Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República (FGR) anunció que no existe evidencia suficiente para justificar la detención provisional con fines de extradición del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, ni de otros nueve funcionarios y exfuncionarios estatales y municipales acusados por Estados Unidos de narcotráfico.
En conferencia de prensa, el titular de la Fiscalía Especializada de Control Competencial, Raúl Jiménez Vázquez, informó que la FGR enviará una solicitud formal a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para que el gobierno estadounidense entregue todas las pruebas, argumentos, documentos e información de informantes que sustentan la acusación presentada el pasado 29 de abril por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York.
“La fiscalía realizará su propia investigación de forma independiente y bajo el marco jurídico nacional”, enfatizó el funcionario.
Jiménez Vázquez explicó que la solicitud recibida este viernes por la Cancillería únicamente pide la aprehensión provisional de los señalados, no se trata aún de un procedimiento formal de extradición. Sin embargo, tras analizar la petición, la FGR determinó que no hay fundamentos ni evidencia anexa que justifique la urgencia de la medida cautelar.
“No hay ninguna referencia, motivo, fundamento ni evidencia que nos permita apreciar la necesidad de la detención provisional. Además, la difusión pública de la información pone en riesgo el debido proceso”, señaló el fiscal.
La acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos sostiene que Rocha Moya, militante de Morena, se coludió con la facción de “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa para obtener apoyo en su campaña electoral de 2021 y, a cambio, habría puesto a disposición del grupo criminal las instituciones de seguridad y procuración de justicia del estado y del municipio de Culiacán.
Entre los acusados también figuran el senador y exsecretario General de Gobierno, Enrique Inzunza; el exsecretario de Administración y Finanzas, Enrique Díaz Vega; el vicefiscal Dámaso Castro Saavedra; y el presidente municipal de Culiacán, Juan de Dios Gámez, entre otros.
La FGR insistió en que, mientras no reciba y analice la evidencia completa por los canales diplomáticos correspondientes, mantendrá una posición institucional basada en el derecho mexicano.
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