El gobierno federal debe a los estadounidenses una investigación exhaustiva y un informe veraz sobre los disparos mortales que Alex Jeffrey Pretti recibió el sábado por la mañana en una calle de Mineápolis. Cuando el gobierno mata, tiene la obligación de demostrar que ha actuado en interés público. En lugar de ello, el gobierno de Donald Trump está incurriendo una vez más en una perversión de la justicia.
Apenas unas horas después de la muerte de Pretti, Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional, declaró sin ofrecer pruebas que Pretti había “cometido un acto de terrorismo doméstico”. Gregory Bovino, funcionario de la Patrulla Fronteriza, ofreció su propia valoración: “Parece una situación en la que un individuo quería causar el máximo daño y masacrar a las fuerzas del orden”.
Estos juicios infundados e incendiarios se adelantan al resultado de una investigación, que el Departamento de Seguridad Nacional ha prometido. También parecen totalmente incongruentes con varios videos grabados en el lugar de los hechos.
Esos videos mostraban que Pretti no tenía nada más que un teléfono en las manos cuando fue abordado por los agentes de la Patrulla Fronteriza, y que nunca sacó la pistola que llevaba (y para la que, al parecer, tenía licencia). De hecho, los videos parecen mostrar que un agente federal le quitó el arma a Pretti momentos antes de que otro agente le disparara por la espalda. Análisis independientes realizados por The New York Times, The Wall Street Journal, The Associated Press, CBS News y otras organizaciones concluyeron que los videos contradicen la descripción de los hechos presentada por el gobierno de Trump.
El gobierno insta a los estadounidenses a rechazar las pruebas que perciben con sus ojos y oídos. Noem y Bovino mienten, desafiando verdades evidentes. Mienten a la manera de los regímenes autoritarios que exigen que la gente acepte las mentiras como demostración de poder.
Peor aún es que todo esto resulte tan terriblemente familiar. A principios de este mes, un agente federal disparó y mató a otra residente de Mineápolis, Renee Good. También en ese caso, el gobierno de Trump ha satanizado a la víctima y ha bloqueado una investigación estatal del asesinato.
La verdad es una línea de demarcación entre un gobierno democrático y un régimen autoritario. Pretti y Good están muertos. El pueblo estadounidense merece saber qué ocurrió.
La temperatura en Mineápolis es peligrosamente alta. Es urgente que los agentes federales desplegados en la ciudad den un paso atrás y se tomen un respiro antes de que más estadounidenses resulten heridos o muertos. Quienes protestan contra el gobierno de Trump tienen la misma obligación de evitar la violencia.
El pueblo estadounidense también necesita respuestas sobre si los agentes federales actuaron de forma inapropiada, y el comportamiento del gobierno de Trump significa que será imposible confiar en cualquier investigación federal que este lleve a cabo. El presidente Trump y sus funcionarios designados han demostrado que no les importa la verdad y que están dispuestos a mentir para servir a sus propios intereses. Por tanto, el Congreso debe intervenir. La Constitución le confiere el poder de celebrar audiencias, emitir citaciones y exigir respuestas.
El Congreso debe investigar tanto las circunstancias de las recientes muertes de Mineápolis como la conducta más general de las agencias federales que participan en la represión de la migración de Trump, incluido el trato que dan a los manifestantes pacíficos. Las pruebas de video muestran que el incidente que culminó con la muerte de Pretti comenzó cuando un agente federal se abalanzó sobre una manifestante y la tiró al suelo. Hay muchos videos similares y casos documentados de agentes federales que emplean una violencia innecesaria contra personas que protestan pacíficamente o documentan acontecimientos, comportamientos ambos protegidos por la Primera Enmienda.
El Congreso tiene el poder de exigir cuentas al gobierno a través de su control del gasto federal. Un proyecto de ley pendiente para financiar al Departamento de Seguridad Nacional ofrece una oportunidad crucial para realizar un escrutinio e imponer las salvaguardias necesarias, como la financiación de las cámaras corporales.
El gobierno federal también ha intentado impedir las investigaciones del estado de Minnesota. Esto debe terminar. Un juez federal de Minnesota dictó el sábado por la noche, a instancias del estado, una orden de alejamiento temporal que prohíbe a las agencias federales destruir pruebas relacionadas con la muerte de Pretti. La necesidad de tal orden es tan evidente como extraordinaria.
“Está en juego la credibilidad del ICE y del DHS”, publicó el sábado en las redes sociales el senador Bill Cassidy, republicano por Luisiana, que cada vez está más enfrentado a Trump. “Debe haber una investigación conjunta federal y estatal completa. Podemos confiar la verdad al pueblo estadounidense”.
Es prematuro llegar a conclusiones sobre lo que ocurrió exactamente en aquella calle de Mineápolis. El gobierno de Trump no debería haberlo hecho, y nosotros no lo haremos. No obstante, lo que está claro es que el gobierno federal necesita restablecer la fe pública en las agencias y los funcionarios que están llevando a cabo las medidas enérgicas de Trump contra la migración. Si se permite que el gobierno actúe con impunidad y eluda incluso la rendición de cuentas más básica, el resultado será más violencia.
