Ciudad de México.- La reciente acusación formal emitida por la justicia de Estados Unidos en contra de Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, marca un punto de inflexión sin precedentes en las relaciones bilaterales entre México y Washington. Al señalar de manera directa a un mandatario estatal en funciones por presuntos vínculos con el crimen organizado, la administración estadounidense rompió una regla no escrita de varias décadas, trasladando su estrategia de combate al narcotráfico de la captura de capos hacia el desmantelamiento de las redes de protección política en territorio mexicano.
Este escenario, analizado por el especialista Carlos Bravo Regidor en una publicación para The New York Times, coloca a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ante una encrucijada de magnitudes históricas. La imputación contra Rocha Moya, un cuadro destacado del partido gobernante Morena y aliado del expresidente Andrés Manuel López Obrador, no solo representa un desafío legal, sino que se ha transformado en una prueba de fuego para la soberanía nacional, la cohesión interna del proyecto oficialista y la viabilidad de la política exterior mexicana.
Los fiscales estadounidenses sostienen que Rocha Moya y otros funcionarios locales facilitaron las operaciones del Cártel de Sinaloa de cara al mercado estadounidense y recibieron financiamiento ilícito para consolidar su triunfo electoral en 2021. Aunque el gobernador ha rechazado de forma sistemática los cargos y solicitó una licencia temporal a su cargo, el fondo del asunto evidencia cómo la infiltración del crimen organizado ha alcanzado las esferas del actual partido en el poder, obligando al Ejecutivo federal a decidir entre dos vías sumamente costosas.
Por un lado, si la mandataria mexicana opta por proceder internamente contra Rocha, facilitar un eventual proceso de extradición o permitir una investigación exhaustiva e independiente con recursos locales, correría el riesgo de fracturar la unidad de su propia coalición y ser blanco de severas críticas por ceder ante las imposiciones coercitivas de Washington. Por el otro, mantener una postura de rechazo absoluto y protección política, especialmente si las pruebas de los fiscales resultan contundentes, alimentará la desconfianza de los sectores más duros de Estados Unidos sobre la voluntad real del gobierno mexicano para erradicar la corrupción institucional.
La problemática de la narcopolítica en el país cuenta con antecedentes profundos. La transición democrática del año 2000 pulverizó los antiguos esquemas centralizados de control político que el régimen unipartidista utilizaba para contener a los grupos delictivos. La posterior estrategia de confrontación militarizada iniciada en 2006 atacó a las organizaciones en las calles, pero dejó intactos los acuerdos de protección local. Morena capitalizó el descontento social prometiendo una ruptura moral, implementando el esquema de abrazos, no balazos, enfocado en el gasto social para mitigar la violencia. Sin embargo, en la práctica, dicha política otorgó a los cárteles un margen más amplio para expandir su control territorial e influencia política.
En el contexto actual, bajo las presiones comerciales y arancelarias de la administración de Donald Trump, la postura oficial de catalogar el caso como una injerencia extranjera comienza a perder efectividad de cara a la opinión internacional y la revisión del acuerdo comercial regional en este año. Reportes internos sugieren que, mientras en el discurso público se demanda la presentación de pruebas concluyentes a las agencias norteamericanas, en el ámbito privado la presidencia ha lanzado advertencias claras a legisladores y gobernadores para que aquellos con vínculos bajo sospecha den un paso al costado.
Ante este panorama, existe una alternativa para que la titular del Ejecutivo federal tome las riendas de la crisis y revierta la presión externa a su favor. El momento político actual ofrece la oportunidad idónea para iniciar una depuración interna profunda dentro de las filas de su movimiento y del aparato gubernamental, impulsando reformas estructurales en el sistema de seguridad y justicia nacional.
Asumir la responsabilidad de limpiar las instituciones locales y reconstruir la cooperación bilateral desde una posición de fortaleza institucional permitiría al Estado mexicano dar una respuesta contundente a las demandas de certidumbre legal. Se trata de recuperar la agenda de justicia penal y el combate a la impunidad, no como una concesión o sumisión a los dictados de las cortes de Estados Unidos, sino como una respuesta indispensable a las demandas de la sociedad mexicana. De lo contrario, el costo para el país no será únicamente un ajuste de cuentas diseñado en el extranjero, sino la permanencia de un sistema debilitado por la complicidad criminal.
