Chihuahua, Chih.- El abogado Juan Carlos Mendoza, defensor legal del exgobernador de Chihuahua César Duarte Jáquez, emitió una contundente refutación a las denuncias de impunidad lanzadas la semana previa por el activista, abogado y analista político Jaime García Chávez. Estas acusaciones, realizadas el 24 de septiembre frente al Palacio de Gobierno en Chihuahua capital durante una manifestación organizada por la agrupación Unión Ciudadana, incluyeron la supuesta existencia de un pacto de complicidad entre Duarte, la actual gobernadora panista María Eugenia Campos Galván y el fiscal general del estado, César Gustavo Jáuregui Moreno.
García Chávez, quien interpuso la denuncia original contra Duarte el 24 de septiembre de 2014 ante la entonces Procuraduría General de la República (PGR) por presuntos peculado agravado, enriquecimiento ilícito y uso indebido de funciones —involucrando a colaboradores como Jorge González Nicolás—, exigió acceso al expediente y judicialización inmediata, alegando «11 años de impunidad» y omisiones sistemáticas en las fiscalías de Javier Corral (2016-2021) y Campos. En un oficio entregado a la oficialía de partes tras una tensa discusión con guardias, García Chávez acusó encubrimiento institucional y anunció un juicio de amparo para forzar el avance del caso, respaldado por una cartulina con la frase «11 años de impunidad» junto a la foto de Duarte.
Mendoza, en una declaración pública rechazó categóricamente cualquier atisbo de impunidad, argumentando que las afirmaciones de García Chávez carecen de precisión temporal o instancia judicial específica para sustentarlas. «No hay ninguna razón de impunidad», afirmó el letrado, cuestionando por qué el activista no detalla «en qué momento o instancia se habría generado dicha condición». Además, corrigió la cronología: las investigaciones contra Duarte no datan de más de una década como se pretendió, sino que surgieron en contextos posteriores, y criticó la «falta de sustento» en las denuncias públicas, declarando que «debería provocar vergüenza el hecho de lanzar acusaciones que no lograron comprobarse».
Mendoza extendió su réplica al exdiputado de Morena Óscar Castrejón, quien acompañó a García Chávez en la protesta y respaldó las demandas, calificándolo irónicamente: «Es una lástima que se diga penalista», insinuando inconsistencias en su expertise legal. Sobre el propio García Chávez, el abogado lanzó un contraataque personal: «Sería interesante que le revisaran todos sus procedimientos por los cuales él se enriqueció», aludiendo a presuntos enriquecimientos inexplicables en la trayectoria del activista, quien ha sido figura recurrente en protestas anticorrupción desde la era Duarte.
En defensa de su cliente, Mendoza detalló el estatus actual de los procesos contra Duarte, enfatizando la transparencia y resolución favorable en la mayoría. Administrativamente, Duarte enfrentó siete procedimientos, en todos los cuales fue «completamente absuelto» por falta de elementos incriminatorios, según resoluciones de la Auditoría Superior del Estado (ASE) y la Secretaría de la Función Pública (SFP).
En el ámbito penal y civil, los juicios civiles concluyeron sin cargos adicionales, mientras que de dos procesos penales pendientes: uno permanece en revisión tras un recurso interpuesto, a la espera de resolución federal; el otro fue revocado por violaciones graves al Tratado de Extradición México-Estados Unidos de 1978. Específicamente, Mendoza se refirió al caso en EE.UU., donde un juez federal desestimó en junio las acusaciones de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito presentadas por el gobierno de Javier Corral, que buscaba recuperar 50 propiedades supuestamente adquiridas con fondos públicos chihuahuenses. «Fue un procedimiento completamente ilegal y que al final de cuentas el juez de Distrito nos dio la razón», resaltó el abogado, subrayando que actualmente «no existe ningún recurso legal activo promovido por autoridad o particular, debido a la falta de elementos que indiquen algún incumplimiento legal». Esta revocación, según documentos judiciales accesibles, se basó en irregularidades procesales y falta de evidencia sólida, beneficiando a Duarte tras su extradición en julio de 2021 desde Miami.
El contexto del caso Duarte se remonta a su huida a EE.UU. en 2017, tras el fin de su mandato, acusado por Corral de desviar más de 800 millones de pesos en esquemas como la compra inflada de ganado vacuno y la construcción ilegal de una presa en su rancho en Balleza —denuncia federal impulsada por el gobierno de Claudia Sheinbaum ante la FGR por modificación de cauces fluviales y daño ambiental—.
Extraditado en 2021, Duarte ha mantenido un bajo perfil desde su regreso a México en 2024, tras la desestimación de cargos en EE.UU., y ha insinuado un retorno político en entrevistas a EL PAÍS en julio de 2025, argumentando que el «cuello de botella» judicial juega a su favor. La Fiscalía de Chihuahua, bajo Jáuregui, ha sido criticada por García Chávez por no avanzar en el expediente principal, negando acceso durante los últimos cinco años, lo que el activista atribuye a «cómplices» como la gobernadora Campos, excolaboradora de Duarte en el Congreso estatal.
El secretario de Gobierno, Santiago de la Peña Grajeda, respondió el 24 de septiembre negando cualquier protección, instando a García Chávez a recurrir a tribunales en lugar de manifestaciones.
