Éxito rotundo de Nevárez
Sergio Nevárez Rodríguez demostró un amplio respaldo popular al abarrotar el gimnasio de Bachilleres en el Parque Central de Ciudad Juárez, donde reunió a representantes de grupos empresariales, sociales, funcionarios estatales y las fuerzas vivas del PAN. Este evento, enfocado en su cuarto informe de actividades, no solo sirvió como plataforma para rendir cuentas, sino que evidenció su capacidad para movilizar a la ciudadanía y al establishment local, consolidando su posición como líder emergente en la región.
Mostró músculo político
El informe trascendió lo administrativo al mostrar el «músculo político» de Nevárez, quien parece avanzar con paso firme hacia las elecciones de 2027. Su figura ha experimentado un crecimiento notable en los últimos meses, atrayendo tanto admiradores como detractores, pero su enfoque en resultados tangibles lo posiciona como un contendiente serio para recuperar espacios de poder en la frontera norte, donde el PAN busca revitalizarse.
Berrinches de Pérez Cuéllar
La ascendente trayectoria de Nevárez ha convertido al director de la JMAS en un blanco preferente para las críticas del alcalde Cruz Pérez Cuéllar, quien percibe en él una amenaza directa al «Crucismo» arraigado en la alcaldía juarense. Pérez Cuéllar, que aspira a heredar su influencia a su hermano Alejandro, ha respondido con «berrinches y pataleos», aunque estos no parecen alterar la agenda de Nevárez ni distraerlo de sus responsabilidades cotidianas.
Política de bacheo que duele al rival
Uno de los puntos más sensibles del informe fue la política de bacheo impulsada por la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS), que ha invertido más de 100 millones de pesos en reparaciones viales, sumándose a un total de 4 mil 500 millones destinados en cuatro años a infraestructura hidráulica. Estas acciones no solo mejoran la movilidad en la ciudad, sino que contrastan con la inacción previa, generando un «dolor» evidente en los círculos del crucismo, que ven erosionada su narrativa de gestión.
Programas cercanos a la ciudadanía
Nevárez enfatizó su compromiso con las familias juarenses mediante iniciativas como “La J+ en tu Colonia”, “Ciérrale a tu Adeudo” y descuentos del 50% para grupos vulnerables, que han impactado positivamente a más de 115 mil usuarios. Además, la red de 110 consejos “Aliados del Agua”, distribuidos por toda la urbe, fomenta una comunicación directa y participativa, convirtiendo el informe en un mosaico de logros sociales que trascienden la mera estadística para tocar la vida diaria de los habitantes.
Apoyo de exgobernadores
Entre los asistentes destacaba el exgobernador Francisco Barrio Terrazas, quien avaló el trabajo de Nevárez y lo catalogó como el perfil idóneo del PAN para reconquistar la alcaldía. Barrio se suma a José Reyes Baeza, Patricio Martínez y Fernando Baeza Meléndez convirtiéndose en el cuarto exmandatario en respaldarlo. Para Barrio, el regreso del panismo a Juárez pasa inexorablemente por la unión de todas las «fuerzas azules» en torno a un líder capaz de librar la batalla electoral.
“Agilizaste una tontada”
Las bardas de “Agilizate”, que claramente promueven la candidatura del Secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya, se antojan algo más que una tontería. ¿Qué puesto busca el fracasado jefe policiaco?, Chihuahua es segundo lugar en criminalidad en el país. ¿Busca la gubernatura?, para que alentarlo si el PAN tiene al mejor candidato posible en Marco Antonio Bonilla Mendoza, al contrario deben aprovechar que hay una definición temprana y ponerse a trabajar, aprovechando sobre todo que en Morena hay indefinición e incertidumbre sobre el o la candidata, es tiempo precioso para organizar y planear y sobre todo trabajar a ras de tierra, a buscar a los lideres vecinales que se encargaran de llevar a votar a los simpatizantes en el primer domingo de junio del 2027. Lo mismo va para Sergio Nevárez, si ya tienen al mejor candidato posible para Ciudad Juárez, ¿qué le buscan?…para que poner piedritas ¿o Maru quiere que gane Cruz?
Apertura tardía al diálogo
Después de semanas de manifestaciones que expusieron el descontento acumulado del magisterio chihuahuense, el Gobierno del Estado finalmente accedió a una negociación formal con las Secciones 8 y 42, así como con el colectivo Los de Abajo Organizados. Esta respuesta, aunque bienvenida, llega con retraso y revela una inercia administrativa que prioriza la contención de protestas sobre la prevención de conflictos. Las problemáticas laborales y sindicales, que se arrastran por años, no son un fenómeno aislado, sino el resultado de políticas educativas centralizadas que ignoran las realidades locales, dejando a docentes en un limbo de precariedad. El optimismo inicial de los maestros choca con la cruda realidad: ¿será este un diálogo genuino o mera estrategia para desmovilizar?
