acuerdo sin Su Excelencia,  menos”. El virrey suspendió la real orden de Consolidación el 22 de julio, de conformidad con la Junta Superior de Hacienda, pero haciéndola pasar, falsamente, por una dádiva suya. Todos los afectados estaban ciertos de que era una medida transitoria, ante la crisis peninsular, por lo que no podían cantar victoria.

Por su parte, corporaciones, autoridades y vecinos de la Nueva España remitieron oficios a Iturrigaray manifestándole su apoyo y fidelidad en la defensa del reino. La idea de una junta representativa, como la llamó Villaurrutia, o de un congreso nacional de la Nueva España, título sugerido por Talamantes, fue el siguiente objetivo del partido criollo. Aunque pareciera, y algunos así lo sostienen, que en realidad pretendían conseguir por vías legales la independencia del país, lo que la mayoría de ellos buscaba, después de analizar los documentos conocidos, era organizarse para la defensa nacional ante la amenaza de un desembarco de tropas francesas, -pues era un sentir de boca en boca que el ejército francés podría atacar las posesiones de la corona española en América que no se sujetaran al mandato de Jose I-  dejando intacta la fidelidad monárquica, imitando lo que se hacía en la Península. Y para lograr algo así era indispensable conseguir mayor autonomía.

Aun no se sabía en la Nueva España que dos meses  antes en la península, el 20 de mayo, La Junta General, como se hizo llamar la de Oviedo,  declaró formalmente la guerra a Francia y como ya dijimos,  solicitó ayuda a Inglaterra, la cual, al principio, se limitó al envío de armas y municiones.

La inquietud no se concentraba en la capital novohispana. Algunas ciudades, como Jalapa, Veracruz, Puebla, Querétaro y  otras, enviaron peticiones para que se organizara la junta general. El Ayuntamiento de San Luis Potosí informó que entre sus pobladores se ofrecían voluntarios “defensores de su rey, de su ley y de su patria”. Otras, como Guadalajara, bastión de mayoría de habitantes españoles, permanecieron al margen.

La misma impaciencia de las ciudades era compartida por Iturrigaray. El partido criollo lo convenció de que la junta de ninguna manera le restaría autoridad, sino por el contrario, la afirmaría y consolidaría, pues su voto sería simplemente consultivo. Desde entonces, el virrey  fue menos tolerante con lo que se atravesaba para impedir que se llevara a cabo, pensando que era una afrenta a su investidura. El 6 de agosto firmó un documento titulado: “Oficio del Virrey Iturrigaray al Real Acuerdo, con que le remite las segundas representaciones del Ayuntamiento de México, a la vez que le avisa haber resuelto ya la convocación de una junta general”. El bando español, dirigido por los oidores Aguirre y Bataller, cada vez acumulaba más elementos para  sospechar las  intenciones independentistas de los criollos, al igual que las miras de Iturrigaray de convertirse en una especie de monarca local.  Junto con su oficio, el virrey envió al real acuerdo los textos de las representaciones del Ayuntamiento del 3 y 5 de agosto para que enviaran su parecer.

La respuesta fue inmediata: no creían conveniente celebrar la junta hasta que se les explicara lo que pretendía con ella, atendiendo a la jerarquía de los cuerpos y personas que deberían convocar a la misma, señalando, asimismo, la representación y el voto que les correspondería.

Propusieron que  mejor se reconociera a la Junta de Sevilla, autoproclamada “suprema”, o a cualquiera otra peninsular que personificara al rey. Pero si insistía en celebrarla, añadieron al final, jamás estarían de acuerdo en que se convocara bajo los principios y para cumplir los objetivos señalados por el Ayuntamiento de la Ciudad de México. Iturrigaray contestó, con gran disgusto, que la junta se celebraría el 9 de agosto y en ella podrían decir lo que creyeran conveniente; que la orden del día consistiría en tratar sobre la estabilidad de las autoridades constituidas; acerca de la organización de un gobierno provisional para resolver los asuntos que requieran arreglo soberano; sobre lo que haría el virrey al estar el rey presente y otras materias similares.

Mientras tanto, en las calles se podía constatar que el pueblo también se sumaba a uno u otro bando. Hasta principios del verano de 1808, habían aparecido pasquines para manifestar adhesión a los Borbones y repudio a los franceses; pero, a partir de agosto, comenzaron a variar de contenido. Uno de ellos decía:

¡Pobre América! ¿Hasta cuando Se acabará tu develo? Tus hijos midiendo el suelo Y los ajenos mamando.

El presbítero Matías de Monteagudo denunció otro pasquín en el que se deseaba “muer te a los gachupines”, y escuchó rumores de que se planeaba un alzamiento contra los peninsulares. Pablo Hilario, indio de Epazoyucan, fue denunciado por haberse presentado en una ceremonia con una imagen de la Virgen de Guadalupe y otra de Fernando VII, y haber gritado: “¡Viva Fernando Séptimo y mueran todos los gachupines!”.

No había marcha atrás, pues ya se habían girado los oficios respectivos al resto de las corporaciones y personas que debían asistir a la junta, pensada con carácter preparatorio, por lo que sólo se convocó a un congreso de las “autoridades y personas más prácticas y respetables de todas las clases de esta capital”. El real acuerdo manifestó que asistiría bajo protesta y sin hacerse responsable de lo que en ella se resolviera. El 7 de agosto, Ciriaco González de Carvajal, oidor decano de la Audiencia, envió una carta a Iturrigaray para advertirle sobre la necesidad de tener muy claros sus objetivos pues, de lo contrario, podrían seguirse muy graves consecuencias. A nombre del Real Acuerdo, le pidió considerar el riesgo en que estaría el reino si permitía que los criollos “prosiguieran con sus ideas” y le recomendó “huirse de este peligro y mantenerse vuestra excelencia en todo el lleno de su autoridad y poder”.

La junta comenzó, conforme a lo previsto, el 9 de agosto, a las 10 de la mañana en el salón principal del palacio del virrey. Asistieron 82 personas en calidad de vocales —39 criollos, 29 españoles, al menos un indígena y 13 que no manifestaron su origen étnico—, representantes de los principales cuerpos seculares y eclesiásticos radicados en la capital, incluidos los gobernadores de las parcialidades indígenas de San Juan y Santiago, así como algunos diputados de los ayuntamientos de Puebla y Jalapa. La junta no fue de fácil realización por carecer de antecedentes, sobre todo a nivel organizativo. Huelga decir que la mala fe de muchos de sus asistentes la complicó aún más. Poco después del discurso inaugural de Iturrigaray, en que leyó, como se le había pedido, y de la protesta del real acuerdo, se manifestaron los pareceres de las tres facciones bajo las cuales se reunió la mayoría de los asistentes: la que se inclinaba  por el reconocimiento de la Junta de Sevilla, la que recomendaba esperar más noticias de la Península y, la tercera, representada por el Ayuntamiento de México, que pedía convocar una junta nacional que actuara en nombre del monarca. Asuntos muy complejos y de enorme trascendencia, sin duda, para ser tratados y resueltos en un solo día, como efectivamente sucedió.

