Ciudad de México.- La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), encabezada por Bertha Alcalde, emitió un dictamen preliminar que señala el exceso de velocidad del conductor como la causa probable del accidente. Según las periciales, el tanque de la pipa sufrió una fractura de aproximadamente 40 centímetros en el casquete, provocada por el impacto contra el pavimento y un muro. La fiscal destacó que no se identificó ningún bache en el lugar del incidente, desmintiendo rumores al respecto, y afirmó que se cuenta con evidencia fotográfica que respalda esta conclusión. Además, aclaró que no se realizaron trabajos de reencarpetado posteriores en el tramo afectado, solo labores de limpieza y mantenimiento.
El pasado 10 de septiembre, una pipa que transportaba 49,500 litros de gas LP volcó en la Calzada Ignacio Zaragoza, en la alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México, alrededor de las 14:00 horas. El incidente provocó una explosión que dejó un saldo devastador: 14 personas fallecidas (según la última actualización de autoridades) y 94 lesionadas, de las cuales 40 permanecen hospitalizadas, con 22 en estado crítico, según el reporte de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México al 14 de septiembre de 2025. Del total de heridos, 30 han sido dados de alta.
Protesta en Iztapalapa
El 14 de septiembre, un grupo de manifestantes bloqueó la Calzada Ignacio Zaragoza, a la altura del Puente de la Concordia, en Iztapalapa, para exigir mayor regulación de las empresas gaseras y la reparación integral de los daños causados por la explosión. Los manifestantes, entre los que se encontraban familiares de las víctimas, demandaron que la empresa responsable asuma la atención médica y psicológica de los afectados, así como la compensación por las pérdidas materiales y humanas. La protesta interrumpió el tránsito por algunos minutos, pero la circulación se normalizó posteriormente.
Durante la movilización, los participantes destacaron las consecuencias sociales del accidente, que van más allá de los daños materiales, afectando profundamente a las familias y comunidades de la zona. Exigieron medidas concretas para evitar que incidentes similares se repitan, incluyendo una supervisión más estricta de las empresas que transportan materiales peligrosos.
La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, desmintió rumores sobre un supuesto reencarpetado en el lugar del accidente y llamó a la población a no difundir información no verificada. Por su parte, la FGJCDMX confirmó que la empresa involucrada ha rendido su declaración y cuenta con pólizas de seguro vigentes, lo que podría facilitar la indemnización a las víctimas.
El gobierno de la Ciudad de México anunció una cifra inicial de entre 20,000 y 50,000 pesos para la reparación integral de los daños a las víctimas, aunque esta cantidad ha generado críticas por considerarse insuficiente frente a la magnitud de las pérdidas.
Un testimonio destacado es el de un joven en situación de calle, quien relató que su perro lo alertó y le permitió escapar del lugar momentos antes de la explosión. Trágicamente, tres de sus amigos fallecieron en el incidente. Este relato subraya el impacto humano del accidente, que afectó a personas en condiciones de vulnerabilidad.
La explosión dejó un saldo de casi 100 personas lesionadas y daños significativos en la zona. Las autoridades de salud continúan brindando seguimienTO médico constante a los hospitalizados, mientras que la FGJCDMX avanza en la investigación para determinar responsabilidades. La sociedad civil y los familiares de las víctimas insisten en la necesidad de establecer regulaciones más estrictas para el transporte de gas LP y garantizar que las empresas cumplan con protocolos de seguridad.