Fragmentación de demandas en mesas temáticas
La propuesta de dividir las demandas en cinco mesas específicas —económico-administrativas, ceses, violencia institucional, proyectos sociales y asuntos sindicales— suena como un avance estructurado, impulsado por líderes como Rosa Lilia Cardona y Luis Fernando Camargo. Sin embargo, esta fragmentación podría diluir la fuerza colectiva de las protestas, convirtiendo un pliego petitorio unificado en un laberinto burocrático donde cada tema se aísla y pierde urgencia. Históricamente, en Chihuahua, tales mecanismos han servido más para posponer resoluciones que para generar cambios profundos, perpetuando la impunidad en casos de violencia institucional y el abandono de jubilados. La verdadera prueba estará en si estas mesas priorizan soluciones integrales o se convierten en un ejercicio formal sin impacto real.
Compromisos estatales bajo escrutinio
El compromiso del subsecretario Óscar González Luna de iniciar trabajos la próxima semana, con cierre ante titulares de Gobierno, Educación y Hacienda, proyecta una imagen de eficiencia gubernamental. No obstante, esta promesa choca con el historial de incumplimientos en negociaciones previas, donde acuerdos se evaporan en el vaivén presupuestal y político. La ausencia inicial de la gobernadora María Eugenia Campos Galván en el proceso inicial ya genera dudas sobre el nivel de prioridad que se le asigna al magisterio, un sector clave para el desarrollo estatal. En un contexto de recortes educativos nacionales, estos «compromisos formales» corren el riesgo de ser meras declaraciones de intención, sin el respaldo financiero que exigen demandas como las de pensionados y ceses injustificados.
El rol ausente de la gobernadora
Los docentes expresaron optimismo por la apertura al diálogo y pidieron explícitamente la intervención directa de la gobernadora en la sesión de cierre, un gesto que podría elevar la negociación de lo administrativo a lo político. Esta solicitud no es caprichosa, sino una demanda de rendición de cuentas en un estado donde las decisiones ejecutivas han marginado sistemáticamente al magisterio disidente. Si Campos Galván accede, podría marcar un giro hacia una gobernanza más inclusiva; de lo contrario, reforzará la percepción de un gobierno distante, más atento a agendas partidistas que a las voces de base. En última instancia, la traducción de acuerdos en acciones concretas definirá si esta mesa es un hito o solo un paréntesis en la lucha por derechos laborales dignos.
Llamado vacío; tiempos de simulación
En un ejercicio de retórica predecible, Abelardo Valenzuela Holguín, Fiscal Anticorrupción de Chihuahua, eleva la voz en la Octava Cumbre Nacional de Fiscales Anticorrupción (CONAFA) para exigir a legisladores federales la homologación de delitos por corrupción. ¿Homologación? Un término que suena a avance técnico, pero que en la práctica mexicana equivale a más promesas etéreas en un país donde las leyes anticorrupción se acumulan como polvo en los anaqueles del Congreso. Su llamado «frontal» no es más que un eco de discursos pasados, ignorando que Chihuahua mismo arrastra escándalos sin resolver, donde la impunidad no se cierra con palabras, sino que se nutre de la inacción crónica de instituciones como la suya. Este fiscal, que presume acciones «firmes» locales, olvida que el Sistema Nacional Anticorrupción, creado con fanfarria en 2016, sigue siendo un cascarón vacío, y su intervención no hace más que perpetuar la ilusión de progreso sin tocar las raíces del problema: un Poder Judicial capturado y un Ejecutivo que usa la anticorrupción como arma selectiva.
La hipocresía colectiva
Valenzuela enfatiza que «en México ya no hay espacio para la impunidad», un mantra que resuena hueco ante la realidad de que, según datos de Transparencia Internacional, México ocupa el lugar 126 en el Índice de Percepción de Corrupción de 2023, con escasos avances reales. Urge a autoridades a asumir la responsabilidad como «tarea compartida, histórica y sin excepciones», pero ¿quién es él para predicar unidad cuando las fiscalías estatales, incluida la de Chihuahua, dependen de presupuestos federales que se negocian en oscuros pactos políticos? Su retórica ignora la paradoja: mientras clama por instituciones «sólidas para bien de todos los mexicanos», el estado que representa ha visto cómo casos emblemáticos de peculado se diluyen en apelaciones eternas, beneficiando a élites intocables. Esta cumbre, lejos de ser un foro transformador, se reduce a un club de lamentos donde fiscales como Valenzuela posan de héroes, pero evaden el espejo de sus propias limitaciones, convirtiendo la agenda nacional en un circo de buenas intenciones sin dientes punitivos.
