La Paz, Baja California Sur.- La tarde del pasado 25 de febrero de 2026, la capital de Baja California Sur fue escenario de un evento que ha alterado profundamente el tablero político y de seguridad en el noroeste del país. El asesinato de Bernardo Soriano Castro, quien hasta hace pocos días se desempeñaba como titular de la Subprocuraduría de Atención a Delitos de Alto Impacto, representa no solo la pérdida de un cuadro técnico de alto nivel, sino un desafío directo de las estructuras criminales hacia el aparato de justicia del Estado. El atentado, ocurrido en el fraccionamiento Hispania de La Paz, se ejecutó con una precisión táctica que ha dejado al descubierto las vulnerabilidades de los mecanismos de protección para funcionarios y exfuncionarios dedicados al combate del crimen organizado.
Soriano Castro circulaba en una camioneta particular en compañía de su hija cuando fue interceptado por un comando armado. El reporte oficial de la Procuraduría General de Justicia del Estado confirmó que el exprocurador falleció en el lugar debido a múltiples impactos de proyectil de arma de fuego, mientras que su familiar resultó ilesa, un detalle que los analistas interpretan como una señal de la selectividad y el mensaje dirigido exclusivamente hacia el exfuncionario. La magnitud del evento se agravó cuando las primeras investigaciones revelaron un intento sistemático de sabotaje: sujetos desconocidos intentaron destruir o inhabilitar al menos 22 cámaras de vigilancia en el perímetro del ataque, buscando borrar el rastro de los agresores y dificultar la reconstrucción de los hechos.
Los antecedentes de este crimen se remontan a mediados de 2025, un periodo en el que la figura de Soriano Castro comenzó a ser blanco de una campaña de intimidación pública. En junio de ese año, aparecieron diversas narcomantas en puntos estratégicos de La Paz y Los Cabos, firmadas por grupos que se identificaban como la empresa o los de la plaza. En estos mensajes, se acusaba al entonces subprocurador de favorecer a facciones rivales y se cuestionaba la legitimidad de sus operativos. Lejos de amedrentarse o solicitar un retiro discreto, Soriano optó por una estrategia de confrontación mediática inusual, ofreciendo conferencias de prensa donde desmentía los nexos criminales y se ponía a disposición de exámenes de control de confianza, afirmando que su labor al frente de la SADAI había logrado reducir los índices de homicidios dolosos en la entidad.
La respuesta institucional tras la ejecución fue inmediata pero, hasta el momento, se ha limitado a hallazgos materiales sin detenciones de autores materiales. Durante la primera semana de marzo de 2026, la PGJE, bajo el mando de Antonio López Rodríguez, ejecutó una serie de cateos y operativos en las colonias Primero de Mayo y Camino Real. El resultado de estas incursiones fue el aseguramiento de un arsenal que confirma el poder de fuego de los atacantes: fusiles de asalto, más de cien cartuchos útiles, chalecos balísticos y pecheras tácticas, además de dos vehículos que coinciden con las descripciones de las unidades utilizadas en el atentado del fraccionamiento Hispania. A pesar del decomiso, la falta de detenidos mantiene una atmósfera de tensión en los cuerpos policiacos.
El impacto político del caso alcanzó el nivel federal durante la reciente gira de la presidenta Claudia Sheinbaum por el estado, realizada el 1 de marzo. Aunque la mandataria centró su agenda en temas de bienestar social en Ciudad Constitución, el asesinato de Soriano Castro fue el tema ineludible en los círculos de seguridad. La postura de la Presidencia ha sido de apoyo logístico a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, evitando sin embargo una intervención directa que desplace a las autoridades estatales. Esta cautela ha sido duramente criticada por la oposición en el Senado de la República, encabezada por la legisladora Susana Zataráin, quien ha formalizado la petición para que la Fiscalía General de la República atraiga el caso, argumentando que el uso de armas exclusivas del ejército y el perfil de la víctima califican el homicidio como un delito del fuero federal.
A día de hoy, la FGR mantiene la solicitud de atracción en etapa de análisis, una demora que genera incertidumbre en el gremio jurídico local. Colegios de abogados en Baja California Sur han manifestado que permitir que la investigación permanezca exclusivamente en manos locales podría viciar el proceso, dada la confrontación pública que Soriano Castro mantuvo con la actual cúpula de la procuraduría estatal semanas antes de su muerte, tras haber sido removido de su cargo en el Instituto Interdisciplinario de Ciencias Penales. La sociedad civil percibe esta ejecución como una fractura en la narrativa de paz que el gobernador Víctor Manuel Castro Cosío ha intentado consolidar, calificando el mandatario el acto como una verdadera cobardía que busca desestabilizar las instituciones.
Las repercusiones de este asesinato trascienden la nota roja; significan un punto de inflexión en la gestión de la seguridad en la península. La ejecución de un hombre que conocía las entrañas de los grupos delictivos que operan en la zona, como las facciones del Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación, envía un mensaje de vulnerabilidad a todo el funcionariado judicial. Si un exsubprocurador de alto impacto puede ser eliminado a plena luz del día tras denunciar la falta de recursos para combatir la extorsión y el cobro de piso, la pregunta que queda en el aire es quién garantiza la integridad de quienes hoy firman las órdenes de aprehensión. La resolución de este caso determinará si Baja California Sur retoma el control de su tranquilidad o si entra en una espiral de impunidad que comprometa la estabilidad de uno de los destinos turísticos y estratégicos más importantes de México.
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