El segundo en hacer uso de la palabra, a solicitud de Iturrigaray, fue el síndico Primo de Verdad. La versión fidedigna de sus palabras en dicho acto se dio a conocer apenas en 1979 por el historiador estadounidense Hugh M. Hamill, Jr. pues antes sólo contábamos con los informes amañados dados a conocer por la Audiencia de México luego de la caída del virrey. Gracias al hallazgo y al trabajo reconstructivo de Hamill, entendemos por qué lo llamó “un discurso formado

con angustia”. Primo de Verdad inició dando a conocer las autoridades sobre las cuales fundaba las razones que movieron a la ciudad, bajo su custodia, a elaborar sus representaciones:

Las sabias y admirables máximas de los autores Christian Wolff, Pedro José Pérez Valiente y Johann Gottlieb Heineccius o Heinecio, Giovanni Battista Almici o Almicus, Franz Schmier, Samuel von Pufendorf], y otros. Estos y  los ejemplares sin número que nos presentan las historias de los reinos y especialmente el que tenemos delante de los ojos de nuestra península, – dijo Primo-  nos dan a conocer que el medio legal y proyecto seguro para el logro de tan sublimes designios es el de la constitución o erección de una junta de las autoridades legítimas , los cuerpos magistrados y personas respetables de la nación o del reino. Los autores citados eran filósofos y juristas europeos de finales del siglo XVII y principios del XVIII,  bien conocidos en España e Hispanoamérica. El de mayor renombre y, sin lugar a dudas, el más polémico, era el barón de Pufendorf (1632-1694), uno de los principales representantes de la escuela racionalista del derecho natural, corriente de discutible ortodoxia fuera de los países protestantes, a la que también pertenecía Wolff. El filósofo alemán Heinecio y el benedictino austriaco Schmier eran los únicos respetados y no cuestionados en el mundo hispánico. El italiano Almici, aunque en lo general seguía la teoría del contrato social de Heinecio, era admirador de Rousseau, otro nombre sinónimo de anatema en el orbe intelectual católico, a cuya sombra se asociaba.

Si bien Pérez Valiente (Apparatus juris publici hispanici, Madrid, 1751), fue el único autor español citado por Primo de Verdad, el síndico  explicó  que las doctrinas de este último se enseñaban en prestigiosas universidades españolas.  De regreso a la junta del 9 de agosto, Primo de Verdad no dejó de insistir en que, a falta de rey, la soberanía debía devolverse al pueblo y, por

ende, solicitó no reconocer a la Junta de Sevilla: Los soberanos son autorizados por Dios, de donde emana su suprema potestad, y el pueblo el instrumento por donde se les confiere haciendo sus personas sacrosantas, en inviolables. Y cuando por las terribles crisis en que suelen verse por efecto de la humana vicisitud se miran impedidos, o hay una especie de interregno extraordinario para poder ejercer su alta potestad, cuidar y defender sus dominios ¿a quién corresponderá mejor custodiárselos sino a los que han concurrido a su erección? ¿Quiénes con más amor que sus vasallos habitantes de aquella misma tierra por lealtad y aun por conveniencia propia?

Primo de Verdad continuó diciendo que había que seguir el ejemplo de las juntas creadas en la Península, y llamó a la urgente “jura y proclamación de nuestro amado el señor don Fernando VII por rey de España y de las Indias”, prestando el debido “juramento de fidelidad y de defensa, o conservación de estos dominios para Su Majestad” y “el deberse erigir la junta suprema de gobierno convocándose las ciudades, villas y estados eclesiásticos y seculares del reino para que envíen sus representantes”.

Los fiscales de la Audiencia replicaron en seguida que no era necesario celebrar junta alguna, puesto que ya había un virrey nombrado desde los tiempos de Carlos IV y confirmado por Fernando VII. El inquisidor decano, Bernardo de Prado y Ovejero, le recordó al síndico que la proposición de la soberanía del pueblo estaba proscrita y había sido anatematizada por la Iglesia. Luego, el oidor Aguirre cuestionó a Primo de Verdad cuál era el pueblo en el que, en su concepto, había recaído la soberanía. El síndico contestó que las autoridades constituidas; replicó Aguirre que ésas no eran “el pueblo” en el sentido que él sugería, sino a lo que posteriormente llamó el “pueblo originario”. Se le pidió entonces explicar lo que debía entenderse por tal, pero el criollo se mantuvo en silencio, seguramente porque estaban allí presentes los gobernadores de las parcialidades de indios de la Ciudad de México, y entre ellos había descendientes de Moctezuma, lo que complicaría innecesariamente las cosas, pues ya circulaba el rumor de que al no haber soberano en España a un descendiente directo del Emperador Moctezuma la correspondía la corona del imperio mexicano, planteamiento que, decían, era apoyado por gran número de naturales. Un candidato a la mano era Pedro Agustín Girón las Casas de Sifón de Moctezuma de la Cueva.

La tesis de la soberanía popular, continuó Primo, no era novedosa ni radical, sino una idea inveterada y digna de respeto, sancionada por el derecho medieval castellano y la costumbre; e insistía en que la única manera de llenar el terrible vacío dejado por la forzada abdicación del rey era consultando a todo el país por lo tanto  la propuesta “era un lugar común de la jurisprudencia castellana” que podía leerse en la obra de Pérez Valiente, sin necesidad de recurrir a Pufendorf —conocido difusor del “impío” Hobbes— ni a otros autores sospechosos a los oídos del auditorio. Pero aquí no residía el problema del discurso, sino en las consecuencias que de sus premisas podían derivarse.

El partido peninsular estaba en máxima alerta. Si había algo de lo que desconfiaba el real acuerdo era, precisamente, de toda idea o doctrina ataviada de una soberanía representada (depositada) en el pueblo, pues hacía superflua la mediación de los magistrados.

Visiblemente contrariado, casi al concluir la junta del 9 de agosto, el virrey expresó: “Señores, aún estamos en tiempo de reconocer al Duque de Berg; ¿qué dicen Vuestras Señorías?”.  (Como dijimos, en realidad el Duque de Berg ya era rey de Napoles y Sicilia, sin que en La Nueva España lo supieran).

De este modo hacía referencia también, irónicamente, a los comunicados oficiales que había recibido del lugarteniente general de Napoleón, los cuales quemó en presencia de varios testigos.

Casi al unísono, varios respondieron: “No, señor; no, señor”.

Finalmente, luego de agotadoras discusiones, se prometió desobedecer autoridades no procedentes del legítimo soberano “y juraron reconocer sólo y obedecer aquellas Juntas en clase de Supremas de aquellos y estos Reinos, que estén inauguradas, creadas, establecidas o ratificadas por la Católica Majestad del Señor Don Fernando Séptimo, o sus poderes legítimos”, según se lee en el acta oficial de la junta, por más que los oidores aseguraron por escrito, en su relación del 16 de octubre, que no habían hecho tal promesa.

