Washington, D.C. – El Pentágono empleó una aeronave secreta pintada para simular un avión civil en su primer ataque letal contra una embarcación presuntamente vinculada al narcotráfico en el mar Caribe, el 2 de septiembre de 2025. El operativo, que dejó 11 muertos, ha generado acusaciones de posible crimen de guerra por “perfidia”, según reveló The New York Times y confirmaron múltiples fuentes oficiales.
La aeronave, modificada a partir de un fuselaje civil (posiblemente un Boeing 737 o similar), no llevaba armamento visible bajo las alas —como es habitual en aviones militares— sino oculto en el interior del fuselaje. Carecía de los colores grises y marcas militares tradicionales, lo que, según expertos en derecho internacional humanitario, pudo inducir a los ocupantes de la embarcación a bajar la guardia al creer que se trataba de un avión no hostil.
El general retirado Steven J. Lepper, exfiscal adjunto de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, calificó la maniobra como un claro elemento de perfidia: “Ocultar tu identidad es perfidia. Si la aeronave que sobrevuela no es identificable como combatiente, no debería participar en actividades de combate”. La perfidia —prohibida por los Convenios de Ginebra y manuales militares estadounidenses— consiste en fingir condición de civil para engañar al adversario y atacarlo, lo que constituye un crimen de guerra incluso en conflictos armados no internacionales.
El gobierno de Donald Trump justificó la operación argumentando que Estados Unidos se encuentra en un “conflicto armado no internacional” con cárteles de droga y grupos criminales designados como “narcoterroristas”. Bajo esta premisa, los ocupantes de las embarcaciones serían combatientes legítimos y no civiles sospechosos de delitos comunes. Sin embargo, la mayoría de especialistas consultados cuestionan la validez jurídica de esta clasificación, y consideran que los ataques equivaldrían a ejecuciones extrajudiciales.
El video de vigilancia mostró que la embarcación viró hacia Venezuela aparentemente tras avistar el avión. Dos sobrevivientes iniciales saludaron a la aeronave desde los restos flotantes antes de ser alcanzados por un segundo ataque que hundió los restos. Desde entonces, el Pentágono ha optado por aeronaves claramente militares, como drones MQ-9 Reaper.
El portavoz del Pentágono, Kingsley Wilson, defendió la legalidad del arsenal empleado: “Cada avión pasa por un riguroso proceso de revisión para cumplir con la legislación nacional e internacional, incluido el derecho de los conflictos armados”. Ni la Casa Blanca ni el Mando de Operaciones Especiales comentaron detalles específicos del aparato.
El incidente ha sido discutido en sesiones privadas del Congreso, aunque permanece clasificado. Forma parte de una campaña más amplia que, hasta ahora, ha registrado al menos 35 ataques y más de 120 muertes en el Caribe y el Pacífico oriental. El debate sobre la perfidia añade otra capa de controversia a una estrategia que ya enfrenta críticas por su proporcionalidad y legalidad general.
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