El mismo truco une a Corral y a Pérez Cuéllar
La historia de las deudas públicas en Chihuahua parece escrita bajo un mismo y burdo guion de simulación financiera. El dirigente del Partido Acción Nacional en Ciudad Juárez, Ulises Pacheco, encendió las alarmas al denunciar que el alcalde morenista Cruz Pérez Cuéllar utilizó una calca exacta de la estrategia que hoy tiene a su compadre y exgobernador Javier Corral Jurado con una orden de aprehensión vigente por el delito de peculado agravado.
El esquema denunciado por el panismo exhibe una operación idéntica: contratar con dinero del erario a despachos particulares mediante asignaciones directas para solucionar problemas de deuda, sin que al final se entreguen resultados tangibles. En el caso del municipio fronterizo, se destinaron exactamente 9,494,000.00 pesos a la consultoría de Juan Carlos Pacheco Subia para negociar un adeudo original de 80 millones de pesos con el Servicio de Administración Tributaria. Lejos de resolverse, la cuenta simplemente creció y hoy supera los 114 millones de pesos, desatando fundadas sospechas de desvío de recursos.
La Auditoría Superior del Estado ya tiene la lupa sobre este comportamiento que emula a la perfección el escándalo estatal de la pasada administración. Javier Corral aplicó exactamente la misma fórmula al otorgar de manera irregular un cuantioso contrato por 98 millones 600 mil pesos al despacho López Elías Finanzas Públicas para una supuesta reestructuración de la enorme deuda pública del estado. Las investigaciones de la Fiscalía Anticorrupción concluyeron que ese contrato fue una completa simulación y que el millonario servicio jamás fue prestado. Entre millones que van y vienen a cuentas de consultores amigos, la hacienda pública termina pagando los platos rotos de un esquema que huele a corrupción compartida.
El tropezón de Jáuregui agita la sucesión
La trágica y misteriosa caída de una camioneta blindada en la sierra tarahumara no solo costó la vida a agentes extranjeros y estatales, sino que dinamitó el cómodo tablero que el Partido Acción Nacional venía dibujando para la alcaldía de Chihuahua. Lo que parecía un camino pavimentado para el fiscal César Jáuregui Moreno se ha transformado en un terreno pantanoso lleno de dudas, deslindes y un sordo golpeteo interno que amenaza con cambiar de manos la codiciada joya de la corona del panismo estatal.
Antes del estallido mediático por la muerte de los elementos de la CIA, Jáuregui lideraba con holgura los sondeos internos. Sin embargo, las contradictorias explicaciones sobre la presencia no reportada de agentes estadounidenses en territorio chihuahuense lo colocaron bajo el fuego cruzado del gobierno federal y de las propias voces críticas de su partido. Este desgaste en la fiscalía ha provocado que el capital político comience a migrar hacia terrenos mucho más serenos.
El gran beneficiario de este sismo político ha sido el secretario general de gobierno, Santiago de la Peña Grajeda. Con un perfil mucho más institucional y alejado de las tormentas policiacas, De la Peña ha comenzado a capitalizar las simpatías de los grupos panistas que buscan una carta de bajo riesgo y sin pasivos mediáticos. Su discurso enfocado en abrir las candidaturas a la ciudadanía le ha permitido ganar terreno de forma acelerada frente a un aparato de justicia desgastado. Entre el silencio cómplice de unos y el oportunismo de otros, el trágico evento de la sierra terminó por arrebatarle la tranquilidad al partido dominante y demostró que, en la política local, una mala curva puede costar toda una candidatura.
El duelo que nadie en SLP quiere perder
San Luis Potosí se prepara para un enfrentamiento inédito. Con Rosa Icela Rodríguez como candidata de Morena a la gubernatura del 2027, el PVEM ha decidido romper el pacto y correr solo. El resultado es un pulso directo, sin alianzas ni atajos, entre dos fuerzas que hasta ahora compartían el pastel de la 4T en el estado.
Según las encuestas de Rubrum de abril, Morena mantiene una ventaja de casi diez puntos sobre el PVEM en intención de voto por partido. Rosa Icela, originaria de la Huasteca y con el respaldo del aparato federal, lidera de forma contundente las preferencias internas de Morena. Pero el Verde no llega con las manos vacías: Ruth González Silva, senadora y esposa del gobernador Ricardo Gallardo, domina las encuestas dentro de su partido y convierte el choque en algo personal y estratégico.
