Ciudad de México.- La organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) reveló en una exclusiva publicada el 29 de septiembre que la actual gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo @LibiaDennise), y su antecesor, el exgobernador panista Diego Sinhue Rodríguez Vallejo (@diegosinhue), han adquirido extensas parcelas de tierras ejidales en el estado para transformarlas en lujosas fincas campestres, ocultando sistemáticamente su valor real en declaraciones patrimoniales públicas.
Según la investigación, basada en cruces de datos catastrales, registros del Registro Público de la Propiedad y solicitudes de transparencia al Instituto Nacional de Transparencia (INAI), ambos funcionarios —militantes del PAN— subvaloraron sus propiedades en al menos un 60% ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) y la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG), lo que podría constituir un delito de enriquecimiento ilícito y falsedad en declaraciones patrimoniales, tipificados en el Código Penal Federal (artículos 224 y 400).
Esta maniobra, que involucra a ejidatarios locales en transacciones opacas, genera sospechas de presiones o favores durante sus gestiones, en un contexto donde Guanajuato enfrenta altos índices de violencia y corrupción, con el PAN dominando el poder estatal desde 1995.
Libia Dennise García, quien asumió la gubernatura el 1 de octubre de 2024 tras ganar las elecciones de junio con el 52.5% de los votos, adquirió en 2022 —cuando era secretaria de Desarrollo Social bajo Sinhue— 45 hectáreas de tierra ejidal en el municipio de San Miguel de Allende, valuadas en 28 millones de pesos según avalúos independientes de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU).
Sin embargo, en su declaración patrimonial de 2023 presentada ante el Congreso de Guanajuato, reportó un valor de solo 11 millones de pesos, argumentando «depreciación por uso agrícola». La finca, bautizada «Hacienda El Sol», incluye una mansión de 1,200 m² con piscina, establos y viñedos, construida con permisos municipales acelerados durante su cargo. MCCI documentó transferencias bancarias de 15 millones de pesos de origen no esclarecido, posiblemente ligadas a contratos de obra pública en la Secretaría de Desarrollo Social, donde García supervisaba programas como «Vivienda Digna».
Ejidatarios de la comunidad de El Padrón denunciaron ante la Procuraduría Agraria irregularidades en la cesión, alegando que se les pagó solo el 40% del valor de mercado a cambio de «apoyos prioritarios» en subsidios estatales.
Por su parte, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, gobernador de 2018 a 2024, acumuló 120 hectáreas en el Valle de Guadalupe (municipio de Dolores Hidalgo), compradas entre 2019 y 2023 a ejidatarios de la comunidad de San Diego de la Presa por 45 millones de pesos, subvaloradas en sus declaraciones a 18 millones. La propiedad, «Rancho La Esperanza», es una finca campestre de lujo con helipuerto, lago artificial y bodegas de vino, que Sinhue utilizó para eventos políticos del PAN, incluyendo recepciones con empresarios como Ricardo Salinas Pliego.
La investigación de MCCI revela que parte de los fondos provinieron de donativos opacos al partido durante su campaña de 2018, y que permisos de cambio de uso de suelo —de agrícola a residencial— se otorgaron en semanas por la Secretaría de Desarrollo Urbano bajo su administración. Esto se suma a escándalos previos, como la «Casa Azul» en The Woodlands, Texas, valuado en 20 millones de pesos, habitada por su familia y ligada a Seguritech, proveedora de 1,200 millones en contratos estatales para el «Proyecto Escudo» de seguridad; un reportaje de PopLab en junio de 2025 impulsó una indagatoria de la Secretaría de Honestidad de Guanajuato ordenada por García, que hasta septiembre no ha concluido, generando críticas por «falta de profundidad».
La conexión entre ambos radica en su trayectoria compartida en el PAN: García, de 42 años, fue mano derecha de Sinhue desde 2018 como secretaria de Gobierno (2021-2023) y de Desarrollo Social (2023-2024), posicionándola como su sucesora natural en un enroque político que evitó fracturas internas. MCCI acusa un «círculo de impunidad» donde Sinhue facilitó a García accesos a tierras ejidales a través de intermediarios como el comisariado ejidal de San Miguel, financiado con programas estatales.
En total, las fincas suman 165 hectáreas, con un valor real estimado en 73 millones de pesos, pero declaradas en 29 millones, evadiendo impuestos prediales por 4.5 millones anuales. Organizaciones como el Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) han exigido auditorías independientes, y el Comité de Participación Ciudadana presentó denuncias ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECOR) el 28 de septiembre, solicitando congelamiento de bienes.
Las reacciones han sido inmediatas y polarizadas. La gobernadora García, en su conferencia del 29 de septiembre, negó irregularidades y anunció una «revisión interna» de sus declaraciones, culpando a «ataques políticos de Morena» en un estado donde el PAN gobierna pese a la mayoría federal de la 4T. Sinhue, desde su residencia en Texas —donde se mudó en 2024 alegando «amenazas de seguridad»—, emitió un comunicado rechazando las acusaciones como «calumnias de la izquierda» y prometiendo transparencia. En X, el hashtag #FincaPanista acumuló 15,000 menciones en 24 horas, con usuarios como @MCCI_oficial compartiendo mapas catastrales y fotos aéreas de las propiedades. Opositores como el senador Ricardo Monreal (Morena) exigieron intervención federal, mientras el PAN estatal defendió a sus líderes como «víctimas de linchamiento mediático».
Expertos en transparencia, como los de Transparencia Mexicana, advierten que este caso expone vulnerabilidades en la regulación de tierras ejidales (Ley Agraria, artículo 93), donde el 70% de transacciones en Guanajuato involucran funcionarios. La FGR podría atraer el caso si se prueba colusión, en un estado con 2,500 homicidios anuales ligados a disputas territoriales.
