El Gobierno de la Ciudad de México pagaba policías escoltas a empresarios, dueños de medios, periodistas y artistas, publica Proceso.
«El hombre más rico de México y de los más acaudalados del mundo, Carlos Slim y su familia; Olegario Vázquez Raña, creador del Grupo Empresarial Ángeles; Juan Francisco Ealy Ortiz, presidente ejecutivo de El Universal; los periodistas Joaquín López-Dóriga y Lolita de la Vega, y la actriz y exlegisladora Carmen Salinas eran solo algunos de los personajes que gozaban de la protección de policías escoltas pagados por el erario capitalino, en la administración del hoy senador Miguel Ángel Mancera Espinosa», según Proceso.
Fuentes del Gobierno de la CDMX aseguraron a la agencia Apro que dichos personajes, además de diputados locales y federales, y algunos exfuncionarios capitalinos, tenían protección de policías Preventivos y de Tránsito, de entre los mil 400 que estaban asignados por orden del actual senador por el PRD y sus tres distintos secretarios de Seguridad Pública -Jesús Rodríguez Almeida, Hiram Almeida Estrada y Raymundo Collins Flores-, y que, a su vez, le costaban a la administración capitalina 21 millones de pesos mensuales.
El pasado 12 de diciembre, apenas siete días después de tomar posesión de la jefatura de gobierno, Claudia Sheinbaum denunció dicha situación y anunció que esos elementos policíacos, así como las patrullas usadas para esos servicios, fueron reintegrados a las labores de la dependencia.
“Se acabaron los privilegios y, sobre todo, no es justo que la ciudadanía no tenga esos policías en las calles y, que, de manera gratuita, estuvieran cuidando a determinadas personas”, dijo entonces.
Y es que, explicó, la asignación de estos escoltas dependía del criterio del jefe de la policía y del jefe de gobierno. De hecho, detalló que, en los últimos meses esa práctica aumentó y se detectaron casos en los que una sola persona tenía hasta 10 escoltas.
Los privilegiados
De acuerdo con las fuentes consultadas, Slim Helú, sus hijos y demás familiares tenían decenas de uniformados a su servicio además de, al menos, dos motopatrullas, sin pagar un solo centavo, aun cuando su acaudalada fortuna les permitiría pagar ese mismo servicio que ofrece la hoy Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), mediante las policías Bancaria Industrial (PBI) y Auxiliar (PA), según Proceso.
En un intento por mantener el privilegio, Vázquez Raña aceptó el retiro de los escoltas, pero pidió que “por lo menos le dejaran el potro”, es decir, el policía de Tránsito que anda en motocicleta y que puede cerrar la circulación en cualquier momento.
«No es un secreto que, hasta hace poco, cada vez que Ealy Ortiz entraba y salía de El Universal, policías en motocicleta o patrulla de Tránsito cerraban la circulación en la avenida Bucareli al cruce con el Paseo de la Reforma, y minutos después, cuando éste salía en su auto blindado, la liberaban. Fuentes de información aseguran que ahora ya no lo hace, pues los escoltas privados no tienen esa facultad», de acuerdo con Apro.
Según la información recabada, Lolita de la Vega, conductora del programa de radio Frente a frente, en Radio Fórmula y Televisión Azteca, lanzó un reclamo directo a integrantes del gobierno capitalino por la decisión de retirarle la escolta: “los hago responsables de mi seguridad, de lo que me llegue a pasar”.
El exsecretario de Movilidad y Gobierno, quien controlaba políticamente a la ciudad y a parte del PRD y que ahora es diputado federal, Héctor Serrano, también gozaba de la protección de escoltas gratuitos, aunque cuando inició la actual administración, dejó de utilizarlos.
A quienes también les quitaron ese privilegio fue a exjefes de gobierno como José Ramón Amieva. No obstante, Mancera Espinosa aun los conserva, amparado por la ley que dicta que debe pasar cierto tiempo bajo seguridad, después de dejar el cargo de jefe de gobierno, señala Proceso.
Además de la SSC, la Procuraduría General de Justicia capitalina (PGJ) también tenía elementos de la Policía Judicial asignados de manera gratuita al menos a 10 funcionarios, diputados y empresarios, entre ellos Alejandro Martí, presidente de la organización civil México SOS.
El pasado 21 de diciembre, su titular, Ernestina Godoy, ordenó retirar a los servidores públicos de ese servicio. Y detalló que el mencionado empresario era cuidado por un comandante y cuatro policías de Investigación, pertenecientes al área que dirigía Raúl Peralta.