Este enfrentamiento no es casual. El PVEM lanza un desafío claro a Morena: “Aquí no mandan solos”. Al romper la alianza, el Verde busca capitalizar el desgaste local de la 4T y el arraigo que tiene en municipios clave. Para Morena, en cambio, Rosa Icela representa la oportunidad de recuperar terreno y demostrar que la marca nacional sigue siendo más fuerte que cualquier dinastía local.
El escenario es de alto riesgo para ambos. Un triunfo del PVEM en solitario fracturaría el bloque oficialista y enviaría un mensaje incómodo al centro del país. Una victoria de Rosa Icela, por su parte, consolidaría el control de Morena en el Bajío y dejaría al Verde como un actor secundario.
Con más de 20 % de indecisos y un año por delante, el tablero potosino ya no es de colores aliados, sino de trincheras. Rosa Icela versus el Verde: el primer gran desafío que enfrenta Morena en un estado que parecía garantizado. El que gane no solo se quedará con el Palacio de Gobierno; definirá quién manda de verdad en San Luis Potosí rumbo al 2030.
La silla que quema en Gobernación
Apenas el 17 de abril, en plena mañanera, Rosa Icela Rodríguez esquivó con maestría la pregunta que todos esperaban. “Los temas electorales no son de esta tribuna”, respondió con una sonrisa tensa cuando le preguntaron si dejaría la Secretaría de Gobernación para buscar la gubernatura de San Luis Potosí en 2027. No dijo sí, pero tampoco dijo no. Ese silencio, sin embargo, alimenta desde hace meses el rumor más consistente del gabinete de Claudia Sheinbaum: la potosina está lista para regresar a casa y la primera gran silla del Gabinete federal está a punto de cambiar de manos.
La Secretaría de Gobernación no es cualquier dependencia. Es el ministerio de la gobernabilidad, el que negocia con gobernadores, apaga incendios legislativos y, en momentos críticos, coordina la política interna del país. En el sexenio de Enrique Peña Nieto, Miguel Ángel Osorio Chong la convirtió en un superministerio que absorbía hasta la seguridad pública. Hoy, con la SSPC separada bajo Omar García Harfuch, el cargo sigue siendo estratégico, pero exige un perfil más político que operativo. Y justo ahí está el dilema de Sheinbaum.
Según el análisis más citado en círculos palaciegos, cuatro nombres suenan con fuerza para el relevo, que analistas sitúan entre diciembre de 2026 y enero de 2027: Omar García Harfuch, Alfonso Durazo, Ricardo Monreal y César Yáñez. Cada uno representa un estilo distinto.
Harfuch, el secretario de Seguridad, es el que más fuerza ha cobrado. Su cercanía con Sheinbaum y su manejo de la agenda de seguridad lo convierten en candidato natural para un Segob que, aunque ya no controle directamente a la policía federal, seguirá necesitando coordinación estrecha con las fuerzas armadas y los estados. Sin embargo, Washington, se dice, ha dejado claro que prefiere que se quede donde está. Moverlo podría interpretarse como un debilitamiento de la estrategia antinarcóticos justo antes del Mundial 2026 y en plena presión por el fentanilo.
Alfonso Durazo, actual gobernador de Sonora y exsecretario de Seguridad con López Obrador, ofrece experiencia probada en gobernabilidad y un perfil conciliador que gusta en Palacio. Ricardo Monreal, coordinador de la bancada morenista en Diputados, es el operador político puro: sabe negociar con aliados, con la oposición y con los gobernadores. Su nombre aparece como la opción más “legislativa”, ideal si Sheinbaum quiere alguien que cierre acuerdos sin tanto ruido.
César Yáñez, subsecretario actual en la propia Segob, representa la continuidad interna y la lealtad absoluta a la 4T. Es el perfil que menos genera resistencias dentro del movimiento, aunque también el que menos peso propio aporta.
Lo que sí es claro es que el relevo no será solo un ajuste administrativo. Definirá el tono de los dos últimos años del sexenio: ¿más énfasis en la seguridad dura o en la negociación política? ¿Se mantendrá la separación entre Segob y SSPC o Sheinbaum optará por una concentración de poder similar a la de Peña? Mientras Rosa Icela sigue en su escritorio de Bucareli, la pregunta flota en el aire: ¿quién será el próximo guardián de la gobernabilidad de la Cuarta Transformación? La respuesta, como siempre en este gobierno, la dará la presidenta cuando esté lista. Y no será en una mañanera.