Espejismos legislativos
Expone tres ejes para fortalecer el Sistema Nacional Anticorrupción: autonomía real de fiscalías, una Ley General homologadora con imprescriptibilidad, y potentes investigaciones financieras. Suena ambicioso, pero es un reciclaje de propuestas estancadas desde la reforma de 2017, que prometía lo mismo y entregó migajas. Garantizar autonomía «blindada de injerencias políticas» en entidades federativas es una utopía cuando gobernadores como el de Chihuahua manipulan nombramientos fiscales a su antojo, y Valenzuela, nombrado bajo el actual régimen, debería saberlo mejor que nadie. La imprescriptibilidad para peculado y enriquecimiento ilícito, ya «existente» en su estado, no ha impedido que fortunas ilícitas sigan fluyendo; es mera cosmética legal. Y el rastreo del dinero con «herramientas modernas» evoca ironía: ¿dónde estaban esas herramientas cuando el lavado de activos en Chihuahua financió campañas electorales? Estos ejes no son más que un catálogo de deseos, ignorando que la cooperación internacional que menciona se frustra por la soberbia nacional y la falta de voluntad real para extraditar a los peces gordos.
Coordinación falsa
Insiste en la «necesidad de coordinación» entre poderes y órdenes de gobierno para un «frente común» contra la corrupción, pero esta es la clásica exhortación vacía que oculta divisiones profundas: el Legislativo federal, con Morena en control, prioriza agendas partidistas sobre reformas anticorrupción, mientras el Ejecutivo de Chihuahua usa estos foros para pulir su imagen. Agradece a legisladores como Ricardo Mejía Berdeja o Juan Carlos Romero Hicks por su «disposición al diálogo», un gesto que huele a cortesía política más que a compromiso genuino, dado que estos mismos han bloqueado iniciativas similares en sesiones pasadas. Finalmente, su cierre con «la corrupción se combate con convicción sin titubeos» es el colmo del cinismo: en un México de cleptocracia rampante, donde el 99% de los delitos quedan impunes según el INEGI, este fiscal no ofrece soluciones concretas, solo un llamado moral que se disuelve en el aire. Valenzuela representa lo peor de la élite anticorrupción: un actor que critica el sistema desde adentro, sin cuestionar su propio rol en la perpetuación de la impunidad que tanto denuncia.
Neutralidad simulada
El intercambio entre el alcalde Cruz Pérez Cuéllar y el secretario Gilberto Loya Chávez pone de manifiesto una tensión inherente en la política chihuahuense: la supuesta neutralidad en materia de seguridad que se invoca como ideal, pero que se practica de manera asimétrica. Pérez Cuéllar acusa a funcionarios estatales de militancia panista, demandando su renuncia inmediata para «poner el ejemplo», mientras defiende su propio rol en Morena como algo episódico y no vinculante. Esta doble vara de medir no solo debilita el argumento de la neutralidad, sino que revela un oportunismo político que prioriza la lealtad partidista sobre la imparcialidad institucional. En un contexto donde la violencia en Juárez sigue cobrando vidas, tales disputas distraen de la urgencia real: una estrategia de seguridad cohesionada, libre de agendas electorales.
Incompatibilidades en la nómina
La crítica del alcalde a los «nombres muy largos» de los cargos panistas y su exigencia de que «ya se vayan» suena más a un ajuste de cuentas que a una defensa democrática genuina. Pérez Cuéllar argumenta que cobrar del erario estatal mientras se participa en actividades partidistas es «absolutamente incompatible», un punto válido en teoría, pero que ignora las grietas en su propio andamiaje. ¿Cómo justificar, entonces, que un alcalde en funciones lidere —aunque sea nominalmente— un consejo de Morena, partido en el poder nacional? Esta hipocresía erosiona la credibilidad de las instituciones de seguridad, transformándolas en campos de batalla electoral. En lugar de fomentar la chamba exclusiva en seguridad, el edil parece invitar a una purga selectiva, que podría exacerbar divisiones en lugar de sanarlas.
