Chihuahua, Chih. — El fiscal Anticorrupción del Estado, Abelardo Valenzuela Holguín, confirmó la existencia de diversas carpetas de investigación en las que aparece el nombre del exgobernador y actual senador Javier Corral Jurado, aunque ninguna ha sido judicializada aún. Estas indagatorias derivan tanto de acciones del Ministerio Público como de denuncias presentadas por ex colaboradores de su administración (2016-2021). Valenzuela precisó que la Fiscalía Anticorrupción solo avanza a la etapa de judicialización cuando reúne todos los elementos probatorios exigidos por la ley, respetando el debido proceso y la presunción de inocencia. No reveló el número exacto de expedientes para evitar vulnerar derechos fundamentales.
El funcionario se refirió principalmente al caso más avanzado: la presunta desviación de 98.6 millones de pesos del erario estatal, entregados a un despacho particular por supuestos estudios de reestructuración de deuda que nunca se acreditaron. Según la Auditoría Superior del Estado (ASE), el beneficiario no presentó evidencia alguna pese a requerimientos durante tres años; tras la denuncia, la respuesta se limitó a promover amparos.
La Fiscalía Anticorrupción tipificó los hechos como peculado agravado (artículo 270 del Código Penal estatal), al tratarse de recursos estatales —participaciones federales de libre disposición— y no federales directos. Un juez local libró órdenes de aprehensión contra Corral, el exsecretario de Hacienda Arturo Fuentes Vélez y el representante del despacho, aunque la acción penal contra el senador está impedida por su inmunidad constitucional.
Sin embargo, el caso ha escalado a un conflicto competencial. El 9 de enero de 2026, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito resolvió a favor de un juez penal federal (conflicto 20/2025), ordenando que la Fiscalía General de la República (FGR) asuma la investigación. La defensa de Corral solicitó y obtuvo esta atracción, argumentando falta de garantías en el fuero local.
Valenzuela calificó la maniobra como irregular y “furtiva”, derivada de una audiencia entre un agente del Ministerio Público Federal y un juez federal. Aseguró que la carpeta permanece suspendida por una suspensión definitiva en amparo (2288/2025-I-1), promovido por la Secretaría de Hacienda estatal, que protege a la sociedad chihuahuense como víctima. La Fiscalía Anticorrupción no entregará el expediente y agotará recursos legales, incluido un posible reclamo ante la Suprema Corte.
“Lo que buscan es desviar la atención del fondo del asunto, que es la presunta desviación de 98.6 millones de pesos”, enfatizó el fiscal, al advertir que la atracción rompe el pacto federal y vulnera la autonomía estatal. Rechazó que una mínima participación de recursos federales justifique la intervención de la FGR, y anticipó que solicitará formalmente a la dependencia federal se abstenga de atraer el caso.
El dirigente estatal del PRI, Alejandro Domínguez, coincidió en que la vía jurídica debe prevalecer y confió en que la FGR pueda declinar competencia, ya que la atracción fue impulsada por la defensa del exgobernador.
La Fiscalía Anticorrupción reiteró su compromiso con el combate a la corrupción y advirtió que las demás carpetas pendientes contra Corral seguirán en el ámbito estatal, sin riesgo de traslado federal. El desenlace del litigio competencial marcará un precedente sobre la división de competencias en casos de corrupción con implicaciones políticas.
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