El argumento más socorrido contra las propuestas de los munícipes, ofrecido por el partido peninsular, fue el expresado por el fiscal Robledo, al decir que la Nueva España no era un pueblo principal sino un pueblo subordinado y, por lo tanto, sin derecho a reunirse en Cortes o juntas generales bajo cualquier nombre: Si un pueblo así subordinado o colonial como este de N[ueva] E[spaña], se entrometiese a nombrar tales guardadores o gobernadores, aunque fuese provisionalmente, por ese mismo hecho usurparía un derecho de soberanía, que jamás ha usado ni le compete, y si lo hacía por sí solo y para sí, ya era este un acto de división e independencia, prohibido…

Si bien fue rechazada rotundamente la tesis de la soberanía popular por el Acuerdo, los criollos habían alcanzado una victoria parcial, pues lograron que no se reconociera a las juntas españolas, salvo que fueran creadas expresamente por Fernando VII. Aún no se lograba la junta general, porque el monarca cautivo no la podía autorizar, pero no se cerraba legalmente la posibilidad de su existencia, pues se había jurado adhesión a las autoridades establecidas por “los poderes legítimos” en la Nueva España, y entre ellas se encontraba el virrey.

El 12 de agosto se publicó en la capital novohispana el bando con los resultados de la  discusión y otro en el que se ordenaba la proclamación y jura de Fernando VII para el día siguiente, fiesta de San Hipólito, patrono de la ciudad, porque esta fecha era el aniversario de la conquista de Hernán Cortés. Los festejos durarían tres días, haciéndose la orden extensiva a todo el reino. Iturrigaray actuó en armonía con las circunstancias, repitiendo la costumbre de lanzar monedas al pueblo, esta vez con la efigie del nuevo monarca, aunque la acuñación oficial no había llegado. Pero esto al populacho lo tenía sin cuidado. Algunos criticaron el dispendio realizado para un rey del que ni siquiera tenían certeza si regresaría a ocupar el trono español.

No faltaron los indultos generales ni el desfile militar, encabezado por el virrey, situación que aprovechó para invitar, especialmente a los más jóvenes, a unirse al grupo de los Voluntarios de Fernando VII, que había creado el 6 de agosto.

Mientras tanto, también sin saberlo en la Ciudad de México, Fernando VII fue proclamado Rey de España en ausencia en Madrid el 24 de agosto.

El intendente de Puebla, Manuel de Flon, informó que los indios de su jurisdicción, desde que se enteraron de las noticias que trajeron las gacetas españolas a mediados de julio, se habían negado a pagar tributo, alegando que no tenían rey a quien entregarlo, pero que había logrado convencerlos de no interrumpirlo. Esta medida no logró evitar que proliferaran los pasquines

insultantes ridiculizando a franceses y españoles. Por este motivo, advirtió de la gran amenaza que sobrevendría al reino si se celebraba una junta general de sus pobladores. Otras autoridades se manifestaron en contra de ella por razones similares. El Ayuntamiento de Guadalajara, sin entrar en discusiones ni consultas, reconoció a la Junta de Sevilla. Los pasquines y manifestaciones populares contra los españoles volvieron a exhibirse por las calles, ahora con mayor frecuencia, al grado que aumentó la venta de armas y municiones a particulares en proporción tal, que el administrador del ramo decidió informar al virrey.

El 20 de agosto, Iturrigaray comunicó por carta a la Junta de Sevilla que, impedido de reconocerla, asumía la soberanía del virreinato de la Nueva España y prometía, de cualquier modo, auxiliar a la metrópoli, enviándoles, por lo pronto, cien mil pesos.

El fraile Talamantes, por su parte, continuó trabajando tras bambalinas en la asesoría del partido criollo y la elaboración de documentos. A quienes sostenían que el reino de la Nueva España, en la coyuntura presente, carecía de representación y no tenía derecho a congregarse en un cuerpo para organizarse y darse sus propias leyes, respondió: Desde el punto mismo en que se nos hizo saber que los Reinos de España se habían cedido a una Potencia extranjera; que las Américas a una voz han resistido a esta nueva y violenta dominación; que hemos dejado de reconocer la autoridad de aquellos Tribunales Supremos, destinados para el arreglo y conservación de las Indias, se han roto del todo para nosotros los vínculos con la Metrópoli; las Leyes Coloniales que nos unían a ella y nos tenían dependientes, han cesado enteramente, y no subsisten para dirigirnos, sino las Leyes puramente regionales. En vano algunos Ministros, o vergonzosamente tímidos, o demasiado ambiciosos, ignorantes de los principios elementales del derecho público, han querido persuadir que esas Leyes Coloniales pueden suplirse con facilidad, y que debe dejarse al tiempo, a la suerte y a la Providencia el suplemento de otras que no se pudiesen suplir por lo pronto… Se les podrá añadir justamente, que si todas o algunas de las Leyes Coloniales han podido suplirse en las Indias después de la falta de la Metrópoli, por el mismo hecho quedan esos Reinos independientes de su matriz, y han podido dirigirse y organizarse sin influjo ni determinación de aquella: en cuyo caso, las Américas, sin embargo de ser Colonias, tienen actualmente representación nacional.

Las leyes vigentes en la Nueva España, a las que llamó el Código de las Indias, no habían “previsto la situación actual”. Las facultades del virrey eran exclusivamente ejecutivas y no podían alterar el orden establecido ni crear leyes nuevas. Si la figura virreinal era incapaz de realizar estos cambios, mucho menos podría hacerlo la Audiencia, aunque había tratado de dar a entender que tenía la prerrogativa para hacerlo. Los oidores aseguraban actuar no a nombre del pueblo sino del rey. Pero “no existiendo el rey civilmente en la nación, tampoco pueden existir sus representantes”.

Sostuvo Talamantes que  “Las Américas, aun en el estado de colonias”, gozaban de todas las facultades para asumir la representación nacional, por ello podían organizarse y legislarse a sí mismas, pues se hallaban en varios de los supuestos, que enumeró en seguida, en que esto se hacía con justicia y legitimidad:

1. Cuando las colonias se bastan a sí mismas
2. Cuando las colonias son iguales o más poderosas que sus metrópolis
3. Cuando las colonias difícilmente pueden ser gobernadas por sus metrópolis
4. Cuando el simple gobierno de la metrópoli es incompatible con el bien general de las colonias
5. Cuando las metrópolis son opresoras de sus colonias
6. Cuando la metrópoli ha adoptado otra constitución política
7. Cuando las primeras provincias que forman el cuerpo principal de la metrópoli se hacen entre sí independientes
8. Cuando la metrópoli se sometiese voluntariamente a una dominación extranjera
9. Cuando la metrópoli fuese subyugada por otra nación
10. Cuando la metrópoli ha mudado la religión
11. Cuando hay amenaza en la metrópoli de mutación en el sistema político
12. Cuando la separación de la metrópoli es exigida por el clamor general de los habitantes de la colonia.

Al tratar este último supuesto, recordó que la voz del pueblo siempre había sido respetada, como una “ley del Estado”, aun por los gobiernos despóticos, pues “no proviene solamente de que es irresistible el ímpetu de una muchedumbre acalorada, sino de que se supone justamente que una conmoción tan universal y una uniformidad de votos tan decidida deben nacer de motivos graves, sólidos e importantes”.

Más imperativo sería escuchar dicho clamor si lo alzaban no sólo las muchedumbres rústicas y groseras, sino los “hombres ilustrados”, “las personas sensatas y de probidad” y “los ciudadanos beneméritos”.

