Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum enfrenta su primera gran crisis internacional tras apenas cinco meses en el cargo: Estados Unidos le exige la detención inmediata del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, uno de los políticos más prominentes de su partido Morena, acusado de proteger al Cártel de Sinaloa a cambio de sobornos.
El miércoles, fiscales federales de Nueva York presentaron una acusación formal contra Rocha y otros nueve funcionarios y exfuncionarios mexicanos. Según las autoridades estadounidenses, el gobernador habría recibido pagos del cártel que domina Sinaloa —principal proveedor de fentanilo hacia Estados Unidos— a cambio de protección y apoyo político durante años.
Sheinbaum reaccionó con cautela pero firmeza. Durante su conferencia matutina del jueves, dejó claro que México no encubrirá delitos, pero tampoco aceptará “intromisiones” ni “injerencias” de un gobierno extranjero.
“No vamos a cubrir a nadie que haya cometido un delito”, afirmó. Sin embargo, señaló que la acusación presentada por Estados Unidos carece, hasta ahora, de “pruebas contundentes e irrefutables”. Anunció que la Fiscalía General de la República abrirá su propia investigación y que solo procederá contra Rocha si se demuestran los hechos de manera independiente o si Washington entrega evidencias sólidas.
La mandataria criticó incluso la calidad de la documentación presentada por los fiscales estadounidenses, mostrando ante las cámaras una hoja manuscrita con una presunta lista de sobornos que incluía un pago de 30 mil pesos junto al nombre “Juanito”. “Al menos es de llamar la atención, ¿no?”, cuestionó.
Rubén Rocha Moya rechazó tajantemente las acusaciones y las calificó como un ataque político de Estados Unidos contra Morena. “Se inscribe en una perversa estrategia para violentar el orden constitucional y la soberanía nacional”, dijo en un comunicado.
El caso coloca a Sheinbaum ante un dilema político de alto riesgo. Entregar al gobernador fortalecería su relación con la administración de Donald Trump, pero generaría un fuerte descontento dentro de su propio partido y podría ser percibido como una humillación nacional. Por el contrario, proteger a Rocha consolidaría su liderazgo interno, pero tensaría —o incluso fracturaría— las ya delicadas relaciones con Washington en un momento en que México enfrenta presiones migratorias y en materia de seguridad.
Expertos señalan que, según el tratado de extradición entre ambos países, México está obligado a ejecutar una detención provisional cuando recibe una solicitud formal de Estados Unidos, la cual tendría después 60 días para presentar las pruebas. Sin embargo, Rocha cuenta con fuero constitucional, por lo que el Congreso de la Unión y posiblemente el Congreso de Sinaloa —ambos controlados por Morena— tendrían que desaforarlo antes de que pueda ser detenido.
La crisis llega en un momento complicado para la presidenta. En el primer trimestre del año, la economía mexicana registró su mayor contracción en más de un año y las encuestas muestran una ligera caída en su aprobación, aunque sigue siendo una de las mandatarias más populares de la región.
Hasta ahora, Sheinbaum ha optado por ganar tiempo: ni defiende públicamente a Rocha ni accede de inmediato a la petición estadounidense. Ha conversado con el gobernador, a quien le transmitió el mismo mensaje que dio en público: si no hay delitos comprobados, “no hay nada que temer”.
El desenlace de este caso marcará un precedente en las relaciones México-Estados Unidos durante el segundo mandato de Trump y definirá el estilo con el que Sheinbaum manejará los delicados equilibrios entre soberanía, lealtad partidista y cooperación en seguridad.
(A partir de un texto de Jack Nicas y Emiliano Rodríguez Mega de The New York Times)
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