Ciudad de México.- El jueves 18, en medio de una escalada de tensiones por denuncias de corrupción en la Marina Armada de México —incluyendo un presunto esquema de «huachicol fiscal» operado por elementos de la institución—, el Senado de la República, con la mayoría de Morena, PT y PVEM, aprobó un acuerdo para retirar la presidencia de la Comisión de Marina al senador priista Alejandro «Alito» Moreno Cárdenas y asignársela al morenista Carlos Lomelí Bolaños. Esta decisión, justificada por Morena como un ajuste por proporcionalidad parlamentaria, fue calificada por el PRI como un acto de «revanchismo político» y autoritarismo, en represalia por las críticas de Moreno a presuntos nexos entre el gobierno federal y el crimen organizado.
La remoción se formalizó durante la sesión ordinaria del Senado, presidida por la morenista Laura Itzel Castillo. La presidenta de la Mesa Directiva anunció el acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), fechado ese mismo día y publicado en la Gaceta Parlamentaria, que entró en vigor de inmediato tras su aprobación a mano alzada por el Pleno. El documento establece que, considerando «la pluralidad representada en la Cámara y el criterio de proporcionalidad entre los Grupos Parlamentarios», Carlos Lomelí Bolaños causa alta como presidente de la Comisión de Marina, sustituyendo a Moreno Cárdenas.
Lomelí, senador por Jalisco y ex candidato a gobernador de ese estado en 2021, agradeció el respaldo de su bancada y lo interpretó como un «reconocimiento al pueblo de Jalisco». Comprometió impulsar políticas de «justicia social» para marinos, pescadores y comunidades costeras, enfatizando las responsabilidades de la comisión: ratificar nombramientos en la Armada, autorizar ascensos en las Fuerzas Armadas y avalar el tránsito de tropas extranjeras por territorio nacional.
Esta comisión es clave en un contexto de creciente escrutinio a la Marina, que bajo el gobierno de la 4T ha asumido roles como la Guardia Nacional y la administración de puertos, pero enfrenta acusaciones de corrupción.
La salida de Néstor Camarillo y la proporcionalidad
El detonante formal fue la renuncia del senador Néstor Camarillo Hernández a la bancada del PRI el 17 de septiembre, para sumarse a Movimiento Ciudadano (MC). Camarillo, ex legislador por Nuevo León, argumentó desacuerdos ideológicos con la dirigencia priista. Esta deserción redujo la bancada del PRI de 15 a 13 integrantes, alterando la proporcionalidad en el Senado (donde Morena y aliados suman 85 de 128 escaños).
Adán Augusto López Hernández, presidente de la Jucopo y ex gobernador de Tabasco, defendió la decisión como un ajuste técnico: «El grupo parlamentario del PRI pierde una presidencia de mesa directiva en virtud de que cambió la proporcionalidad… era 15, ¿y ahorita cuántos quedan? 13». Negó cualquier motivación política, recordando que el PRI también perdió una vicepresidencia en la Mesa Directiva por el mismo motivo. La Jucopo, dominada por Morena (con PT y PVEM), discutió el tema en sesión privada, priorizando la «austeridad» legislativa y la redistribución de espacios.
Sin embargo, el PRI cuestiona la validez del argumento: sostienen que siguen siendo la tercera fuerza por votos obtenidos en 2024 (superando a MC en algunos rubros), y acusan a Morena de excederse en comisiones (Morena tiene una extra, PT dos y MC una), violando el Reglamento del Senado.
Alejandro Moreno Cárdenas, líder nacional del PRI y senador por Campeche, rechazó la explicación de proporcionalidad en conferencia de prensa posterior a la sesión. «Es no sólo una revancha política, es mostrar la cara del autoritarismo… Este no es un tema de proporcionalidad o de espacio, sino político, porque les duele que los opositores señalemos lo que está ocurriendo en el país». Acusó directamente a Adán Augusto López de ser un «narcosenador» por presuntamente proteger al cártel de Villahermosa durante su gubernatura (2019-2023), citando el caso de Hernán Bermúdez («El Mijis»), un líder criminal supuestamente infiltrado en la policía estatal que habría ordenado asesinatos de mujeres y hombres en Tabasco.
Moreno, quien ha sido vocal en denuncias contra Morena por corrupción —incluyendo el «huachicol fiscal» en Pemex y presuntos lazos con el crimen en Tabasco—, anunció una gira internacional para exponer un «narco gobierno terrorista» en foros y gobiernos extranjeros. «No nos van a doblar… Vamos a seguir denunciando», enfatizó, advirtiendo que su posición opositora no cambiará «con una presidencia de una comisión o no».
El coordinador priista Manuel Añorve Baños (Guerrero) respaldó la narrativa: «Este es un acto de venganza planeada por el ardor… Hemos denunciado el huachicol fiscal que nace con el cártel de Tabasco y que lo genera el cártel de Andrés Manuel López Obrador». Añorve lo calificó de «albazo» (maniobra irregular) para silenciar a Moreno, una «voz opositora clara». Otros priistas, como Rolando Zapata Bello (Yucatán) y Rubén Moreira (Coahuila), sumaron críticas, llamándolo un «acto visceral que no mide consecuencias».
Adán Augusto contraatacó en la sesión, tildando a Moreno de «enamorado de proteger a los delincuentes», aludiendo a escándalos pasados del PRI como el «videoescándalo» de Javier Duarte en Veracruz.
El momento de la remoción coincide con una investigación federal de la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de la Función Pública (SFP) sobre un presunto esquema de robo de combustible fiscalizado (huachicol) operado por al menos 20 elementos de la Marina en instalaciones de Pemex en la costa del Golfo. La pesquisa involucra a mandos medios de la Secretaría de Marina (Semar) que supuestamente facilitaban el desvío de diésel y gasolina para venta en el mercado negro, generando pérdidas millonarias al erario.
Moreno, desde la Comisión de Marina, había impulsado requerimientos de información a la Semar sobre estos casos, exigiendo transparencia. El PRI vincula el cambio con un intento de Morena por «blindar» a la institución, alineada con la 4T, ante el escrutinio opositor. Analistas ven esto como parte de una estrategia más amplia de control legislativo, similar a ajustes previos en comisiones de Seguridad y Energía.
