Texto de Sergio Santamaría Chamú
❝Se dirigió a un jefe de Estado extranjero por encima de la Presidenta en funciones, invadiendo un ámbito que la Constitución reserva exclusivamente a quien ocupa la silla presidencial, la conducción de la política exterior❞
Conviene empezar por una verdad que el sistema interamericano formuló hace casi cuatro décadas y que hoy cae sobre México con precisión incómoda. El Estado no solo responde por lo que sus agentes hacen. Responde también por lo que tolera, por lo que permite, por lo que deja crecer pudiendo impedirlo. Desde Velásquez Rodríguez contra Honduras, la Corte Interamericana fijó que el deber de garantía obliga al Estado a prevenir, investigar, sancionar y reparar, y que su incumplimiento compromete la responsabilidad internacional con independencia de quién apriete materialmente el gatillo. Esa doctrina es la llave para leer el mandato de Andrés Manuel López Obrador, y la razón por la que su carta reciente no es gesto de estadista, sino el ruido de quien ya escucha los pasos en la azotea.
Empecemos por lo más grave, que es la responsabilidad del Estado y que no requiere ninguna condena penal para configurarse. La política de los abrazos y no balazos no fue prudencia ni pacifismo. Fue una decisión deliberada de no confrontar a estructuras armadas que durante seis años asesinaron, desaparecieron y desplazaron a miles de mexicanos. Bajo el estándar interamericano, esa decisión tiene un nombre técnico, “aquiescencia”. La jurisprudencia de las masacres colombianas, de Mapiripán a Ituango y Pueblo Bello, estableció que cuando el Estado crea el riesgo, lo tolera o se abstiene de conjurarlo, responde por los crímenes del actor no estatal como si fueran propios. Y Campo Algodonero precisó que, conocido un riesgo real e inmediato, la inacción configura una falta a la debida diligencia reforzada. México conocía el riesgo. Lo proclamaba cada mañana desde el púlpito presidencial. Y eligió no actuar. Esa elección, examinada con frialdad, no es opinión política, es un hecho generador de responsabilidad internacional.
De la responsabilidad del Estado se desprende, por vías propias, la del arquitecto. La Corte Interamericana juzga Estados, no condena personas. Pero su jurisprudencia, de Barrios Altos a Almonacid Arellano, impone al Estado el deber ineludible de investigar y sancionar a los responsables de violaciones graves, declara imprescriptibles esos crímenes y proscribe todo obstáculo que asegure impunidad. El sistema interamericano no absuelve a López Obrador, lo entrega a la justicia que México está obligado a ejercer. Y el derecho penal internacional aporta las categorías para medir su conducta. El dolo eventual describe a quien previó el resultado lesivo como probable y lo aceptó. Quien diseña y sostiene durante un sexenio una política cuya consecuencia previsible era el fortalecimiento de grupos que matan no puede alegar sorpresa ante el resultado. La responsabilidad del superior y la empresa criminal conjunta cierran el cuadro, porque alcanzan a quien, desde la cúpula, define el plan o tolera su ejecución sin disparar un solo tiro.
Aquí convergen las tres jurisdicciones. La orden ejecutiva estadounidense de enero de 2025 calificó a los cárteles como entidades cuasi gubernamentales infiltradas en los gobiernos del hemisferio. En febrero, seis cárteles mexicanos fueron designados organizaciones terroristas. En abril de 2026, una corte de Nueva York acusó a diez funcionarios mexicanos, varios del partido que López Obrador fundó, con peticiones de extradición. El delito se reencuadró como terrorismo, la persecución se volvió extraterritorial y la cadena de imputación comenzó a ascender. En ese tablero, la carta que implora el regreso del otro Trump no es literatura, es conducta. La conducta de quien, sabiéndose en la trayectoria del cerco, busca apaciguar a la mano que lo aprieta.
Y la carta dice todavía más, dice en voz alta lo que era secreto a voces. López Obrador no escribió como ciudadano que opina, escribió como quien manda. Se dirigió a un jefe de Estado extranjero por encima de la presidenta en funciones, en una materia, la conducción de la política exterior, que el artículo 89 de la Constitución reserva en exclusiva a quien ocupa la silla. Un particular carece de esa potestad. Que la ejerza sin rubor, y que el gobierno no lo desautorice, confiesa el arreglo real del poder en México. Lo que medio país intuía se volvió admisión escandalosa. Gobierna quien escribe desde el rancho, no quien despacha en Palacio. Y esa confesión tiene una consecuencia jurídica que él no midió. Si todavía sostiene las riendas, entonces la cadena de mando no terminó con su sexenio, y el arquitecto de la aquiescencia no puede refugiarse en que ya dejó el cargo. La política que entregó el territorio deja de ser pasado que se archiva y se vuelve presente que se imputa.
Seamos exactos, porque la exactitud es lo que hace temible este argumento. López Obrador no figura entre los acusados , y su responsabilidad penal individual deberá probarse con todas las garantías del debido proceso. Pero la responsabilidad del Estado mexicano por aquiescencia no es hipótesis, es una lectura disponible hoy sobre hechos documentados. Y la del arquitecto político de esa aquiescencia es la consecuencia que el propio sistema interamericano obliga a investigar, no a archivar.
De modo que el dicho popular tiene traducción jurídica. Los pasos en la azotea son el deber de garantía que reclama cuentas, las masacres que la doctrina imputa al Estado que las toleró, las extradiciones que suben por la cadena de mando y la imprescriptibilidad que clausura la salida del tiempo. López Obrador edificó su poder sobre la idea de que la soberanía lo protegía de todo, y acaba de confesar que aún lo ejerce. Ignoró que el sistema interamericano nació, precisamente, para que ningún poder, soberano o de facto, pudiera escudarse en sí mismo frente a las víctimas. Esa es la deuda que viene. Conviene que México, y quienes defendemos la independencia judicial, la nombremos antes de que la nombre, por nosotros, una sentencia ajena.
*Sergio Santamaría Chamú • Fundación interamericana para la Independencia Judicial
N. de la R.- Sergio Santamaría Chamú es un juzgador federal mexicano que se desempeña como Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, cargo desde el cual adquirió proyección nacional al otorgar suspensiones definitivas para frenar la reforma al Poder Judicial. Su carrera jurisdiccional, que incluye una adscripción previa en el estado de Tamaulipas, quedó en el centro del debate público tras enfrentar señalamientos del Poder Ejecutivo Federal y la apertura de investigaciones penales por parte de la Fiscalía General de la República debido a sus resoluciones, las cuales el juzgador ha defendido bajo el principio de autonomía judicial.
