Washington, D.C.- El empresario Ricardo Salinas Pliego escaló este martes 13 de enero su prolongado conflicto fiscal con el Gobierno mexicano al presentar una denuncia formal ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington D.C. El magnate acusa al Estado mexicano de una “persecución política, fiscal, judicial y administrativa” sistemática en su contra, que —según argumenta— busca restringir su libertad de expresión y su participación en el debate público.
La acción se formalizó durante una reunión con Pedro Vaca, relator especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, en la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA). Grupo Salinas presentó un expediente con pruebas de lo que califica como acoso coordinado, iniciado con mayor intensidad desde 2023 bajo las administraciones de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum.
Entre los principales agravios denunciados destacan: auditorías fiscales excesivas y duplicadas en comparación con periodos anteriores, el uso de medios públicos y vocerías oficiales —incluidas más de 300 menciones en conferencias matutinas— para dañar su reputación, el supuesto uso político del aparato fiscal con fines coercitivos y la “captura del Poder Judicial” tras la reciente reforma que renovó la judicatura por voto popular.
La denuncia llega semanas después de que Hacienda fijara el monto definitivo de la deuda fiscal de Grupo Salinas con el SAT: 51 mil millones de pesos por adeudos que datan, en algunos casos, desde 2007. Tras agotar las instancias nacionales —incluidas derrotas en la Suprema Corte en noviembre de 2025—, el empresario cumple su amenaza de llevar el caso al ámbito internacional.
Salinas Pliego, tras la reunión, declaró en video: “Salgo muy contento y con más convicción de que a mí no me van a doblar. Vamos a plantarle cara al régimen del cártel de Morena”.
Expertos consideran improbable que la CIDH admita el caso por su naturaleza principalmente fiscal, y aún más que prospere en la Corte Interamericana, lo que podría tomar años. Judicialmente, la denuncia no detiene la fase de ejecución del pago que Hacienda exige este enero, aunque ofrece un descuento del 39% por pago voluntario.
El episodio mantiene viva la confrontación mediática y política entre el quinto hombre más rico de México —crítico feroz del gobierno morenista— y la presidenta Sheinbaum, quien ha hecho del cobro a grandes deudores una prioridad para financiar programas sociales sin reforma fiscal. El conflicto, que involucra dos billones de pesos en litigios fiscales similares, refleja la tensión entre recaudación estatal y voces opositoras con gran poder mediático.
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