Casi al final, reveló las consecuencias naturales a que podía conducir su razonamiento, no sin destacar que jamás llamaría ni haría apología de la violencia:

Puede, pues, llegar el caso en que la voz de todos los colonos clame por la independencia de la metrópoli, y entonces, sin escudriñar más razones, ni necesidad de ventilar los motivos, la independencia está decidida por sí mismo, no necesitándose ya de otra diligencia que la que se practica entre las naciones cultas, esta es: de darse a conocer por nación independiente entre las demás naciones.

Prevenido del alboroto que podría desencadenarse, el 27 de agosto, como ya adelantaba Talamantes, el Santo Oficio de México publicó un edicto prohibiendo la lectura de toda publicación que influyera o apoyara la desobediencia contra las legítimas autoridades, pues “el rey recibe su potestad y autoridad de Dios”, lo cual “debéis creer con fe divina” y “lo prueban sin controversia expresísimos textos de la Escritura”.

Al no conseguir su objetivo, consideró necesario reiterar, el 5 de septiembre, la supresión de todos los libros o papeles que promovieran la independencia y “la herejía de la soberanía del pueblo de Rousseau”. También el 27 de agosto, Iturrigaray dio a conocer una nueva proclama para demostrar su adhesión y apoyo incondicional a Fernando VII.

En medio de este desorden fue que llegaron a Veracruz los representantes de la Junta de Sevilla. Uno de ellos, el coronel Manuel Francisco de Jáuregui, era cuñado de Iturrigaray y vino  acompañado por el capitán de fragata Juan Gabriel Jabat. Ninguno venía con el propósito de brindarle apoyo, pues traían consigo una orden para destituirlo en caso de que se negara a reconocer el órgano al que representaban. Habían detenido la goleta que se dirigía a España con las noticias de la jura de Fernando VII y los cien mil pesos para apoyar la resistencia contra el invasor, pues esperaban volver con mucho más que esto. La Junta de Sevilla se constituyó el 17 de junio de 1808 para gobernar “en nombre de Fernando VII” los reinos de Sevilla, Córdoba, Granada, Jaén, provincias de Extremadura, Castilla la Nueva “y demás que vayan sacudiendo el yugo del emperador de los  franceses”. Su presidente, Francisco de Saavedra, general y exministro de Hacienda y Estado al comienzo del reinado de Carlos IV, tenía temor fundado de que los reinos ultramarinos albergaran ideas contrarias a la unidad del imperio español, como ya había sucedido con las colonias de Inglaterra, pues “la nueva filosofía ilustrada y de los derechos del hombre va haciendo allí mucho más rápidos progresos que en España”.

El 30 de agosto, Jáuregui y Jabat presentaron sus credenciales al virrey en la capital novohispana. Pedían el voto de lealtad a Fernando VII y el reconocimiento de la Junta de Sevilla, autodenominada “suprema y soberana” de España e Indias. Le comunicaron que ella revalidaría a todas las autoridades en sus empleos presentes y ordenaba se le enviaran todos los caudales de la Consolidación y demás donativos recolectados. Iturrigaray contestó que la Nueva España apoyaría la causa con los auxilios que estuvieran en sus manos, pero que no podía reconocer a la Junta de Sevilla porque así lo habían decidido las autoridades el 9 de agosto; de cualquier modo, convocaría una nueva reunión para discutirlo.

Efectivamente, el virrey la convocó para el día siguiente. Los representantes sevillanos ya sospechaban la efervescencia social y los partidos en que se dividía la opinión desde su llegada a Veracruz; salieron de dudas muy pronto, pues Jáuregui se hospedó en el palacio virreinal y Jabat en casa del oidor Aguirre. Jabat, ex oficial de la marina con residencia en la Nueva España al comienzo del periodo de Iturrigaray, tenía importantes intereses comerciales en Veracruz, por lo que no tardó en convertirse en uno de sus más decididos opositores. En la junta general del 31 de agosto, Ayuntamiento y virrey insistieron en que era imposible otorgar reconocimiento alguno, pues ya se había decidido por la negativa. Por su parte Iturrigaray se quejó de que los representantes hubieran entregado pliegos a las autoridades municipales de Veracruz, como si ignoraran a la máxima autoridad en la Nueva España.

La Audiencia insistió en reconocer a la Junta de Sevilla, ignorando su voto en sentido contrario del 9 de agosto. Cuando se les presentó el documento para hacerles constar lo que habían firmado, consideraron la posibilidad de solicitar que el arzobispo relajara su juramento y así poder dar marcha atrás. Para el partido peninsular admitir como suprema a esta junta, o cualquiera otra de igual título constituida en España, equivalía a detener el huracán de ideas independentistas que suponían cobraba fuerza día a día. Los comisionados estuvieron presentes a petición del fiscal Robledo. A pregunta expresa del oidor Bataller, aseguraron contar con el reconocimiento de las demás juntas españolas. El alcalde del crimen Villaurrutia, que tenía la confianza de los grupos antagónicos, ofreció entonces una propuesta que parecía conciliar los intereses contrarios y logró cierta aceptación: sugirió enviar ayuda económica a Sevilla, pero sin concederle reconocimientos hasta asegurarse de que contaba con el respaldo de Fernando VII.

Sin embargo, ante la disyuntiva de seguir sin soberano o tomar medidas para cubrir el vacío de soberanía, era necesario convocar a un congreso o “una diputación” de todo el reino de la Nueva España. Si no fuera posible hacerlo de inmediato, debido a la amplitud del territorio, un congreso provisional sería suficiente. La idea fue acogida con entusiasmo, especialmente por el Ayuntamiento. De cualquier modo, el oidor Aguirre impuso su autoridad y, por mayoría de votos, se concedió el reconocimiento a la Junta de Sevilla, aunque limitándolo a sus funciones de hacienda y guerra, y que se le remitieran todos los fondos que lograran recaudarse.

Vino a confirmar la falsedad de las aseveraciones de los comisionados sevillanos la llegada esa misma noche, a manos del virrey, de los pliegos que había traído un buque inglés, en los que el vizconde de Matarrosa —futuro conde de Toreno— y Andrés Ángel de la Vega, delegados de la Junta de Oviedo, también llamada “suprema y soberana”, pedían su reconocimiento y asistencia económica. Iturrigaray convocó a junta para el día siguiente. El 1º de septiembre, en la nueva reunión, el virrey demostró, con los pliegos de la Junta de Oviedo en la mano, que en España había un caos de juntas y que todas se consideraban supremas y soberanas, por lo que no debía reconocerse a ninguna. La mayoría de los que optaron por reconocer a la Junta de Sevilla, con excepción de Aguirre y Bataller, fueron persuadidos por Iturrigaray y votaron en el mismo sentido, al tiempo que secundaron la propuesta de Villaurrutia. Por 54 votos contra 17, se negó el reconocimiento a los representantes de Sevilla.

En el fondo, lo que quedaba en evidencia indiscutible es que el Imperio Español carecía de un gobierno legítimo.

