Ciudad de México.- La reciente clausura de un salón de belleza clandestino en el segundo piso del Senado de la República ha movilizado a diversos voceros parlamentarios, quienes ofrecen versiones opuestas sobre la responsabilidad y legalidad del establecimiento. Personal de la Dirección General de Resguardo Parlamentario ejecutó la colocación de sellos el 4 de febrero de 2026, tras una denuncia mediática que exhibió servicios de estilismo operando sin logotipos oficiales.
Laura Itzel Castillo Juárez, presidenta de la Mesa Directiva del Senado, ha sido una de las voces principales tras la medida administrativa. Bajo su gestión se ordenó la clausura inmediata mientras la Contraloría Interna determina si el espacio utilizaba recursos públicos o personal con plaza oficial en la Cámara Alta. La senadora Castillo Juárez ha enfatizado que el recinto debe regirse por los principios de transparencia establecidos para la presente legislatura.
Por parte del grupo parlamentario de Morena, la senadora Andrea Chávez, quien fue señalada inicialmente como presunta impulsora del lugar, fungió como su propia vocera para deslindarse de los hechos. A través de sus redes sociales, calificó los señalamientos de mentirosos, asegurando que ella no utiliza servicios de belleza dentro del edificio legislativo. No obstante, el coordinador de la bancada mayoritaria, Adán Augusto López Hernández, no ha emitido un comunicado oficial sobre si hubo anuencia previa para este espacio.
Desde la oposición, diversos legisladores han actuado como voceros de la denuncia, exigiendo que la Contraloría identifique si los estilistas percibían salarios bajo el concepto de asesorías. Recordaron que desde 2018, por acuerdo de la Junta de Coordinación Política entonces presidida por Ricardo Monreal, estos servicios de privilegio habían sido formalmente eliminados como parte del programa de austeridad republicana.
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