Ciudad Juárez, Chihuahua.- Una excolaboradora del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Municipal de Ciudad Juárez denunció públicamente haber sido despedida de manera injustificada para dar paso a la contratación de Anna Paula Martínez Enríquez, identificada como una familiar directa de la presidenta municipal, concretamente su sobrina. Según el testimonio difundido en redes sociales, por la afectada Perla Viridiana Márquez, quien afirma que la contratación de la sobrina fue el motivo directo de su terminación laboral, sin confrontación ni explicación formal por parte de las autoridades.
La denunciante califica el hecho como un acto de soberbia que oculta irregularidades, asegurando que «la verdad no se puede ocultar eternamente» y que las «impurezas» salen a la luz gradualmente. Extiende la acusación a varios familiares directos de la presidenta, sin nombrarlos explícitamente, y señala que no se detiene en el tema por priorizar el sustento de su familia, confiando en que las anomalías «caerán por sí solas».
Critica duramente al cabildo municipal por su pasividad ante las injusticias, acusándolo de «nadar de muertito» y de incumplir el discurso oficial de igualdad de género y derechos de las mujeres. A su juicio, estos principios fueron violados en su caso, con las autoridades guardando silencio. El mensaje concluye con una reflexión sobre las traiciones acumuladas y la certeza de que nada escapa «ante los ojos de Dios».
Este señalamiento se enmarca en un contexto de controversias recurrentes en el DIF de Ciudad Juárez, donde recientemente el PAN presentó denuncias administrativas por presunto nepotismo contra el presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar y la presidenta honoraria del DIF, Rubí Enríquez, por contrataciones de familiares en puestos clave. Aunque no se hallaron registros públicos directos que vinculen a Anna Paula Martínez Enríquez con estos hechos específicos, la denuncia resalta tensiones comunes en administraciones locales: presuntos favoritismos familiares, falta de transparencia en despidos y omisión de instancias de control en temas de equidad laboral y género.
La afectada insta a una revisión ética y legal, aunque no detalla si ha iniciado acciones formales como quejas ante la Contraloría Municipal o demandas laborales.
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