La cita, programada de manera imprevista tras los reportes de al menos 15 ejecuciones en las últimas 48 horas, subraya la urgencia con la que el Ejecutivo aborda la inseguridad que ha cobrado decenas de vidas en las últimas semanas. Fuentes cercanas al Palacio Nacional indicaron que la discusión se centró en el despliegue reforzado de elementos de la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), así como en la revisión de inteligencia para desmantelar redes de narcotráfico.
Intensificación de operativos en zonas críticas
Durante la reunión, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, presentó un balance preliminar de las operaciones en curso. Según datos compartidos en la mesa, los enfrentamientos en la región del noreste han involucrado a grupos rivales por el control de rutas de tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos. «No toleraremos que la violencia se propague; estamos actuando con todo el peso de la ley», habría enfatizado Rodríguez, según testigos.
El ministro de Seguridad, Omar García Harfuch, propuso además la activación de un protocolo de alerta máxima en 12 municipios vulnerables, incluyendo la instalación de puestos de control temporales y el uso de drones para vigilancia aérea. Esta medida busca no solo contener los brotes violentos, sino también prevenir represalias en comunidades aledañas, donde familias enteras han sido desplazadas por el temor.
Compromiso con la inteligencia y la cooperación internacional
Otro eje de la deliberación fue la colaboración con agencias estadounidenses, en el marco del Tratado de Cooperación Bilateral en Materia de Seguridad. El canciller Juan Ramón de la Fuente, presente en la sesión, detalló avances en el intercambio de información con la DEA, que ha identificado a presuntos líderes de cárteles operando desde el otro lado de la frontera. «La seguridad no reconoce límites geográficos; es un frente compartido que requiere respuestas unificadas», señaló el funcionario en declaraciones posteriores.
La presidenta Sheinbaum, al concluir la reunión, salió brevemente ante la prensa reunida en el Zócalo para reafirmar el compromiso del gobierno con la paz social. «Hoy tomamos decisiones firmes para proteger a nuestro pueblo. La estrategia de abrazos, no balazos, se mantiene, pero con mayor énfasis en la prevención y la justicia», expresó, aludiendo a la continuidad de las políticas heredadas de su antecesor, Andrés Manuel López Obrador.
A pesar de los anuncios, analistas consultados advierten que la situación en el norte representa un desafío estructural para el sexenio de Sheinbaum, apenas iniciado hace meses. Organizaciones como México Evalúa han criticado la lentitud en la implementación de reformas al sistema penitenciario, que podría mitigar la reincidencia delictiva. Mientras tanto, en las calles de la capital, la noticia de la reunión generó un debate público sobre la efectividad de las medidas federales.
El Gabinete de Seguridad acordó una nueva sesión en 72 horas para evaluar los primeros resultados de los operativos. En un contexto marcado por el Día de Muertos, la emergencia resalta las cicatrices abiertas de un país que busca honrar a sus difuntos sin temer por los vivos.
