La Guaira, Venezuela.- El sistema forense de Venezuela se encuentra completamente colapsado tras los devastadores terremotos que sacudieron al país, obligando a las autoridades a habilitar un puerto marítimo como morgue temporal y a recurrir al uso de contenedores refrigerados para conservar los miles de cuerpos que continúan llegando. A medida que las esperanzas de localizar sobrevivientes disminuyen, la prioridad institucional se ha trasladado hacia la recuperación, identificación y sepultura de las víctimas.
El balance oficial emitido por el gobierno venezolano este miércoles situó la cifra de fallecidos en 2 mil 295 personas, tras contabilizarse 300 nuevos decesos en las últimas veinticuatro horas, mientras que el número de heridos supera los 11 mil. No obstante, personal médico de la morgue principal de Caracas y diversas organizaciones humanitarias estiman que la cifra real podría aproximarse a los 4 mil muertos debido a las dificultades de registro. Ante este panorama, la Organización de las Naciones Unidas gestiona de manera coordinada la entrega de 10 mil bolsas para cadáveres.
El estado costero de La Guaira se consolidó como la región más afectada por el desastre, donde la infraestructura hospitalaria fue rebasada de inmediato, manteniendo decenas de cuerpos en estacionamientos antes de centralizar las operaciones en el patio de carga de un puerto local. En este sitio, cerca de 50 especialistas forenses que se trasladan diariamente desde la capital realizan autopsias bajo carpas, toman fotografías y recolectan huellas dactilares con el apoyo de la policía judicial para agilizar los procesos de reconocimiento.
Las labores de identificación técnica se han complicado significativamente debido al avanzado estado de descomposición y a los severos traumatismos causados por el colapso de las estructuras. Ante la imposibilidad de un reconocimiento visual, los peritos recurren a señas particulares informadas por los deudos, tales como tatuajes, lunares, peinados o trabajos de manicura, mientras las familias recorren los contenedores destinados originalmente al transporte de productos perecederos para ubicar a sus allegados.
La magnitud de la crisis ha abierto el debate sobre el destino final de los restos, contemplándose la opción de fosas comunes en caso de que el volumen de víctimas siga en ascenso. Aunque el gobierno federal ofrece servicios de cremación sin costo, la alta demanda y el temor a la pérdida de control sobre los cuerpos han llevado a algunos ciudadanos a contratar servicios funerarios privados que oscilan entre los 400 y los 850 dólares. Por su parte, la Sociedad Venezolana de Infectología emitió un pronunciamiento instando a evitar los entierros masivos con el fin de prevenir riesgos sanitarios y respetar el derecho de las familias a un duelo digno.