Los líderes de la Audiencia y el partido peninsular alegaron que, a pesar de existir muchas juntas, sólo la sevillana gozaba legítimamente del título de suprema de España e Indias, aunque no se molestaron en demostrarlo. El virrey procedió entonces a leer el oficio en el que despedía a Jáuregui y Jabat, dando por concluida su visita y exhortándolos a regresar a Sevilla lo antes posible. De cualquier modo, les envió dos millones de pesos —del fondo de Consolidación y donativos— en apoyo de las fuerzas que resistían al ejército napoleónico. Respuesta similar, pero sin dinero de por medio, daría a la Junta de Oviedo. El 4 de septiembre, los comisionados recibieron el documento y, el mismo día, rindieron su informe al presidente de la Junta. Jabat, el  huésped del oidor Aguirre, fue el que más graves acusaciones hizo contra Iturrigaray y de lo que parecía que, en complicidad con él, estaban cocinando los líderes del partido criollo: ¿Por qué se calla la convocatoria que tiene resuelta de todas las ciudades y pueblos del reino? ¿Qué designio va envuelto en esta convocatoria que nadie sabe, a reserva de los regidores promovedores de este y otros desaciertos, y con quienes está de inteligencia? Éste es el único partido, auxiliado de algunos otros individuos, que con sus maniobras provocan la independencia de este reino, pero que felizmente resiste la parte sana que está decidida por la buena causa… yo veo un virrey mal querido, que ni pide ni admite consejo. Veo la división y recelo que las líneas que se van tirando se divisan a la independencia… Con los votos necesarios para desconocer a cualquier junta proveniente de la Península, Iturrigaray giró los oficios respectivos a todos los cabildos seculares para que eligieran y enviaran a sus representantes. Los intentos para disuadirlo de continuar por

este camino fueron cada vez más desesperados: “La revolución de Francia, empezada en el año de 1789…, no tuvo otro origen que la convocación de la Junta que allí llamaban de los Estados, y nosotros Cortes. Esa Junta destruyó la Monarquía, y llevó al cadalso al desgraciado Luis 16”, expresó un fiscal. Asimismo, recordó un ejemplo más castizo: el levantamiento de los comuneros de Castilla —que referimos al principio—, tanto daño causaron “las llamadas comunidades, hasta haber puesto al Rey a pique de perderse, como lo refieren nuestras historias”. Autoridades civiles y eclesiásticas se sumaron también al cúmulo de exhortos. El intendente de Puebla, Manuel de Flon, trató de incumplir la convocatoria por todos los medios a su alcance, pues, de llevarse a cabo, no veía otra cosa salvo “males incalculables”; el obispo Abad y Queipo, tan destacado por el valeroso amparo de sus feligreses, manifestó que la orden virreinal “era una forma de rebelión” y sus partidarios cometían el delito de “alta traición”. Por su parte López Cancelada advirtió: “El Congreso es el peligro, pues si lo hay, habrá que obedecerle, aunque vote la independencia”.

Pero ni estas palabras ni los mensajes anónimos y pasquines intimidatorios que recibía a diario conmovieron la voluntad de Iturrigaray. Imaginando la identidad de sus autores intelectuales y sintiéndose aún dueño de la marcha de los acontecimientos, amenazó: “señores, yo soy gobernador y capitán general del reino; cada uno… guarde su puesto y no se extrañe si con alguno o algunos tomo providencias”. También convocó a otra junta de notables el 9 de septiembre, en la que se recogerían los votos sobre la convocatoria al congreso de la Nueva España. En ella se decidiría qué grupos o individuos lo conformarían. Los munícipes continuaron ofreciendo su respaldo al virrey y promoviendo su proyecto.

Entre los días 2 y 6 de septiembre, Primo de Verdad, Azcárate y el marqués de San Juan de Rayas, por separado, dieron a conocer los votos que justificaban las decisiones virreinales. Todos se resumían en hablar de la necesidad y legalidad de las juntas, y de los fundamentos de la soberanía devuelta al pueblo.

Azcárate fue el más osado al sostener lo siguiente: “Sevilla por sí sola no es la Corona de Castilla… es conquista de Castilla y de León, del mismo modo que lo es la Nueva España… Entre una y la otra colonia no hay más diferencia sino que Sevilla lo es dentro de la misma península y la Nueva España está separada de ella”.

Todavía el 2 de septiembre, el virrey preguntó al real acuerdo, dando por hecho que el Congreso se realizaría, si consideraban que se debería convocar a diputados de todos los ayuntamientos o si bastaría con que se facultara a los de las capitales de provincia para nombrar

a los propios. Se le dio respuesta cuatro días más tarde, oponiéndose en forma terminante y trayendo a su memoria la real cédula del 25 de junio de 1530, que prohibía convocar juntas generales sin la debida licencia real. Iturrigaray amenazó entonces con renunciar, ya fuera para ver cómo reaccionarían sus contrarios, ya para recibir el apoyo de los suyos o harto de encontrarse con rémoras a cada paso. El real acuerdo no tuvo reparo, pero el secretario del virrey logró comunicar al Ayuntamiento lo que sucedía y, al día siguiente, formaron una comisión encargada de pedirle que no abandonara su oficio, logrando cambiar su parecer.

El día de la junta del 9 de septiembre, parecía que ninguno de los dos partidos daría marcha atrás. Como en una partida de ajedrez, cada uno esperaba el movimiento del otro, pero mientras la estrategia de los criollos preveía una partida larga, los peninsulares ya estaban resueltos a poner jaque. Aunque ya se sabía el resultado, se hizo el recuento de votos para saber si se concedería algún reconocimiento a la Junta de Sevilla. En seguida se trajo a la mesa el tema del Congreso General y la renuncia del virrey. Como esto último podría dificultar sobremanera lo demás, un regidor del Ayuntamiento pidió expresamente a Iturrigaray que no desertara. La solicitud lo llenó de orgullo y accedió a ella. Su representación dramática, fingida o verídica, había surtido efecto. Al contar los votos para la convocatoria, volvieron a escucharse las protestas que se oponían a realizarla, alegando expresas prohibiciones legales, al igual que los argumentos contrarios que la justificaban. El virrey trató de hacer una moción al decir que lo importante era estar prevenidos, pues así como sucedió con los representantes de Sevilla, podían venir a buscar reconocimiento agentes de la reina de Portugal o de Napoleón Bonaparte. Por lo tanto, era urgente decidir quién tenía el voto del reino para resolver algo tan grave y no hacerlo por sí solo.

No tardó en enterarse que existía un consenso en torno a la iniciativa de su enemigo, el oidor Villaurrutia, a quien pidieron, especialmente los líderes del partido peninsular, exponerla en forma más dilatada. El oidor Aguirre le advirtió que debía justificar lo siguiente:

1) la autoridad para convocarla;

2) la necesidad de hacerlo;

3) la utilidad que se obtendría de ella;

4) las personas que acudirían; y,

5) si los votos que emitirían los concurrentes serían de carácter consultivo o decisivo.

El alcalde del crimen contestó que así lo haría, pero que necesitaba al menos tres días para responder a satisfacción cada punto, tiempo que le fue concedido. Durante el desarrollo de la junta se lanzaron ataques verbales muy intensos entre ambos bandos. Mientras los oidores alegaban “que ellos tenían la voz del Reino”, los regidores los refutaban y trataban de explicarles los fundamentos, ya desarrollados, del derecho a convocar juntas generales, pero el partido español sostuvo que el Ayuntamiento debía conformarse con representar al “pueblo bajo”. Al final se escucharon algunas voces que decían: “Si no se convoca a las ciudades, ellas se juntarán”, lo cual encendió la alarma entre los españoles, pues los hizo sospechar la existencia de un plan alterno en caso de que se empeñaran en negar la posibilidad de la junta general del reino.

