Ciudad de México.- Se profundizó la división al interior de Morena en el Senado de la República mexicana por la iniciativa de reforma a la Ley de Amparo, enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum el 15 de septiembre. Mientras el coordinador de la bancada, Adán Augusto López Hernández, insistió en un proceso acelerado sin consultas amplias, el senador Javier Corral Jurado, presidente de la Comisión de Justicia, refrendó su postura de convocar a expertos para analizar riesgos en la protección de derechos ciudadanos. Esta discrepancia resalta tensiones internas en el partido gobernante y críticas de la oposición, que ven en la reforma un retroceso en el acceso a la justicia.
La reforma, remitida al Senado para su análisis en comisiones, busca «modernizar» el juicio de amparo —el mecanismo constitucional clave para impugnar actos de autoridades que violen derechos humanos—. Entre sus cambios principales: Limitación de suspensiones; no se concederán suspensiones con efectos generales en amparos contra leyes, si contrarían el «interés social» o el «orden público». Esto apunta a evitar que demandas individuales paralicen políticas públicas amplias.
También se contempla reducción de plazos para sentencias, con énfasis en juicios expeditos para evitar que personas permanezcan años en prisión sin resolución. Sheinbaum ha enfatizado que el objetivo es una «justicia más expedita», citando casos como los más de 3,600 amparos contra bloqueos de cuentas de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) entre 2018 y 2025, que desbloquearon 27 mil millones de pesos.
Otras modificaciones incluye requisitos más estrictos para promociones (por escrito) y restricciones en amparos por «interés legítimo» o derechos difusos (como ambientales), lo que genera preocupación por limitar el acceso de colectivos vulnerables.
Sheinbaum ha defendido la iniciativa como esencial para combatir la «dilación judicial» y priorizar el interés colectivo, pero expertos y opositores la critican por reforzar el poder de las autoridades frente a los ciudadanos, potencialmente debilitando la tutela efectiva de derechos.
Choque entre Adán Augusto y Javier Corral
La tensión estalló el jueves, por la mañana, Adán Augusto López, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), anunció que la reforma se discutirá en comisiones la próxima semana y se aprobaría entre la última semana de septiembre y la primera de octubre, sin parlamento abierto. «Lo más importante es que se analice y se vote ya», sostuvo, argumentando que no hay tiempo para foros amplios que «coman los tiempos» legislativos. Esta posición, según senadores de Morena, responde a instrucciones del Ejecutivo federal para agilizar el proceso.
Horas después, en conferencia de prensa, Javier Corral contradijo a su coordinador y reiteró la necesidad de un «mecanismo de consulta» —ya sea parlamento abierto, foros con expertos o diálogos con actores clave—. Corral, quien asumió la Comisión de Justicia en Morena tras su trayectoria en el PAN, platicó con los presidentes de las comisiones de Estudios Legislativos (Enrique Inzunza) y de Hacienda (Miguel Ángel Yunes) para diseñar una ruta alternativa. Planeaba dialogar con Adán Augusto en la Jucopo para consensuar.
«Hay temas muy sensibles en el juicio de amparo», advirtió Corral, destacando riesgos en amparo por interés legítimo: Podría restringir el acceso de grupos vulnerables o colectivos a la justicia, al dificultar la demostración de afectaciones diferenciadas. Derechos difusos; preocupa la limitación en tutelas ambientales o de interés colectivo, donde «tenemos que tener mucho cuidado» para no desproteger causas como la defensa del medio ambiente.
Insistió en «darnos el tiempo necesario» para analizar, explicitar propósitos y evitar que la reforma «restrinja la tutela efectiva». Corral no descartó elevar el tema directamente a Sheinbaum o a la consejera jurídica Ernestina Godoy, con «ánimo de confianza y disponibilidad» para escuchar posturas.
Esta división no es aislada: la senadora de Morena Guadalupe Chavira también pidió abrir el diálogo, sumándose a las voces internas disidentes.
Los coordinadores de la oposición en el Senado —Ricardo Anaya (PAN), Manuel Añorve (PRI) y el de Movimiento Ciudadano (MC, sin nombre específico en reportes iniciales)— exigieron un parlamento abierto, argumentando que la reforma dejaría en «desamparo» a colectivos ciudadanos en rubros como derechos humanos, ambientales y contra abusos de autoridad. Anaya la calificó de «regresiva y autoritaria», mientras Añorve advirtió sobre un «fast-track» que ignora la sociedad civil.
Expertos en derecho, como el ministro en retiro Javier Laynez Potisek, expresaron que la reforma podría «encender la alarma» al priorizar el poder estatal sobre el individual, erosionando garantías constitucionales. Organizaciones como Coparmex han cuestionado indirectamente la iniciativa, vinculándola a tensiones con la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
