Ciudad de México.- Tras el rechazo de la reforma constitucional amplia en marzo, la presidenta presentó un plan alternativo más acotado, centrado en recortes al gasto de congresos locales y ayuntamientos: límites al presupuesto de las legislaturas estatales (hasta 0.7% del gasto estatal), reducción del número de regidores en municipios y topes a remuneraciones de funcionarios electorales para no superar el salario presidencial. Se estiman ahorros cercanos a los 4 mil millones de pesos, que se destinarían a obras y servicios.
La iniciativa llegó al Senado a finales de marzo. Allí fue aprobada el 25 y 26 de marzo con 87 votos a favor y 41 en contra, gracias al respaldo de Morena, PVEM y PT. Se eliminó la propuesta de adelantar la revocación de mandato para 2027, tras resistencias del PT, y la minuta pasó sin cambios mayores a la Cámara de Diputados.
Este miércoles 8 de abril, la Cámara de Diputados vivió un debate intenso de más de 10 horas, lleno de acusaciones cruzadas, descalificaciones y un tono altamente polarizado. En lo general, el dictamen se aprobó con 377 votos a favor (Morena, PVEM, PT y apoyo parcial de Movimiento Ciudadano) y 102 en contra (PAN y PRI). La oposición criticó la reforma como una “reformita” superficial que atenta contra el federalismo y sirve de distracción ante problemas como la seguridad. El oficialismo la defendió como un paso hacia la austeridad y el control del gasto público.
La discusión en lo particular, con decenas de reservas, se extendió hasta altas horas de la noche entre protestas y cruces de reproches sobre corrupción y financiamiento. Una vez aprobado también en lo particular —lo que se esperaba sin modificaciones sustanciales—, el Plan B pasará a los congresos estatales para su ratificación, pues requiere mayoría calificada en al menos 17 de las 32 entidades.
Aunque el bloque gobernante celebra el avance como un logro de austeridad republicana, analistas y opositores coinciden en que la versión final es mucho más modesta que las ambiciones iniciales y dista de una transformación profunda del sistema electoral. El proceso deja al descubierto fracturas en la coalición oficialista y un clima de confrontación que anticipa la disputa por las elecciones de 2027.
Con el dictamen ahora en manos de las legislaturas locales, el oficialismo busca que entre en vigor lo antes posible. Mientras tanto, el debate confirma que la reforma electoral seguirá siendo un frente de batalla política en los próximos meses.
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