Ciudad de México.- El empresario Ricardo Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas, se comprometió públicamente a saldar su adeudo con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en menos de 10 días, al tiempo que solicitó al gobierno federal una actualización precisa del monto total. El anuncio lo hizo durante la celebración de su cumpleaños 70, un evento masivo y gratuito en la Arena Ciudad de México que congregó a miles de seguidores, empleados y allegados bajo el lema «Celebra los 70 del Tío Richie».
En su mensaje dirigido directamente a la presidenta Claudia Sheinbaum, Salinas Pliego enfatizó la disposición de su conglomerado para cerrar el capítulo de litigios fiscales que se arrastra desde hace casi dos décadas. «Queremos pagar. Hoy estamos publicando dos documentos clave: el primero, un escrito enviado al SAT hace 10 días donde pedimos que nos indiquen cuánto debemos para liquidarlo de inmediato», declaró ante el público, que ovacionó la declaración en un ambiente festivo marcado por música en vivo y mensajes de apoyo.
El gesto del magnate, uno de los hombres más ricos de México con un patrimonio estimado en miles de millones de dólares, revive un conflicto que ha tensado relaciones entre Grupo Salinas y las autoridades fiscales desde el sexenio de Felipe Calderón. La empresa, que abarca sectores como telecomunicaciones, retail y medios, ha sido señalada por presuntos evasivos impositivos que, según el SAT, superan los 74 mil millones de pesos.
Acompañando el anuncio, Grupo Salinas difundió en redes sociales una serie de archivos que detallan su versión de los hechos. Entre ellos destaca una carta enviada hace un año a la entonces jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, en la que el empresario ofrece cubrir 7 mil 600 millones de pesos derivados de resoluciones fiscales acumuladas desde 2006. En el texto, Salinas Pliego recuerda un pago parcial de 2 mil 700 millones realizado en octubre de 2022, como parte de un acuerdo negociado con el gobierno anterior.
Ese pacto, según los documentos atribuidos a cálculos del exprocurador fiscal Félix Arturo Medina Padilla —actual subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración—, fijaba el adeudo en 15 mil 660 millones de pesos. Sin embargo, Grupo Salinas alega que el convenio no fue respetado por las autoridades, lo que derivó en nuevos embargos y procesos judiciales. «Estamos cansados de este litigio interminable y queremos enfocarnos en generar empleo y crecimiento», agregó Salinas durante el evento, donde también satirizó políticas del gobierno de Morena en un tono ligero que generó risas entre los asistentes.
La discrepancia entre la oferta de Salinas y la cifra oficial del SAT es abismal. Mientras el empresario se apega a un monto de 7 mil 600 millones, los documentos que él mismo divulgó mencionan un cálculo previo de 15 mil 660 millones. Esta brecha refleja la complejidad de un caso que involucra actualizaciones por inflación, multas e intereses acumulados.
Respuesta oficial: 74 mil millones en litigio
El gobierno federal, por su parte, mantiene una postura firme. En la conferencia matutina de este domingo, la procuradora fiscal de la Federación, Grisel Galeano, detalló que las deudas por impago de impuestos de las empresas de Salinas Pliego ascienden a 74 mil millones de pesos. De esa cantidad, 48 mil millones enfrentan la fase final de resolución en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde se definen recursos de amparo presentados por el grupo empresarial.
Galeano subrayó que el SAT no ha recibido la solicitud de actualización mencionada por Salinas y que cualquier pago debe ajustarse a las determinaciones judiciales vigentes. «El fisco no negocia deudas; se resuelven conforme a la ley», precisó la funcionaria, quien evitó entrar en detalles sobre posibles reuniones con representantes de Grupo Salinas. Fuentes cercanas al Palacio Nacional indicaron que la presidenta Sheinbaum, quien ha impulsado una política de austeridad fiscal, podría responder directamente al empresario en los próximos días, aunque no se ha programado una cita formal.
Este intercambio público llega en un momento de mayor escrutinio al sector privado por parte del nuevo gobierno. Salinas Pliego, conocido por sus críticas abiertas en redes sociales contra la administración de Morena —a la que acusa de extorsión fiscal y manejo ineficiente de recursos—, ha visto incrementarse las auditorías a sus compañías en los últimos meses. Apenas la semana pasada, un tribunal federal ordenó el pago de 580 millones de dólares a inversionistas extranjeros en un caso relacionado con bonos de TV Azteca, otra empresa del grupo.
El litigio entre Grupo Salinas y el SAT se remonta a 2006, cuando la autoridad fiscal inició revisiones por presuntas irregularidades en el pago de impuestos sobre la renta e IVA en operaciones de empresas como Unefón y TV Azteca. A lo largo de los años, el conglomerado ha ganado varios amparos, pero también ha enfrentado embargos preventivos sobre activos, incluyendo cuentas bancarias y propiedades.
En 2022, durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se reportó un avance en las negociaciones que llevó al pago parcial mencionado. No obstante, las tensiones escalaron con la llegada de Sheinbaum al poder, quien ha prometido combatir la evasión fiscal para financiar programas sociales sin aumentar impuestos. Analistas estiman que un cierre extrajudicial podría liberar recursos para el erario, pero también cuestionan si la oferta de Salinas representa un intento de despolitizar un conflicto que él mismo ha calificado de «persecución».
El evento del sábado, que incluyó presentaciones artísticas y un mensaje de unidad entre empleados, sirvió de plataforma no solo para el anuncio fiscal, sino para reforzar la imagen de Salinas como un empresario accesible y combativo. Con más de 10 mil asistentes, la celebración contrastó con las críticas que el magnate ha recibido por su estilo confrontacional en plataformas digitales, donde acumula millones de seguidores.
Hasta el cierre de esta edición, el SAT no ha emitido un comunicado oficial sobre la propuesta. El desenlace podría marcar un punto de inflexión en las relaciones entre el sector privado y el gobierno, en un contexto de presiones económicas por la desaceleración global y la necesidad de recaudación interna.
