Nueva York, EE.UU.- En una acción judicial de impacto internacional, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos presentó una acusación formal contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y nueve funcionarios estatales por su presunta colaboración directa con el Cártel de Sinaloa. El fiscal del Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, sostiene que los señalados utilizaron las instituciones públicas de la entidad para facilitar el tráfico masivo de fentanilo, cocaína y metanfetaminas hacia territorio estadounidense.
La investigación, fundamentada en reportes de la DEA, detalla que esta red de corrupción funcionaba como un brazo operativo destinado a blindar las actividades de la facción de Los Chapitos. Según el expediente judicial, altos mandos de la fiscalía y jefes policiales recibían sobornos millonarios a cambio de proporcionar información de inteligencia, protección logística y la movilización de fuerzas estatales para resguardar los cargamentos de droga. Entre los nombres citados en el documento destacan Enrique Inzunza Cázarez, funcionario de alto nivel, y Dámaso Castro Zaavedra, subprocurador general del estado.
Uno de los señalamientos más graves en la acusación involucra al comandante de la Policía Municipal de Culiacán, Juan Valenzuela Millán, alias Juanito. Se le imputa haber utilizado recursos y personal de la corporación para asistir al Cártel de Sinaloa en el secuestro, tortura y ejecución de una fuente confidencial de la DEA y un familiar de esta durante el año dos mil veintitrés. Asimismo, el informe indica que figuras como Castro Zaavedra recibían pagos periódicos de once mil dólares mensuales para alertar a la organización criminal sobre operativos policiales inminentes.
El administrador de la DEA, Terrance Cole, calificó al grupo delictivo como una entidad terrorista que ha logrado socavar la salud pública mediante el soborno de servidores públicos. Esta acusación representa un quiebre en la relación institucional entre ambos países, al señalar directamente a una administración estatal en funciones como cómplice activa en la crisis del fentanilo. Las autoridades estadounidenses subrayan que el esquema de corrupción permitió que el cártel infiltrara las corporaciones de seguridad para eliminar amenazas y expandir su imperio criminal bajo el amparo del poder político sinaloense.
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