Chihuahua, Chih.- En medio de una escalada de enfrentamientos armados que ha dejado comunidades enteras abandonadas y familias enteras en fuga, el secretario de Pueblos y Comunidades Indígenas (SPyCI), Enrique Rascón, reveló que las etnias originarias de la Sierra Tarahumara han elevado un grito de auxilio al gobierno estatal para combatir la inseguridad rampante y el éxodo forzado que azota la región. «Es una situación que a todos nos duele», admitió el funcionario, al tiempo que subrayó el compromiso de los tres niveles de gobierno en un frente unido contra la violencia que amenaza con borrar el arraigo ancestral de pueblos como los rarámuri.
La ola de terror, alimentada por disputas entre cárteles como los de Sinaloa, Juárez y La Línea, ha transformado paisajes de barrancas y sierras en escenarios de emboscadas y balaceras que no distinguen entre combatientes y civiles. En los últimos días, el eco de los disparos ha silenciado rancherías enteras, dejando un saldo de al menos 14 muertos y decenas de heridos solo en octubre, según reportes preliminares de autoridades locales. Rascón, cuya dependencia atiende directamente a estas poblaciones vulnerables, enfatizó que no se trata de un problema aislado, sino de una crisis humanitaria que exige respuestas inmediatas y coordinadas, con énfasis en la protección de mujeres, niños y ancianos que cargan con el peso del miedo cotidiano.
Balaceras y éxodos
La Sierra Tarahumara, cuna de tradiciones milenarias y hogar de miles de indígenas, se ha convertido en un polvorín donde los «enfrentamientos de cerro a cerro» resuenan como truenos lejanos pero cercanos. En Guadalupe y Calvo, un municipio enclavado en las profundidades de la región, recientes choques armados han obligado a más de 150 personas a huir de sus hogares, desertando 20 comunidades que ahora yacen como fantasmas entre los pinos. Familias de Mesa de la Cruz, por ejemplo, narran noches en vela, con el zumbido de balas que «se oyen cerca, como si la muerte llamara a la puerta», según testimonios recogidos en la zona.
No muy lejos, en Guachochi, el infierno se desató la semana pasada con una serie de ataques que cobraron siete vidas y dejaron otros siete heridos graves, en un episodio que involucró a presuntos miembros de grupos criminales y salpicó a inocentes en su paso. La Fiscalía General del Estado ya ha identificado a algunos responsables, pero el daño está hecho: vehículos incendiados tras siete horas de tiroteo y un rastro de extorsiones, desapariciones y cobros de piso que han enraizado el terror en estas tierras. La violencia, que saltó de 125 homicidios en 2023 a cifras alarmantes este año, ahora se filtra hacia valles como Parral, arrastrando oleadas de desplazados que buscan refugio en un estado colapsado por la indiferencia pasada.
Un escudo tricolor
Ante este panorama desolador, Rascón pinta un panorama de acción incesante, donde el gobierno de Chihuahua teje una red de seguridad que abarca desde helicópteros y drones hasta mesas de diálogo permanentes. El secretario de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya, irrumpió en Guachochi hace apenas unos días, flanqueado por el alcalde Pepe Yáñez, para extender una mano concreta a las víctimas: desde la cobertura de gastos funerarios hasta terapias psicológicas que intentan sanar almas fracturadas por la pérdida.
La semana entrante, una mesa de seguridad especializada en desplazamiento forzado sesionó con urgencia, desplegando intervenciones en Chihuahua capital, las faldas de Aquiles Serdán y el corazón de Coatepeque. Próximamente, el foco se posará en Guadalupe y Calvo y Moris, donde la Comisión Estatal de Atención a Víctimas (CEAVE) traza diagnósticos familiares casa por casa, midiendo el pulso de un dolor que no cabe en estadísticas. «Trabajamos de manera interinstitucional», insistió Rascón, evocando la instalación de una mesa permanente anunciada a mediados de octubre para blindar la sierra contra la «ola de violencia» que no da tregua. Corporaciones federales, estatales y municipales operan en tándem, prometiendo no solo balas, sino un escudo que devuelva la paz a quienes la han perdido en el fuego cruzado.
Voces del silencio roto
En las reuniones con líderes comunitarios, el aire se ha cargado de verdades a medias y compromisos firmes. Rascón relató cómo se disiparon «malentendidos» que nublaban la confianza, abriendo canales de comunicación que fluyen como arroyos en la seca sierra. «Todas las solicitudes son genuinas; cualquier situación que le duela a una comunidad, nosotros estamos obligados a atenderla», proclamó el secretario, saliendo de esos encuentros con la convicción de que el diálogo es el verdadero antídoto al aislamiento.
Hoy, las familias indígenas cargan un miedo palpable, un peso que las arrastra por caminos empedrados en busca de un mañana menos sangriento. Pero Rascón no se detiene en lamentos: «Estamos atendiéndolo de manera muy puntual y coordinada, en un esfuerzo que encabeza la CEAVE», afirmó, proyectando una atención perpetua que no se apaga con el sol poniente. En una región donde la violencia del narco ha desplazado a cientos en meses recientes –de Moris a Uruachi, pasando por las sombras de la impunidad–, este juramento estatal emerge como un faro tenue, pero persistente, en la penumbra de la Tarahumara. La pregunta que late en el viento serrano es si bastará para reconectar los hilos rotos de una vida en armonía con la tierra.