En esto no estaba lejos de lo que sucedería en los meses siguientes.

El historiador español Enrique Lafuente recoge también los rumores que comenzaron a circular entre los criollos, los cuales, en sus palabras, “mostraban su confianza en el giro de los acontecimientos”: habría princesas de Tacubaya y de Texcoco y, ante ellas, tendrían que hincar la rodilla los españoles; no iría más dinero a la Península, sino que se quedaría en la Nueva España para invertirlo en las obras más necesarias. Fray Servando Teresa de Mier da testimonio de otras habladurías de mayor envergadura: que el virrey haría quemar el Santuario de Guadalupe y ya tenía encargada la corona para hacerse nombrar monarca. El propio dominico afirma que los frailes partidarios de Iturrigaray procuraban contrarrestar noticias tan alarmantes. Un carmelita criollo recorrió personalmente los talleres de la capital para desmentir los planes incendiarios. Incluso las compañías de Voluntarios de Fernando VII, organizadas por el virrey, dieron pie a murmuraciones. También se le acusó de realizar actos de autoridad que demostraban su delirio de sentirse soberano, entre los cuales estaban el hacer nombramientos militares sin tener facultad para ello. Luego llamó a la capital al regimiento de infantería de Celaya y al de dragones de Aguascalientes, a cargo de su amigo cercano, el coronel Ignacio Obregón. El rumor de que serían removidos los oidores que se obstinaban en frenar las políticas de Iturrigaray, para sustituirlos por Azcárate y Primo de Verdad, que filtró la propia Audiencia. En los cotilleos del partido español se escuchó afirmar que era necesario atajar los deseos de emancipación de los criollos, “pero lo más urgente, por lo pronto, era deshacerse de las manzanas podridas”.

Conforme a su palabra, Villaurrutia presentó el 12 de septiembre el plan prometido. Partía del principio de que ninguna monarquía podría funcionar sin un monarca. A pesar de la prohibición de las leyes de Indias de reunir juntas, ciudades y villas sin mandato real, la misma existía en las leyes de Castilla, no obstante, se habían reunido en España para hacer frente a la crisis. Al estar impedido el soberano, el virrey podría ejercer los actos de “suprema potestad” que fueran necesarios. Demostró, además, cómo las necesidades extraordinarias del momento sólo podrían subsanarse integrando un congreso. No tendría voto decisivo, pero dio a entender que

a veces sería necesario concedérselo, ya que preveía el envío de un comité a Estados Unidos y Gran Bretaña para solicitar garantías ante una posible invasión francesa.

A diferencia del plan del fraile limeño, en el documento que ahora         conocemos como “Memoria Póstuma del Síndico del Ayuntamiento de México, Lic. D. Francisco Primo de Verdad y Ramos”, firmada el 12 de septiembre y dada a conocer por Carlos María de Bustamante en los números 5 y 6 de su Juguetillo, ambos publicados en 1812. Aquí se ofrecen, sin lugar a dudas, las reflexiones más profundas del síndico en torno a la fuente de la “verdadera y legítima autoridad”. Dice así:

La crisis en que actualmente nos hallamos es de un verdadero Interregno Extraordinario, según el lenguaje de los políticos; porque estando nuestros soberanos separados de su trono, en país extranjero, y sin libertad alguna, se les ha entredicho su autoridad legítima: sus Reinos y Señoríos son como una rica herencia yacente, que estando a riesgo de ser disminuida, destruida o usurpada, necesita ponerse en fieldad o depósito por medio de una autoridad pública; y en este caso ¿Quién la representa? ¿Por ventura toca al orden senatorio o al pueblo?

La oquedad abierta por este interregno extraordinario sólo podía colmarla el pueblo, concepto en el que debían quedar comprendidos los naturales de estas tierras, incluidos los indígenas, al asumir la soberanía en calidad de depósito. La veracidad de su aserto la sostuvo no sólo en las leyes y autores ya citados, sino también en el ejemplo bíblico de Moisés. Entonces explicó lo que no había sido capaz de precisar en su discurso del 9 de agosto: los magistrados “son unas autoridades muy dignas de respeto para el pueblo, pero no son sin embargo el pueblo mismo, ni los representantes de sus derechos”. Esta personificación sólo podía hallarse “en otro cuerpo que esté autorizado por él, y de quien sea el órgano e intérprete fiel de su voluntad, como los Tribunos lo fueron del pueblo romano”. En pocas palabras, se refería al “Ayuntamiento en México y el de cada Capital de Provincia, mejor diré el Síndico procurador y el personero del común”. Siguiendo los argumentos de la Junta de Sevilla, que publicó algunas de sus proclamas en la Gaceta de México, en las que se denominó “fiel depositaria del poder soberano”, Primo de Verdad explicó los tres momentos en los que esto se llevaría a cabo:

1) el pueblo “recobra la soberanía, la hace suya”;

2) luego la “transmite a las personas de su confianza”; y,

3) una vez que ha realizado los actos necesarios para custodiar y conservar los reales dominios, la devuelve “a su señor”.

El pueblo sólo recibía en depósito la soberanía para su custodia y la devolvía a su legítimo titular, “sin que por esto se entienda que se intenta mudar de constitución como lo enseña expresamente el célebre Heineccio en el caso de los interregnos, porque el pacto anterior celebrado por el pueblo con su soberano queda vigente”.

En el caso de la Nueva España, ¿en dónde se hallan esas instituciones y leyes fundamentales, esa Constitución no escrita o, al menos, no redactada en forma expresa? Primo de Verdad no vaciló en responder: Cuando recorro la historia de la conquista de estos dominios, veo que su organización política es debida a los Ilustres Ayuntamientos de la Villa Rica de la Veracruz y de México; los primeros actos de homenaje rendidos a la Majestad del Emperador Carlos V y continuados por nuestra posteridad hasta la época presente, se tributaron por medio de estos cuerpos. Las leyes fundamentales de la Nueva España son las actas de sus Acuerdos [municipales] como podrán registrarse en sus libros.

Ciertamente el partido español no contaba con intelectuales  que dieran la batalla en términos de profundidad filosófica, pero  por supuesto sí  quienes mantuvieran el liderazgo en torno a una línea política  firme y sostenida. Guillermo de Aguirre y Miguel Bataller sobresalían en esta función y todos los peninsulares alimentaban su opinión pormenorizada en el decir de ellos.

Mientras tanto,  el partido criollo se preparaba para  una partida larga y meditaba cada movimiento. Específicamente elaboraban otro estudio, seguramente con un plan más acabado.

Pero el tiempo de las argumentaciones pacíficas había terminado.

Los peninsulares estaban plenamente convencidos que un congreso significaría su derrota y la emancipación de los criollos. Ya no era  el tema de Fernando VII y el reinado de Napoleón su principal preocupación ni la mayor amenaza que sopesaban. Bataller desplegó entonces una intensa labor activista contactando a los peninsulares más ricos, a los altos dignatarios del clero y a los jefes militares para afirmar entre ellos su postura de “acabar con las manzanas podridas”, obteniendo un respaldo prácticamente unánime.

