(Resumen del editorial de Le Monde 4 de enero de 2026)
En la noche del 2 al 3 de enero de 2026, fuerzas especiales estadounidenses llevaron a cabo una operación militar en Caracas, capturando al presidente venezolano Nicolás Maduro y trasladándolo a Nueva York, donde enfrenta cargos por narcoterrorismo. El presidente Donald Trump anunció que Estados Unidos «administrará» Venezuela temporalmente, destacando el interés en sus reservas petroleras, en lo que el diario francés Le Monde califica como un retorno al «imperialismo predador» de Washington en América Latina.
La intervención, justificada por acusaciones de narcotráfico contra Maduro, representa un retroceso histórico de más de un siglo en las relaciones interamericanas. Trump, al mencionar repetidamente el petróleo venezolano en su conferencia de prensa posterior, dejó claro que este nuevo intervencionismo no difiere del histórico: es depredador y prioriza los intereses económicos estadounidenses sobre la soberanía nacional.
Aunque Maduro contribuyó significativamente a esta crisis —manteniéndose en el poder mediante represión tras perder legitimidad en las elecciones de 2024, generando una masiva emigración y destruyendo la economía de un país rico en hidrocarburos por corrupción e incompetencia—, la brutalidad de su régimen no justifica una intervención armada unilateral. Los venezolanos despertaron el 3 de enero sabiendo que Washington pretende dirigir su país sin consultarles, subordinando la voluntad popular, la soberanía y la restauración democrática a los beneficios de las compañías petroleras estadounidenses.
La operación también vulnera el derecho internacional y la propia Constitución de EE.UU., que reserva al Congreso la declaración de guerra. Presentarla como una mera «acción policial» para juzgar a un sospechoso ignora precedentes como la invasión de Irak en 2003, que al menos contó con autorización del Congreso. Esta acción recuerda las consecuencias de intervenciones pasadas: la de Irak debilitó el orden internacional posguerra mundial, permitiendo abusos como las invasiones rusas en Georgia y Ucrania.
Le Monde advierte que este precedente en Caracas podría normalizar la «ley de la selva» en las relaciones globales. Si se tolera el «martillo estadounidense» por conveniencia, otros países verán sus intereses pisoteados arbitrariamente cuando convenga a potencias mayores. La comunidad internacional condena mayoritariamente la acción, mientras líderes regionales como los de Brasil, Colombia y México la rechazan, y la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez asume el interinato defendiendo la soberanía.
Esta intervención marca un peligroso giro en la política exterior trumpista, combinando fuerza militar con ambiciones económicas, en detrimento de principios universales como la no injerencia y el multilateralismo.
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