Diferencias entre consejero y residente
Pérez Cuéllar intenta diferenciar su rol de «consejero» en Morena —reuniones esporádicas, una presencial al año— del compromiso «total y permanente» de un presidente partidista, como los acusados. Sin embargo, esta distinción es endeble: el mero simbolismo de un liderazgo en el consejo estatal implica influencia y visibilidad, elementos que contaminan la neutralidad tanto como una presidencia municipal. En una democracia madura, cualquier cargo público debería blindarse de afiliaciones partidistas, especialmente en seguridad, donde la percepción de sesgo puede socavar la confianza ciudadana. El alcalde, al minimizar su participación como «muy diferente», no convence; al contrario, invita a cuestionar si estas excepciones no son más que coartadas para mantener cuotas de poder sin rendir cuentas plenas.
Hacia una seguridad sin politiquería
En última instancia, el llamado de Loya a «no politizar la seguridad» resuena como un eco necesario, pero Pérez Cuéllar lo rebate con un contraataque que profundiza la polarización. Mientras el alcalde enfatiza la «prioridad de la neutralidad», sus declaraciones finales —»lo que no se vale es estar cobrando en la seguridad del Estado para estar trabajando en el PAN municipal»— dejan un sabor amargo de revanchismo. Para Juárez y Chihuahua, el verdadero desafío no es depurar nóminas rivales, sino forjar un pacto transversal que eleve la seguridad por encima de las siglas partidistas. Sin ello, estas escaramuzas solo perpetúan un ciclo vicioso, donde la política devora la gobernanza y la ciudadanía paga el precio en inseguridad cotidiana. Urge un liderazgo que predique con el ejemplo, no con la espada.
Abuso recaudatorio disfrazado
La iniciativa de la diputada Xóchitl Contreras expone una realidad dolorosa en Ciudad Juárez: el engomado ecológico, supuestamente un mecanismo para proteger el ambiente, se ha convertido en un instrumento de extorsión municipal. Cobrar hasta 346 pesos por un sticker y multas de hasta 3,394 pesos por no portarlo no solo es desproporcionado, sino que revela una priorización perversa de los ingresos fiscales sobre la sostenibilidad real. En un contexto donde las calles están plagadas de baches y la inseguridad azota, esta medida parece más un parche presupuestario que una política ambiental genuina, cuestionando la legitimidad de un gobierno que ve a los ciudadanos como cajeros automáticos en lugar de aliados en la lucha climática.
De la obligación a la educación
Contreras propone un cambio radical, pasando de un modelo punitivo a uno educativo, con costos reducidos a 226 pesos, multas limitadas a 339 pesos y un plazo de 30 días para tramitar el engomado sin sanción inicial. Esta visión progresiva es encomiable, ya que reconoce que el respeto ambiental no se impone con látigo, sino que se cultiva con incentivos y transparencia. Sin embargo, surge la duda: ¿será suficiente esta reforma para contrarrestar la inercia burocrática? En Juárez, único municipio con sanciones tan draconianas, el problema radica en una cultura administrativa que privilegia el corto plazo financiero sobre la equidad social, y sin mecanismos de fiscalización estrictos, la iniciativa podría diluirse en promesas vacías.
La anomalía recaudatoria
Lo que más indigna de esta situación es su singularidad geográfica: mientras el resto de Chihuahua evita tales excesos, Juárez opera como un feudo recaudatorio, donde los problemas estructurales —inseguridad en ascenso, servicios colapsados— se ignoran en favor de multas fáciles. La diputada acierta al calificar esto como una «burla», pero el análisis debe ir más allá: esta disparidad refleja fallas sistémicas en la coordinación estatal-municipal, donde la autonomía local se usa como pretexto para abusos. Si el propósito no es ambiental, sino fiscal, urge una auditoría integral para desmantelar estas prácticas, evitando que la «justicia ambiental» se convierta en sinónimo de injusticia económica para las familias juarenses.
Hacia una política ambiental humana
En conclusión, la propuesta de Contreras no solo defiende el bolsillo de los juarenses, sino que redefine la ecología como un pacto colectivo, no como un castigo selectivo. Su llamado a un gobierno «aliado» en lugar de «verdugo» resuena en un México donde las políticas verdes a menudo sirven de cortina de humo para deficiencias presupuestarias. No obstante, el verdadero desafío radica en la implementación: sin educación masiva y monitoreo ciudadano, esta iniciativa podría ser otro capítulo en la crónica de buenas intenciones fallidas. Juárez merece más que reformas; necesita un renacer ambiental que priorice la vida digna sobre el llenado de arcas vacías, y Contreras, con su voz alzada, podría ser el catalizador de ese cambio.
