Madrid, España.- La Fiscalía de la Audiencia Nacional abrió diligencias de investigación penal pre procesales contra el cantante Julio Iglesias tras recibir, el pasado 5 de enero de 2026, una denuncia formal presentada por dos de sus antiguas trabajadoras. Las mujeres, una exempleada doméstica y una fisioterapeuta, lo acusan de presuntos delitos de agresión sexual, acoso sexual, trata de seres humanos con fines de servidumbre y abuso laboral, según confirmaron fuentes fiscales.
Los hechos denunciados habrían ocurrido en 2021, mientras ambas trabajaban en régimen interno en las residencias del artista en República Dominicana (Punta Cana) y Bahamas (Lyford Cay). La justicia española es competente para conocer el caso por la nacionalidad española del investigado, aunque los supuestos delitos se produjeran en el extranjero.
La denuncia llega el mismo día en que elDiario.es y Univision Noticias publicaron una exhaustiva investigación periodística de tres años. El reportaje recoge testimonios de 15 exempleadas que trabajaron para Iglesias entre finales de los 90 y 2023, todas bajo anonimato. Describen un ambiente sistemático de intimidación, control estricto, humillaciones e irregularidades laborales: jornadas extenuantes sin descanso, prohibición de salir de la casa, revisión de teléfonos móviles y selección del personal basada principalmente en el aspecto físico, con preguntas explícitas sobre preferencias sexuales y anatomía.
Las dos denunciantes relatan situaciones especialmente graves. Una de ellas describe haber sido presionada para mantener encuentros sexuales no consentidos, con penetraciones, bofetadas y vejaciones físicas y verbales casi diarias. La otra refiere tocamientos inapropiados contra su voluntad. Ambas hablan de un entorno de miedo y sometimiento donde “no había opción a decir no”.
Julio Iglesias, de 82 años, no ha respondido a las múltiples solicitudes de comentario realizadas por los medios durante la investigación, ni su abogado Russell King ni su entorno inmediato se han pronunciado oficialmente hasta el momento. Sony Music, su discográfica, tampoco ha emitido declaración.
La noticia generó reacciones políticas inmediatas. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, defendió al cantante en redes sociales y afirmó que la región “jamás contribuirá al desprestigio” del “artista más universal” de España. En sentido opuesto, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, y la vicepresidenta Yolanda Díaz exigieron investigar “hasta el final” y aseguraron que “no se mirará hacia otro lado” ante posibles casos de violencia machista. La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, subrayó que “no puede haber ningún espacio de impunidad en ningún ámbito de la sociedad”.
La Fiscalía mantiene las diligencias en reserva para proteger a las presuntas víctimas y aún analiza si existen indicios suficientes para elevar el caso a un juzgado. El procedimiento se encuentra en fase preliminar y rige la presunción de inocencia del investigado.
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