A partir del 13 de septiembre, los rumores que hablaban de la destitución de Iturrigaray fueron cada vez menos circunspectos. El Consulado de comerciantes de Veracruz lo pidió expresamente. Aunque no simpatizaban con el Consulado de México — que los tachaba de contrabandistas—, sus socios estaban acostumbrados a controlar autoridades a su antojo, en especial cuando sus intereses parecían en peligro; esta vez, el enemigo común los hizo conciliar sus diferencias. Jabat, el comisionado de Sevilla, hizo su propia labor.

Lo siguiente era organizar un golpe certero para derrocar al gobierno de Iturrigaray.

Por supuesto, era necesario encontrar un líder que lo ejecutara.

Los jefes militares consultados se negaron, pues para ellos significaba insubordinación debido a que el virrey ostentaba su cargo legítimamente otorgado por el rey y , de hecho, no había cometido ninguna violación  que ameritara su desconocimiento.

Comunicaron su deseo al oidor Aguirre, que se desentendió del asunto.

Entonces surgió una voz despojada de miedo y envalentonada, dispuesta a  pasar por encima de lo que fuera necesario por la via de los hechos, la del poderoso comerciante y hacendado Gabriel de Yermo, que suficientes “agravios”  hacia él y su familia tenía almacenados contra Iturrigaray. A la miel de la venganza podría sumar ahora convertirse en el héroe elegido para cortar la cizaña que amenazaba con alienar el reino. El arzobispo y la Audiencia por supuesto estaban al tanto, pero  fingieron mantenerse  al margen. Sabían que, de fracasar el golpe, el partido criollo podría alcanzar un respaldo que sería muy difícil contener.

Yermo contaba con todo lo necesario: hombres, armas y el respaldo de los resortes de poder en manos de peninsulares.

No sin antes pasar algunos días de retiro en un convento y consultar a su confesor, Yermo pidió expresamente a los demás conjurados evitar en lo posible la  pérdida de vidas, para lo cual se desplegó un plan de sobornos entre los guardias del Palacio Virreinal, a fin de no requerir de enfrentamientos. El golpe se daría en una sola noche, la del 14 de septiembre.

La demora en el soborno de la guardia los obligó a recorrer la fecha para un día después.

Al volver del teatro en compañía del virrey alrededor de las 11 de la noche del 15, la virreina trató de llamarle la atención de su marido notando la cantidad inusual  de gente que vio reunida en la Plaza Mayor. Eran parte de las 300  personas que apoyarían a Yermo para llevar a término su plan. Pero Iturrigaray le pidió que los ignorara y se fueran a dormir.

Pasando la medianoche, la maniobra comenzó. El grupo de conjurados entró sin problemas al palacio. La única resistencia provino de los guardias de la cárcel de corte, que no estaban enterados de lo que se tramaba. Hubo un  breve intercambio de disparos en el que  murió un granadero, la única víctima del asalto. Procedieron entonces a tomar los lugares estratégicos del edificio. Yermo daba las órdenes desde la sala de alabarderos. Varios soldados fueron sorprendidos entre los brazos de Morfeo; otros, se quedaron esperando las ordenes de sus superiores, que nunca fueron de activar la defensa.

Con el asalto al palacio virreinal, los conjurados se  apoderaron también de las principales oficinas y dependencias del gobierno. Un pelotón al mando de Juan Antonio Salaberría, entró violentamente  a las habitaciones del virrey, al que sorprendieron durmiendo. Al despertar, preguntó qué sucedía y en respuesta se le pidió darse por preso.  Le entregaron su ropa y lo obligaron a vestirse y a entregar las llaves de sus archivos. Los informes señalan que se le encontró mucho dinero en efectivo y joyas. Luego se le explicó que era arrestado por orden del rey, lo que obviamente no era verdad y se le dijo que sus cargos eran de traidor a la religión, al país y al soberano.

Lo mismo que a Iturrigaray, sucedió a sus dos hijos mayores. El líder de la asonada después declaró que José, el mayor de ambos, era “muy famoso por su viciosa conducta y extravíos”, y que gustaba de presumir que su padre sería José I y él José II. A la esposa del virrey, que dormía en habitación separada en compañía de su hija y del menor de sus hijos, también se le despertó en forma abrupta. Tan aprisa como se vistió, quiso saber qué suerte había corrido su esposo, pero sin darle respuesta  la introdujeron en una silla de manos y la condujeron, en unión de sus hijos al cercano convento de monjas de San Bernardo.

Después de las tres de la mañana, Iturrigaray fue llevado en un coche, en compañía de sus dos hijos mayores, al edificio de la Inquisición, acompañado por el alcalde Juan Collado, donde se le asignó como celda la alcoba del inquisidor Bernardo de Prado. Entre las dos y las cuatro de la madrugada del 16 de septiembre, otros grupos entraron por la fuerza a los domicilios

de los regidores Azcárate y Primo de Verdad, del canónigo José Mariano Beristain, el abad de Guadalupe José Beye de Cisneros, el licenciado José Antonio del Cristo, el fraile Talamantes, el secretario Rafael Ortega y otros identificados como amigos del virrey y señalados como “manzanas podridas”. El único que logró salvar el arresto, porque escapó saltando entre las  casas vecinas, fue el coronel Ignacio Obregón.

El plan consistía en acusarlos de conspirar en favor de la independencia de la Nueva España e involucrar, en calidad de cómplice, a Iturrigaray. Los regidores y el secretario Ortega fueron llevados a la cárcel del arzobispado; Talamantes y los demás, al convento de San Fernando. Al oidor Villaurrutia no se le detuvo ni interrogó en ese momento. En ello influyó el hecho de pertenecer a la Audiencia pero, sobre todo, no haber sido amigo de Iturrigaray.

Sin importarles los fundamentos de sus actos, los oidores convocaron a junta del real acuerdo entre las dos y las tres de la mañana del 16 de septiembre, para declarar a Iturrigaray separado del mando, determinar su destino y el de su familia, y designar a quien ocuparía su lugar.

La Audiencia, controlada auditor general de guerra Miguel Bataller Ros, se apresuró a designar como nuevo Virrey al mariscal de campo Pedro de Garibay, supuestamente  el militar de mayor  graduación en el virreinato que en el momento tenía 79 años y ya estaba prácticamente retirado, pero era el hombre ideal para ser manipulado por Bataller. De hecho, en  1789 ya viejo y enfermo, el virrey Miguel José de Azanza auspició su promoción  a mariscal de campo, anticipándose a su retiro. En la ceremonia de investimento se leyó una proclama afirmando falsamente que había sido el hombre responsable de la aprehensión de Iturrigaray, lo que él desmintió personalmente poco después, en un documento que explicaba que su antecesor había sido preso “por un movimiento popular” y que, de acuerdo con la legislación vigente, el cargo había recaído en él.  Su avanzada edad y carencia de vigor ejecutivo  le valieron el mote de

“viejo decrépito”. Según Artemio del Valle Arizpe pasaba su tiempo en tertulias que compartía con la célebre María Ignacia «La Güera Rodríguez», en compañía de su esposa Francisca Javiera de Echegaray y Bosio,  en sus respectivas casas, así como en el convento de la Encarnación de la Ciudad de México. Ocupó el cargo hasta el 19 de julio de 1809.

No se abrió el sobre o pliego de providencia o de mortaja, documento en el que cada virrey nombraba a quienes lo podrían suceder en caso de incapacidad para gobernar —que designaba, en primer término, al brigadier Roque Abarca, presidente de la Audiencia de Guadalajara—, por temor a que el cargo recayera en alguien que no comulgara con los intereses del partido español. En su lugar se invocó una real orden del 30 de octubre de 1806, en la que se prevenía que, en casos similares, la capitanía general recayera en el militar más antiguo.

También se pidió que los religiosos salieran temprano a las calles para tranquilizar a la gente, mientras se re forzaba la vigilancia cerca del palacio virreinal y se enviaban compañías a los lugares donde se hallaban los otros presos, por si se intentaba algún rescate.

Como escarnio o sin percibir la ironía, los mismos que habían declarado anatema, unos días atrás, las ideas de soberanía del pueblo, en su nombre justificaron el despojo con violencia del alter ego del rey para colocar en su lugar a quien más convenía a sus intereses. El propio Alamán, tan favorable al partido español, condenó este proceder: “Así la Audiencia que con tanto tesón se había opuesto a la reunión de un congreso, aplaudía en actos tumultuarios la  supuesta voluntad del pueblo”. Hacia las diez de la mañana del mismo 16 de septiembre, la Audiencia dio su visto bueno al recién encumbrado virrey. El mariscal de campo Pedro Garibay, a sus 79 años, era el militar de mayor graduación y antigüedad en la Nueva España. En realidad había otro militar, el mariscal de campo Pedro Dávalos, de mayor edad e idéntico grado, aunque también más decrépito. No obstante, ninguna autoridad objetó el nombramiento. Pero no todos estuvieron de acuerdo en justificar un acto tan violento y sin precedentes en la historia colonial novohispana. No solamente los criollos realizaron protestas y movilizaciones populares favorables a Iturrigaray y contrarias a la “revolución” de Yermo y los suyos. El nuevo gobierno era 158 159 ilegítimo a todas luces y las autoridades habían sancionado la posibilidad de desplazar por la fuerza a la más alta autoridad del virreinato. Los historiadores, sin importar su filiación insurgente o realista, condenaron este golpe de Estado.

En su Cuadro histórico de la revolución mexicana, Carlos María de Bustamante escribió: “Desde aquel momento y por tan escandalosa agresión quedaron rotos para siempre los lazos de amor que habían unido a los españoles con los americanos”.

Lucas Alamán, que siempre quiso corregir a Bustamante, en este punto coincidió al afirmar: “Aumentáronse pues con este golpe las rivalidades, recreciéronse los odios y se multiplicaron los conatos de revolución que terminaron en una abierta y desastrosa guerra”. Pero el testimonio más grave sobre el nefasto precedente de Yermo, lo dio un testigo de los planes del partido español, el oidor Pedro Catani, al informar a la Regencia, el 29 de noviembre de 1810: “Dije que aquella prisión ha producido malas consecuencias al Estado, pues todo hombre sensato, todo el Reino conoce, que todos los males actuales de la América nacen de aquel mal ejemplo”. No se había equivocado. Sin enterarse o sin importarle que Iturrigaray participara en la Consolidación que arruinó a su familia, Ignacio Allende, capitán de Dragones de la Reina de la Villa de San Miguel el Grande, distinguido por el derrocado virrey por su buen servicio en el campo de El Encero, en palabras de Carlos María de Bustamante, “concibió el proyecto de vengar los ultrajes hechos a la persona de su general, a quien amaba con entusiasmo”.

Iturrigaray fue enviado prácticamente de inmediato a Veracruz para embarcarlo rumbo a España para que allá fuera juzgado. Un grupo de simpatizantes se organizó con la intención de rescatarlo en el trayecto, cerca de Orizaba, pero fracasaron porque el convoy que lo escoltaba debió cambiar la ruta por un puente averiado.

El 4 de octubre siguiente  el cuerpo del licenciado Primo de Verdad fue hallado en los calabozos de la inquisición  con las manos atadas a la espalda, evidentemente asesinado, aunque cínicamente  se dijo que se había suicidado.

Azcárate, permaneció varios meses en prisión y al fraile mercedario Melchor de Talamantes falleció también sospechosamente en San Juan de Ulúa, adonde se le había trasladado desde las cárceles de la Inquisición.

Gabriel de Yermo, se retiró a su hacienda, pero creo un “cuerpo de voluntarios” armados  que tituló “de Fernando VII” y que la población llamó enseguida “chaquetas”, nombre que se asignó a partir de entonces a los partidarios del dominio español. Sus actividades fueron tan violentas que el propio virrey Garibay se vio obligado a disolverlo a mediados de octubre. Sin embargo, posteriormente Bataller lo reinstauró y participó en la represión de los movimientos insurgentes de años posteriores. Yermo falleció en 1813 en la Ciudad de México.

En una de sus primeras acciones posteriores al golpe de estado la Audiencia reconoció a la Junta de Sevilla y en el mismo octubre el virrey dirigió una proclama a los habitantes de Nueva España, donde pedía que se reforzaran las ayudas y aumentaran los socorros a la metrópoli para la  guerra contra los franceses. Los recursos fluyeron abundantemente, y también se enviaron a España los caudales acumulados por la aplicación de la Cédula de Consolidación de Vales y los Nuevos Empréstitos solicitados desde la Península.

Semanas después se recibieron pliegos procedentes de Río de Janeiro, firmados por la infanta Carlota Joaquina, hermana de Fernando VII, que pretendía imponer como regente de Nueva España a su hijo el infante don Pedro, el futuro Pedro I de Brasil y Portugal. El rechazo inmediato de las autoridades virreinales desbarató esta pretensión.

Pese a su sumisión Garibay no satisfizo a los peninsulares de la audiencia y la situación se volvió cada vez más conflictiva por la presión de los criollos que se mantuvieron a raya. La Real Audiencia, convencida de la incapacidad de Garibay para resolver el creciente enfrentamiento entre los bandos, solicitó su reemplazo y el envío de un nuevo virrey. Desde Sevilla se entendió que lo más cuerdo era conferir el cargo al arzobispo de México, Francisco Javier de Lizana y Beaumont,  que inicialmente gozó del visto bueno del partido criollo. La orden de sustitución llegó a la Ciudad de México a mediados de julio de 1809.

Garibay Falleció en la Ciudad de México el 7 de julio de 1815, con 85 años de edad.

La madrugada del 16 de Septiembre de 1810 el cura Miguel Hidalgo proclamaría un nuevo levantamiento organizado y encabezado por criollos, pregonando la misma consigna: ¡Viva Fernando VII!

El llamado “Padre de la Patria” nunca convocó a la Independencia.

Iturrigaray fue juzgado y exonerado en España de los cargos de pretender independizar a la Nueva España.

“El Anhelado” Fernando VII permaneció retenido por Napoleón hasta 1813, y al regresar a ocupar su trono se convirtió en el peor y más odiado rey de la historia de España. Bajo  su nefasto mandato se desmoronó el que alguna vez fue el Imperio donde jamás se ocultaba el sol.

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